Un tribunal cubano confirma seis años de cárcel para José Gabriel Barrenechea por protestar durante un apagón

Madrid/Cuatro meses después de la celebración del juicio oral, el Tribunal Provincial de Villa Clara ha dictado sentencia para el intelectual y periodista independiente José Gabriel Barrenechea. La sala ha confirmado los seis años de prisión que pedía la Fiscalía para el colaborador de 14ymedio, al que considera culpable de los delitos de desórdenes públicos por su participación en una protesta pacífica por los apagones en noviembre de 2024 en el poblado de Encrucijada, Villa Clara.

En la sentencia, con fecha del 15 de enero y a la que tuvo acceso este diario, se condena también a Yandri Torres Quintana a ocho años de cárcel –la pena más elevada–, a Rafael Javier Camacho Herrera, a siete; Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, a cinco: y a Yuniesky Lorences Domínguez, a tres. Todos ellos, como Barrenechea, por el mismo único delito de desórdenes públicos, y con las habituales sanciones adicionales de pérdida de derechos de sufragio y salida del territorio nacional, principalmente.

El tribunal, de la sala de delitos contra la seguridad del Estado, considera probado que los cinco acusados salieron a la calle el 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada durante un apagón que “se extendía a casi todas las provincias del país dada la grave situación energética por la que se estaba atravesando el país, producto no solo del bloqueo económico que los EE UU nos tiene impuesto, sino también por los daños ocasionados tras el paso del huracán Rafael”. 

El texto concluye que todos los acusados llegaron al lugar de la protesta “cada uno por su cuenta”, uniéndose a un grupo de unas 300 personas que “comenzaron a vociferar que querían corriente”

El texto concluye que todos los acusados llegaron al lugar de la protesta –que se desarrolló ante las sedes del Partido y la Asamblea Municipal del Poder Popular – “cada uno por su cuenta”, uniéndose a un grupo de unas 300 personas que “comenzaron a vociferar que querían corriente”. Barrenechea es señalado específicamente porque “incitaba a las demás personas a que se unieran a la marcha, no abandonaran el lugar y continuaran reclamando sus derechos”.

Los acusados comenzaron –según refleja el relato de los hechos– a tocar “calderos y otros objetos “de igual tipo pero de material de acero inoxidable, los que golpeaban incesantemente con gran fuerza contra otros objetos metálicos como cucharas y trocitos de cabilla produciendo con ello gran ruido y algarabía”. Según el tribunal, esto “perturbó la tranquilidad pueblerina”, a lo que suma como agravante que los acusados entorpecieron el tránsito al caminar por el centro de la vía. 

El documento continúa afirmando que a pesar de que las máximas autoridades en el municipio trataban de comunicar la situación en que se encontraba el sistema electro energético nacional y que ya se estaba restituyendo el servicio eléctrico”, varios de los acusados continuaron “perturbando con el toque de los artefactos” e impidiendo que la población escuchara la información que los funcionarios le proporcionaban de viva voz. Considera, el tribunal, que prevaleció en ellos “la intención de desestabilizar el orden cívico e inseguridad entre la población” y que tales hechos merecen las largas penas de prisión finalmente impuestas. 

Como es habitual, la sentencia también hace consideraciones sobre la conducta o relaciones de los acusados, considerando particularmente de Barrenechea que “se relacionaba con personas de mala moralidad y conducta social” y “no tenía vínculo laboral reconocido”, ya que el escritor y periodista trabajaba de manera independiente. 

También señala las relaciones personales de Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, a quien además acusa de ingerir “bebidas alcohólicas con gran frecuencia”, valora positivamente a uno de los acusados por participar “en actividades convocadas por las organizaciones de masas” y reserva la menor pena para el imputado que “laboró 15 años ininterrumpidos en el Ministerio del Interior”, donde destacó, recibiendo “distinciones y reconocimientos”. 

La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque los familiares no han avanzado qué prevén hacer ante un panorama tan sombrío. 

La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque los familiares no han avanzado qué prevén hacer ante un panorama tan sombrío

A José Gabriel Barrenechea le esperan, por el momento, casi cinco años de cárcel, descontado el año y dos meses que lleva en prisión provisional. Allí ha sufrido las habituales malas condiciones de las cárceles cubanas, incluyendo limitaciones de visitas, obstáculos para recibir medicinas y alimentos, y un aislamiento que ha tenido repercusiones en su salud.

Además, el periodista tuvo que sufrir un hecho especialmente doloroso en su estancia en el centro penitenciario La Pendiente: la pérdida de su madre –que falleció de cáncer en mayo de 2025– sin que se le permitiera despedirse de ella. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, calificó la decisión de las autoridades penitenciarias como parte de un patrón de “presión psicológica sistemática” con el que las autoridades buscan quebrar al acusado y enviar un mensaje de advertencia a otros intelectuales y activistas. La organización había pedido en varias ocasiones que Barrenechea y sus compañeros de expediente fueran absueltos: “Es un caso político de principio a fin”. 

En similar sentido se había pronunciado la investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, que dijo sobre este caso: "La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos".

Este jueves, Prisoners Defenders –también con sede en Madrid– cifró en 1.197 el total de presos por motivos políticos en Cuba al cierre de 2025, cinco más que en noviembre. La organización añadió diez nombres a su listado de presos por motivos políticos, mientras que otros cinco salieron tras “cumplir íntegramente sus condenas”.

En el conjunto de 2025, su registro sumó un total de 134 nuevos presos, con un promedio de más de 11 cada mes.