La Policía "extrae" a la madre que había ocupado con sus hijos un consultorio en Sancti Spíritus

La Habana/Cuatro meses estuvo una madre con sus hijos ocupando ilegalmente un consultorio 31-32 de la calle Cadena, en Sancti Spíritus, antes de que esta semana fuera “extraída por fuerzas del orden”. La frase, elocuente y cruda sobre el proceder de la Policía, es de Escambray. No obstante, el diario oficial enseguida suaviza la narración de lo que, asegura, fue un operativo “tranquilo”. 

El periódico –que reportó el caso en marzo– se congratula por haber cubierto la operación “lejos de las cámaras” de la prensa independiente, empeñada en “distorsionar verdades” desde que se denunció la ocupación del local. Y asegura que tanto los niños como la madre usurpadora volvieron a su vivienda en Las Yayas, un casa que obtuvieron a cambio de “negociar” un “domicilio confortable” que le había entregado el Estado años atrás.

Escambray insiste en el tono celebratorio, y resalta una y otra vez los “daños” y el “desorden” que dejó en el consultorio la ocupación, con la que desaparecieron varios expedientes médicos. “Fue preciso desplegar, durante varios días, acciones de acondicionamiento”, explica, una tarea a la que se sumaron los vecinos, a quienes describe como los verdaderos héroes del episodio. 

“Los mismos vecinos que se movilizaron para el reclamo del inmueble y presentaron su demanda ante las estructuras del Gobierno y el Partido —acto que resultó factor fundamental para proyectar la acción de extracción, según Jaile Rabelo Orellana, intendente municipal—, se encargaron de dar la bienvenida a las trabajadoras de Salud”, recalca.

"No todo está en orden aún y hasta el cartel identificativo de la entrada aguarda por su reposición", dice el periódico

“No todo está en orden aún y hasta el cartel identificativo de la entrada aguarda por su reposición”, dice el periódico, que aplaude su papel en la denuncia de la ocupación, “pero la alegría reina en el barrio: al menos una buena noticia en medio de días de muchas dificultades”.

Escandalizado por la “toma” del consultorio el 11 de marzo, el pasado abril Escambray publicó un reportaje en el que admitía que otros siete de estos locales de la provincia estaban “usurpados”. Entonces, como ahora, su crítica fue descarnada. Con sus testimonios presentados bajo el despectivo título de Al habla con las ilegales, dos de las madres ocupantes de locales sanitarios aseguraron al medio que no habían recibido ninguna ayuda material, y una incluso fue amenazada con quitarle una pensión si no desocupaba el consultorio en el que se había instalado.

Las mujeres forman parte de un grupo de más de 400 madres que esperan la entrega de una vivienda por parte del Estado en el territorio. No obstante, las historias de varias de ellas sirvieron para respaldar el argumento del periódico: una amenazó con incendiar el consultorio y otras dos han vendido las viviendas que le han sido entregadas por el Estado. 

En esa ocasión, las autoridades confirmaron que la ocupación ilegal es una tendencia en alza desde al menos 2019, lo que obligó al Gobierno a crear una ley para sancionar no solo a quienes usurpaban locales con fuerza y amenazas –algo que ya se consideraba un delito–, sino cualquier tipo de ocupación ilegal.

Dentro de ese escenario, “los consultorios son la mayor tendencia y, a la vez, lo más grave, porque hay una afectación en aquellos que están prestando servicios. Cada uno tiene un promedio de mil y tantos pacientes”, dijo un directivo de Salud Pública.

"Los consultorios son la mayor tendencia y, a la vez, lo más grave, porque hay una afectación en aquellos que están prestando servicios"

El diario no tuvo reparos en establecer vínculos entre los casos, como si se tratara de una red criminal: “Se avisan mutuamente (hay lazos incluso consanguíneos entre algunos). Invaden, entre otras propiedades ajenas, estructuras de Atención Primaria de Salud y se radican en ellas, generalmente de noche y durante la ausencia de fluido eléctrico. Más de uno, o una, pues son como regla mujeres con varios niños a cargo, ha ‘permutado’ el local usurpado por otro en la misma condición”.

En Sancti Spíritus hace más de tres años que no se construye un edificio, según datos de las propias autoridades, y en todos los testimonios recopilados por Escambray las madres denunciaron el “peloteo” del Gobierno, que demora años en entregarles una vivienda. Aún así, el mensaje de la prensa oficial y de los dirigentes locales quedó claro: “No vamos a premiar este tipo de conductas con una vivienda”.