Con la legalización de las empresas mixtas entre el sector privado y el Estado, el régimen busca captar eficiencia

Madrid/“Con la nueva norma de sociedades mercantiles mixtas, la venta del combustible importado por el sector privado podría encontrar una salida”. Es la conclusión de Daniel Torralba, economista y analista de la consultora Auge, tras conocerse este martes la aprobación de los nuevos decretos que regulan la asociación de empresas estatales y privadas en Cuba. El anuncio abre la puerta a múltiples posibilidades, con sus pros y contras, aunque la desconfianza hacia las intenciones del Gobierno domina en los comentarios.

El decreto-ley 114/2025 permite esencialmente dos tipos de asociación, las Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) mixtas y la suscripción de contratos de asociación económica, aunque también regula las adquisiciones –de participaciones de la privada por parte de la estatal– y las absorciones. Las empresas deben presentar un estudio de viabilidad en el que quede acreditada su capacidad para autofinanciarse y generar utilidades, además de alinearse con la estrategia de desarrollo territorial que corresponda. 

Si recibe luz verde del Ministerio de Economía y Planificación, tendrá autonomía para gestionar su patrimonio, exportar e importar directamente, definir sus precios y determinar su estructura y plantilla de trabajadores. Al contrario que con las mipymes y el trabajo por cuenta propia, todas las actividades están permitidas, con la única excepción de Salud, Educación y Fuerzas Armadas (salvo en algunas de sus actividades puramente empresariales).

“El sector privado podría invertir en disímiles nuevos mercados restringidos hasta ahora, con la condición de hacerlo conjuntamente con el Estado cubano. Uno de estos mercados sería la venta de combustibles”

“El sector privado podría invertir en disímiles nuevos mercados restringidos hasta ahora, con la condición de hacerlo conjuntamente con el Estado cubano. Uno de estos mercados sería la venta de combustibles”, señala Torralba en un post de Facebook al que titula ¿Cupets mixtos?. “Si bien una mipyme privada o una cooperativa no pueden comercializar gasolina o diésel por sí mismas, la venta tendría salida si se realiza a través de una sociedad de responsabilidad limitada mixta. Por ejemplo, una (o varias) hipotéticas empresas mixtas entre Cupet y mipymes privadas”, razona. 

Aunque el economista –residente en Londres– admite que no está claro si EE UU, que ha autorizado la venta a privados, permitiría que eso ocurra si la empresa es mixta, considera que “lo importante es que la barrera interna se eliminaría. Habría que confirmar si el Estado cubano estaría de acuerdo con la inversión mixta en esta parte del sector energético, pero en principio el decreto-ley lo ampara”.

Torralba añade que hará falta un análisis más profundo y quedan muchas preguntas por responder, pero varios usuarios coinciden con él en que el resquicio se ha abierto y, puesto que no va a pasar desapercibido a la Administración de Trump, es lícito pensar si incluso la medida podría haberse evaluado en unas nunca confirmadas negociaciones con Washington.  

Teresita López Joy, también vinculada a Auge, ha analizado en el blog de la consultora los pros y contras de una ley que a su juicio abre una oportunidad “pero está condicionada”. La economista advierte de que “la clave del éxito en 2026 no estará en quién se asocia más rápido, sino en quién logra estructurar alianzas que salvaguarden la autonomía del negocio privado mientras aprovechan las capacidades del sector estatal”. La especialista avisa de que antes de lanzarse al intento de este tipo de negocios, hay que considerar “no solo si la ley lo permite, sino si el entorno económico y geopolítico actual lo recomienda”.

López Joy diferencia entre los dos tipos de asociación. La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Mixta la define como un “matrimonio legal”, dos personalidades y patrimonios se fusionan para dar lugar a un tercero que hereda derechos y obligaciones preexistentes. La unión es, por tanto, más fuerte y compleja de disolver.

El Contrato de Asociación Económica es “una figura mucho más ágil que no genera una nueva personalidad jurídica. Las partes mantienen su independencia legal, pero se unen bajo un objeto común por un tiempo determinado"

En cambio, el Contrato de Asociación Económica es “una figura mucho más ágil que no genera una nueva personalidad jurídica. Las partes mantienen su independencia legal, pero se unen bajo un objeto común por un tiempo determinado, pudiendo incluso gestionar un fondo común sin constituir capital social”. Su conclusión es que la flexibilidad de esta última “podría ser, paradójicamente, la vía más robusta para construir un sector privado sostenible en la Cuba de hoy”. 

Uno de los grandes contras de la normativa es, señala, el proceso burocrático. Los plazos son largos (pueden llegar hasta los 110 días, aunque teóricamente en 40 debe quedar resuelto) y el aval introduce “un filtro político-administrativo adicional”. Entre los pros, para el empresario está la opción de acceder a la importación y exportación directa, así como a sectores antes vedados, mientras para el sector estatal, “el interés parece orientarse a la captura de eficiencia” y agilidad. 

“Ningún análisis de esta norma en 2026 estaría completo sin abordar el elefante que permanece en la habitación: el bloqueo y su refuerzo reciente”, advierte, y coincide aquí con la opinión de su colega Torralba. Mientras una mixta “hereda la ‘característica’ estatal”, el Contrato de Asociación Económica “ofrece un blindaje relativo”, opina. “Al no crear una persona jurídica nueva, la empresa privada mantiene su identidad legal separada, lo que podría facilitar la argumentación ante socios internacionales de que ciertas operaciones no implican un vínculo directo con el sector estatal cubano”, considera. 

Yulieta Hernández Díaz, presidenta en Grupo de Construcciones Pilares, es más escéptica con la norma y aunque ve en ella visos de una transformación económica a la asiática, cree que podrían quedar en el olvido los cambios políticos. La emprendedora, residente en La Habana, cree que Miguel Díaz-Canel por fin se ha tomado en serio las reformas económicas, pero no ve visos de “las transformaciones estructurales que se necesitan”.

La emprendedora, residente en La Habana, cree que Miguel Díaz-Canel por fin se ha tomado en serio las reformas económicas, pero no ve visos de “las transformaciones estructurales que se necesitan”

“Me preocupa que las reformas hoy promovidas, tanto por sectores de la Administración estadounidense —que enfocan su retórica en aperturas económicas— como por la propia dirigencia cubana, sean interpretadas como un cambio estructural real cuando, en esencia, podrían no implicar una apertura significativa”, dice, y pide que haya pasos hacia la democratización, comenzando por la liberación de los presos políticos. 

El economista Pedro Monreal, por su parte, ha dejado tres breves mensajes en su cuenta de X tras “una lectura rápida”. “Desde una perspectiva a nivel de modelo, es un mecanismo de desestatización ‘domesticada’ que combina la ‘satelización’ de partes del sector estatal con una ‘graduación oblicua’ de mipymes privadas”, señala. El experto cree que con la nueva norma hay partes de empresas estatales que se liberan para “aprovechar sinergias ventajosas con capital privado nacional para afianzar la subordinación estatal del empresariado privado”, pero aunque advierte de los riesgos de control estatal, señala un punto positivo. “Aplicada a un empresariado privado que es forzado a utilizar un formato de mipymes, sin opción para pasar a ser una empresa grande, la nueva norma ofrece una alternativa de ‘graduación oblicua’ hacia una mayor escala”.