Preocupación en el sector privado por los topes energéticos impuestos por el Estado

Madrid/Las 470.000 entidades privadas –incluyendo empresas, cuentapropistas y cooperativas– que hay actualmente en Cuba, deberán someterse al plan mensual de ahorro energético que determine el Estado. De ellas, 110.089 ya han sido notificadas oficialmente del consumo que tienen permitido realizar y, aunque las autoridades afirman que la mayoría se muestran dispuestas a cooperar sin problemas, admiten también que hay preocupación por si las limitaciones son “tan rígidas” que afectan a su capacidad productiva. 

La medida supone la extensión, a lo largo del último trimestre de 2025, del plan anunciado a finales de 2024 para el ahorro eléctrico bajo el decreto 110. Aquella norma determinaba que era necesario realizar un control y uso eficiente del sistema energético nacional por ser este un recurso limitado y muy subsidiado en Cuba. Las condiciones más duras a cumplir estaban destinadas a los altos consumidores – igual o mayor a 30 MWh o 50.000 litros de combustible–, a quienes el plan de ahorro se les aplicaría de inmediato y que debían tener listo un sistema de autoconsumo que cubriera el 50% de sus necesidades para 2028 (o de manera inmediata en el caso de las empresas de nueva creación). 

En los últimos meses, los topes de consumo son para todos los actores económicos sin excepción, explica en una entrevista a Cubadebate Welner Collejo Jerez, director adjunto de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure). La medida se toma, puntualiza, “bajo el principio socialista de consumir solo lo necesario para la producción y los servicios”.

El cálculo hasta ahora ha sido, inicialmente, sencillo, ya que consistió en tener como límite igual consumo que se hizo el mismo mes del año anterior. La excepción ha sido para La Habana y Varadero, que deben ajustarse a un 15% menos “debido a que en este año el nivel de afectación en ambos lugares no fue tan significativo como en el resto de las provincias”.

Collejo recuerda que una manera de aumentar el potencial consumo es el autoabastecimiento, preferentemente con paneles solares

En todo caso, el funcionario afirma que “el proceso de solicitud, aprobación y asignación del plan es un proceso flexible" y que, puesto que cada territorio tiene unas actividades priorizadas, puede y debe revisar la asignación en función de las necesidades del municipio. Además, Collejo recuerda que una manera de aumentar el potencial consumo es el autoabastecimiento, preferentemente con paneles solares, que no requieren del escaso combustible disponible en el país.

En las visitas que se han estado realizando a casi 340.000 privados para establecer los topes, los técnicos de la Onure hallaron que algunos de ellos –sin saber que les iba a afectar la medida– habían cambiado sus condiciones respecto al año precedente, por aumento de personal o de equipos con mayor consumo. En estos casos, dijo, se está adaptando el plan a sus nuevas circunstancias. 

“Este, aunque es un proceso flexible, siempre se parte de una planificación y un control diario de los niveles de consumo, con lo cual permitirá prever y alertar a los consejos energéticos municipales sobre el cumplimiento del plan”, dijo. Las propias empresas deben realizar una autolectura diaria que se coteja con la facturación de la empresa eléctrica al cierre del mes y las sanciones previstas para quienes rebasen el tope son las previstas en el decreto 110, que van desde “la divulgación de las malas prácticas, la identificación de entidades incumplidoras o donde se cometen violaciones, la notificación preventiva, la multa y la suspensión de la licencia”.

Collejo insistió, en todo caso, en que se acompañará con formación e información a los afectados, así como con el fomento de la adquisición de paneles a través de créditos, algo que a fecha de hoy no parece estar funcionando muy bien, como ha asegurado la propia prensa oficial en más de una ocasión y en lo que abunda esta misma nota. 

Su empresa ha tenido que modificar los turnos de trabajo y pasarlos a la noche y madrugada, cuando el fluido eléctrico es más estable

“La experiencia hasta este momento es que los actores económicos no estatales tienen absoluta conciencia de la situación y, en consecuencia con ella, mantienen un comportamiento alineado con las medidas adoptadas”, dice el funcionario. Pero Cubadebate ha salido a hablar con algunos de los empresarios sometidos al tope y el ánimo no es tan alegre. 

Anabell Meléndez, directora de la mipyme de productos lácteos Delola, ya empieza a reconocer que las indicaciones de Miguel Díaz-Canel de aportar con la producción a los encargos sociales del país “chocan con la realidad”. “Nosotros prácticamente no tenemos corriente”, confirma. Su empresa ha tenido que modificar los turnos de trabajo y pasarlos a la noche y madrugada, cuando el fluido eléctrico es más estable. 

“La semana pasada, la caída parcial del SEN [sistema eléctrico nacional] provocó la pérdida de mil litros de leche en proceso de maduración. Se perdieron. No pudimos recuperarlos porque no tenemos respaldo energético”, lamenta. El intento de instalar renovables para cambiar la situación está siendo infructuoso, se queja además. “Me dicen que para pedir un crédito hay que tener un proyecto avalado por una empresa certificada en el país para hacer proyectos de lending. Después tienen que certificar ese proyecto y recién entonces podemos ir al banco”, describe.

Además, en su caso ha tenido que desmontar toda la maquinaria que encontró en la fábrica al llegar, que hacía cerámica blanca y tenía consideración de alta consumidora. Delola solo gasta el 30% que su antecesora, pero la Onure aún no le ha asignado un nuevo tope y teme que sea bajo. “Necesitamos ocho horas de corriente, con el equipamiento a un tercio de su capacidad. Si no, no podemos sostener la producción. Si nos reducen mucho ese consumo, va a ser muy difícil producir”.

"Cualquier corte de electricidad daña la calidad del producto y frena el proceso"

Aunque su futuro pasa, considera, por la instalación de paneles, no ve la hora de que le autoricen los 80 millones de pesos que necesita para instalar 120.000 kilovatios. 

Otros consultados por Cubadebate están más tranquilos, como una mipyme que repara maquinaria en el municipio de Cotorro o el propietario de una tienda, bar y ranchón en Boyeros que, aunque ha tenido que reducir su consumo en refrigeración, cree que el esfuerzo es necesario. 

Sin embargo, una comercial de Confecciones Entaya, en Camajuaní (Villa Clara), cuenta que han tenido que hacerse con grupos electrógenos que operan durante toda la jornada, por lo que están implicados en “avanzar en el proceso para la importación de combustible”, además de adquirir paneles de energía solar.  

Más molesto se percibe a Jorge Félix Peraza Noriega, de la muy promocionada empresa de alimentos Jolyni, aliada con una estatal en cuya fábrica trabaja, pero que no se libra de los apagones. “Cualquier corte de electricidad daña la calidad del producto y frena el proceso. Después, si no tenemos diésel para los grupos electrógenos, la producción se detiene por completo. La falta de energía y de combustible para producir alimentos trae efectos negativos. Lo único que se consigue es tener que importar más comida y que el país gaste más”.