El decreto de amnistía de Bolivia "permite la impunidad", dice Human Rights Watch

La ONG advierte de que "menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley"

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo )
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo )

(EFE).- La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aseguró este jueves que el decreto de amnistía aprobado en febrero por el legislativo boliviano "permite la impunidad de delitos graves" y "parece dirigido a favorecer a los partidarios del Gobierno".

De este modo, HRW da la razón a la oposición del país, que ha criticado el decreto aprobado en la Asamblea boliviana por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y que concede un indulto a quienes se consideran "perseguidos" por el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, por considerar que dejará impunes varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020.

"Existen pruebas contundentes que indican que el Gobierno de Áñez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Sin embargo, agregó, "otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley".

En su informe, HRW sostiene que el decreto deja también en manos de instancias del Ejecutivo controlado por el MAS la decisión sobre quién recibirá o no la amnistía, y que su ambigüedad "permite una interpretación excesivamente amplia de los casos" de aplicación.

La organización dice que se corre el riesgo de que haya más amnistías en casos de "quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS"

"Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del poder ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo", señaló HRW.

La organización dice que se corre el riesgo de que haya más amnistías en casos de "quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS".

El decreto también sugiere que cualquier persona que haya sido procesada durante el Gobierno de la expresidenta Áñez por actos que hayan tenido lugar durante protestas sociales fue víctima de una violación de derechos humanos.

"El decreto puede transformarse en un sistema de justicia selectiva que permita al Gobierno conceder una amnistía a simpatizantes que hayan cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares", señaló Vivanco.

Por ello, la organización propone que en lugar de concederse una amnistía se revisen todos los casos y se retiren los cargos "que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados", y permitir que el resto "continúe su trámite".

HRW menciona casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos desde antes de que saliera de la Presidencia Evo Morales, obligado a dimitir el 10 de noviembre de 2019, atribuidos tanto a seguidores como detractores del MAS y a las fuerzas de seguridad.

"Todos los delitos graves y las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante ese período deberían ser objeto de una investigación exhaustiva, y los responsables, sin importar sus posturas políticas, deberían ser castigados conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos al debido proceso", insiste HRW.

La organización también recomienda "reformar de inmediato" el decreto con esa finalidad y que se interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que revise su constitucionalidad.

También pide al legislativo reformar las leyes imprecisas que se utilizaron para perseguir a partidarios del MAS durante el Gobierno de Áñez y que se apoye la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga actos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en esa época.

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