La CIDH pide reparación al Gobierno cubano por "la violación de los derechos" de cuatro opositores

La Comisión declaró "la responsabilidad internacional del Estado cubano por la violación de los derechos a la libertad de expresión y asociación" de los cuatro integrantes

Reunión este jueves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Facebook CIDH)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el objetivo era criminalizar la crítica política. (Facebook CIDH)

(EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró "la responsabilidad internacional del Estado cubano por la violación de los derechos a la libertad de expresión y asociación" de los cuatro integrantes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna y recomendó ofrecerles una reparación.

Vladimiro Roca Antúnez, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque Cabello y Félix Bonne Carcassés (fallecido en 2017), autores de los textos Plataforma para la transición y La Patria es de todos, fueron detenidos en 1997 tras la creación del grupo disidente, condenados por sedición, y liberados entre el 2000 y el 2002.

En un informe de fondo, la Comisión "concluyó que las sanciones penales impuestas a las víctimas son incompatibles con las exigencias del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación en una sociedad democrática".

La CIDH consideró que la persecución del grupo disidente buscaba "criminalizar la crítica política" y dijo que "la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición política constituye la principal limitación a los derechos a la libertad de expresión y asociación en ese país".

"La intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición política constituye la principal limitación a los derechos a la libertad de expresión y asociación en ese país"

"La Comisión consideró que, además de la dimensión individual del impacto de estas medidas sobre las víctimas, la criminalización que se evidenció ejerció un efecto intimidatorio o disuasorio sobre toda la sociedad cubana, pudiendo conducir a impedir o inhibir este tipo de opiniones y asociaciones", según el informe.

Por todo ello, "la Comisión recomendó a Cuba reparar a las víctimas y, de ser el caso, a sus familiares sobrevivientes, por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones establecidas".

También recomendó "dejar sin efecto la condena penal impuesta a las víctimas en el presente caso y todas las consecuencias que de ella se deriven" y "realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por las violaciones a la Declaración Americana establecidas".

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