El régimen cubano sigue en su empeño de reformar la economía sin hacer cambios políticos

La Habana/El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, informó que del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno en junio, actualmente se implementa el 89% (158) con 197 normas de respaldo jurídico, según reportaron este domingo los medios oficialistas cubanos.

Esas medidas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, en medio de la profunda policrisis que atraviesa la Isla desde hace décadas, atribuida tanto a factores internos como externos. El paquete de reformas ha sido criticado por economistas independientes, entre ellos el experto residente en España Pedro Monreal, quien sostiene que, sin reformas políticas, difícilmente las económicas serán efectivas.

“Las 176 medidas parten de una base estatal que permanece esencialmente intacta”, ha apuntado Monreal. “Si conserva el control sobre licencias, divisas e insumos, la empresa estatal no compite: raciona. El sector no estatal puede estar autorizado y seguir subordinado. Ceder la gestión de activos públicos sin modificar la base patrimonial, la capacidad residual de decisión ni las reglas de acceso tampoco crea paridad, sino tutela sobre el patrimonio estatal”.

“Si conserva el control sobre licencias, divisas e insumos, la empresa estatal no compite: raciona"

Este domingo, al concluir un entrenamiento sobre las reformas con los presidentes de Grupos Empresariales estatales y de Juntas de Gobierno, el primer ministro cubano declaró que “ya se aprecian cambios que impulsarán las capacidades productivas y con ello habrá más oferta, lo que en adelante debe contribuir a la disminución, poco a poco, de los precios, y a contener la inflación que tanto daño hace”.

Sobre las reformas, Marrero resaltó que tienen el objetivo de que la empresa estatal sea “más ágil, eficiente y articulada” con el resto de la economía e insistió en “aprovechar las oportunidades” contenidas en el Decreto Ley 114, que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales, con el fin de “incrementar la producción de bienes y servicios, sustituir importaciones, aprovechar las capacidades productivas disponibles, elevar la competitividad empresarial y generar empleos”.

El jefe de Gobierno señaló también que transformar la empresa estatal en sociedad mercantil “por acciones o participaciones no es sinónimo de privatización”. En ese sentido indicó que se busca “separar la propiedad y la gestión, atraer capital privado, nacional o extranjero y mejorar la eficiencia, la competitividad y las exportaciones”.

El paquete de 176 reformas económicas y sociales en marcha, agrupadas en 23 ejes temáticos, se enfocan, entre otros aspectos, en la descentralización a nivel municipal de una serie de competencias, entre ellas, la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria, financiera, tributaria local, ambiental y enfrentamiento al cambio climático, de proyectos, del conocimiento y la capacitación. Además, contempla cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera, y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera.

“Articular una economía no es autorizar la coexistencia, sino crear interdependencia entre actores bajo reglas comunes de acceso, contratación, riesgo y decisión"

Las críticas de Monreal, por su parte, se dirigen a que se necesitaría un modelo económico que articule, no solo “que permita”. “Articular una economía no es autorizar la coexistencia, sino crear interdependencia entre actores bajo reglas comunes de acceso, contratación, riesgo y decisión. Ahí radica la principal falla. Flexibilizar un anexo de actividades o conceder permisos de forma unilateral facilita la entrada, pero no genera encadenamientos”, señala el economista.

El experto ha centrado también sus críticas en el mentado punto 17, en el que ve “el ‘capitalismo de amiguetes’ de la transición rusa”. “Con un Estado de derecho inexistente, la privatización acelerada de empresas estatales sin salvaguardas legales robustas suele terminar en la captura de activos estatales por parte de insiders bien conectados con el poder. Una cosa lleva a la otra. Sin escalas”.

Estas reformas han llegado en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la Isla se ha contraído un 15%, según cifras oficiales. La situación se ha agravado desde enero, cuando EE UU comenzó a aplicar una política de “máxima presión” sobre Cuba con un bloqueo petrolero y una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos de parte del régimen.