La Fiscalía belga pide entregar al expresidente catalán a la justicia española

El cargo de prevaricación contra el expresidente catalán no se encuentra entre la petición del Ministerio Público

El expresidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, posa en el interior del club de la prensa de Bruselas. (EFE)
A partir del 4 de diciembre se espera una decisión del juez de instrucción sobre la extradición de Puigdemont y sus exconsejeros en un plazo de entre ocho y diez días. (EFE)

(EFE).- La Fiscalía de Bruselas pidió este viernes ejecutar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros al apreciar los cargos alegados por España, a excepción del de prevaricación, mientras que el juez ha fijado una nueva audiencia para el 4 de diciembre.

El juez belga de primera instancia que examina el caso ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos en esa fecha, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, apuntó el entorno del expresidente del Gobierno Catalán.

El Ministerio Público, que reveló su estrategia en la vista de este viernes a puerta cerrada a la que los antiguos miembros del Gobierno catalán fueron citados a declarar, pidió la ejecución de los mandatos de entrega a España pero no por el cargo de prevaricación.

"El fiscal ha pedido la ejecución de las órdenes de arresto salvo por un hecho, que es el de prevaricación, tal y como está formulado en el mandato de arresto español", informó en una escueta declaración a la prensa uno de los abogados, Christophe Marchand.

El Ministerio Público reveló su estrategia en la vista de este viernes a puerta cerrada

"Por lo demás, cree que la calificación penal en el Derecho belga es la conspiración y la malversación por parte de funcionarios públicos", agregó.

Marchand, quien calificó la audiencia con el fiscal de "serena", indicó que los defensores de los acusados intercambiarán sus "argumentos escritos".

Otro de los abogados, el español Jaume Alonso Cuevillas, explicó que en la sesión de este viernes empezó tomando la palabra el fiscal, "recordando que el principio general es el cumplimiento de las órdenes europeas de entrega y no su denegación".

Según dijo, la Fiscalía "descarta que exista corrupción" y "quiere examinar si los hechos descritos en el mandamiento podrían ser constitutivos de algún delito conforme al código belga" y, en particular, el delito de conspiración de funcionarios.

"Se ha decidido darnos un plazo para formular alegaciones por escrito", comentó, y afirmó que el 4 de diciembre se producirá "la vista que teníamos que tener hoy".

Alonso Cuevillas afirmó que el tribunal "podría decidir ese día o tomarse unos días para decidirlo motivadamente".

Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están inculpados por rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía, por su parte, celebró una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado en cuatro lenguas en el que dejó claro que no emitirá ninguna comunicación hasta después de la audiencia del 4 de diciembre.

Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos están inculpados por rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de fondos públicos

Argumentó que esa audiencia debe tener lugar a puerta cerrada según la ley belga, y que no hará comentarios para no interferir en el "desarrollo sereno de los debates" ni "hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente".

"La Fiscalía no dará ninguna explicación, ni comentario, sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia", apuntó.

Una portavoz del Ministerio Público insistió en que no van a comentar ni su posición ni lo que han dicho los abogados.

A partir del 4 de diciembre, se espera una decisión del juez de instrucción sobre la extradición de Puigdemont y sus exconsejeros en un plazo de entre ocho y diez días, según fuentes cercanas al cesado Gobierno catalán, que puede recurrirse ante el Tribunal de Apelación y la Corte de Casación.

Ambas instancias tienen plazos de dos semanas para pronunciarse al respecto.

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