La amnistía se frena en el Parlamento mientras la oposición retoma las calles en Venezuela

Caracas/La Asamblea Nacional de Venezuela aplazó para la próxima semana el segundo y último debate de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, destinada a beneficiar a personas consideradas presos políticos desde 1999. La discusión se suspendió por desacuerdos sobre el artículo que exige que los beneficiarios se presenten ante la Justicia para poder acceder a la amnistía. La oposición considera que ese requisito supone un señalamiento previo de culpabilidad, mientras que el chavismo sostiene que la comparecencia es obligatoria según la Constitución.

Hasta ahora se aprobaron los primeros artículos del proyecto, que establecen una amnistía general con el objetivo declarado de promover la paz social y la convivencia democrática.

El aplazamiento coincidió con la reactivación de protestas opositoras encabezadas por el movimiento estudiantil en varias ciudades del país, con movilizaciones en Caracas y Maracaibo para exigir la liberación de todos los presos políticos y la inclusión del sector estudiantil en el debate de la ley. La ONG Foro Penal informó que, hasta el 10 de febrero, había verificado 431 liberaciones, aunque aún estima que más de 600 personas permanecen detenidas.

Familiares de presos recluidos en una sede policial de Caracas protestaron al cierre de la jornada y exigieron al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que cumpla su promesa de aprobar la ley y avanzar en la liberación de los detenidos.

Familiares de presos recluidos en una sede policial de Caracas protestaron al cierre de la jornada

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que el país celebrará elecciones “libres y justas”, aunque no ofreció fechas ni plazos para los comicios presidenciales. Señaló que el calendario electoral será definido mediante el diálogo político interno y sostuvo que, para que las elecciones se realicen, Venezuela debe estar libre de sanciones y de lo que calificó como acoso de la prensa internacional.

Rodríguez aseguró además que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y defendió la inocencia tanto de él como de su esposa, Cilia Flores, frente a los cargos de conspiración y narcoterrorismo formulados por autoridades estadounidenses. También afirmó que existen informes de la Organización de las Naciones Unidas que indican que Venezuela no es un país relevante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en contraste con la posición de Washington, que acusa a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles.

La mandataria evitó responder si las elecciones podrían celebrarse dentro de tres años, como lo sugirió el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Al referirse a la relación con Washington tras la captura de Maduro, destacó la cooperación y el diálogo político y energético entre ambos países.

En ese contexto, Venezuela y Estados Unidos acordaron que Washington comercializará alrededor de 50 millones de barriles de crudo venezolano y transferirá los ingresos al Gobierno de Venezuela. Chris Wright aseguró que la facturación por esas ventas ya supera los 1.000 millones de dólares y que podría multiplicarse en el corto plazo.