Una propuesta polémica de Harvard: la transición en Cuba debe incluir al Gobierno actual

La Habana/Después de casi veinte páginas describiendo un país arruinado por el autoritarismo, la represión, la ineficiencia y décadas de decisiones económicas desastrosas, el Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba llega a una conclusión que incomodará a más de uno: para salir del agujero hará falta contar también con quienes gobiernan actualmente la Isla. 

Esa es probablemente la idea más provocadora de un texto que, en buena parte, recorre un paisaje conocido para cualquier cubano: apagones, hambre, éxodo, hospitales sin recursos, escuelas sin profesores y ciudades en ruinas. Pero el grupo –integrado, entre otros, por Tania Bruguera, Manuel Cuesta Morúa, Omar Everleny, Rafael Rojas, Julio Antonio Fernández Estrada y el ex diplomático estadounidense Jeffrey DeLaurentis– intenta ir más allá del diagnóstico y dibuja una secuencia política concreta.

El primer paso sería una amnistía general e incondicional para los presos políticos. A continuación, La Habana debería descriminalizar formas de protesta y expresión protegidas incluso por la Constitución vigente, derogar los decretos leyes 349, 370 y 35 y eliminar prácticas extralegales como la de los “regulados”, ciudadanos a los que se impide salir o regresar al país por decisión administrativa.

Más adelante llegaría una nueva Asamblea Constituyente, encargada de sentar las bases de un sistema democrático y plural y de una “economía social de mercado” con distintas formas de propiedad, incluida la privada

Washington, según el esquema, tendría entonces que responder “de manera inmediata, positiva y contundente”, empezando por eliminar las sanciones que afectan el suministro de combustible y aportando recursos para estabilizar la economía. Más adelante llegaría una nueva Asamblea Constituyente, encargada de sentar las bases de un sistema democrático y plural y de una “economía social de mercado” con distintas formas de propiedad, incluida la privada.

El planteamiento tiene un flanco polémico evidente. Parte de la premisa de que quienes han cerrado durante décadas cualquier posibilidad de alternancia pueden convertirse ahora en agentes de apertura, al estilo Delcy Rodríguez. El informe reconoce, al mismo tiempo, que la represión ha encarcelado, expulsado o empujado al exilio a buena parte de los actores que habrían podido funcionar como interlocutores de una transición. “El vaciamiento de la Isla no es solo demográfico”, concluye tras describir una sociedad civil independiente debilitada y una oposición insuficientemente articulada.

El documento cuestiona la extrema opacidad de las actuales conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y señala la participación de figuras que aparecen como representantes del país sin ostentar funciones gubernamentales claras. Cita expresamente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, de quien recuerda que no ocupa ningún cargo oficial conocido y a quien vincula con Gaesa. El conglomerado militar es descrito como un “Estado dentro del Estado”, con cuentas alejadas del escrutinio público y del control efectivo de la Asamblea Nacional.

Plantea además movilizar la filantropía privada para sostener hospitales, universidades, escuelas, museos y bibliotecas

El informe tampoco ahorra responsabilidades al Gobierno. Atribuye la bancarrota económica a décadas de ineficiencia, malas políticas e inversiones erradas. Entre 2014 y 2024, el turismo recibió entre el 25% y el 50% de la inversión total del país. Solo en 2024, la inversión turística fue 14 veces superior a la agropecuaria y 11 veces mayor que la destinada a salud, asistencia social y educación, pese a que la ocupación hotelera apenas alcanzaba el 23%.

También propone medidas como la incorporación al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y la CAF, liberalización del régimen de tierras, inversión de la diáspora, resolución transparente de las reclamaciones por propiedades confiscadas e incluso la derogación de la Ley Helms-Burton. Plantea además movilizar la filantropía privada para sostener hospitales, universidades, escuelas, museos y bibliotecas.

El informe deja el lenguaje académico y califica las políticas de Trump de “explícitamente imperiales”

El documento procura mantener un equilibrio incómodo entre La Habana y Washington. Culpa al sistema cubano de la crisis estructural, pero sostiene que las sanciones estadounidenses han agravado considerablemente sus efectos sobre la población. Incluso califica de “contrasentido” que Estados Unidos ofrezca hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria mientras aplica medidas que, según sus autores, contribuyen a la emergencia que pretende aliviar.

Es justamente al hablar de Donald Trump donde ese empeño por la equidistancia pierde por momentos la mesura. El informe deja el lenguaje académico y califica las políticas de su Administración de “explícitamente imperiales”. La dureza contrasta con el tono mucho más clínico empleado al describir seis décadas de autoritarismo en Cuba.

Aun así, esa contradicción no resta interés a la propuesta central. Frente a los habituales informes que enumeran calamidades y terminan donde empezaron, este pone sobre la mesa una pregunta mucho más incómoda: si Cuba necesita una transición, ¿puede hacerse contra quienes todavía controlan todos los resortes del Estado o habrá que hacerla, al menos al principio, también con ellos?