Al barco de la paz de Colombia se le abre una vía de agua
La corrupción, el narcotráfico y la desconfianza entre las partes amenazan la paz
Bogotá/(EFE).- El acuerdo de paz con las FARC comienza a hacer agua, año y medio después de firmado, por el incumplimiento de lo pactado tanto por parte del Gobierno colombiano como de la antigua guerrilla, hecho agravado por escándalos de corrupción y narcotráfico.
Como un barco que avanzaba hacia el puerto seguro de la paz definió muchas veces el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, su programa bandera, que si bien atracó el 24 de noviembre de 2016 con la firma del acuerdo definitivo con las FARC, soporta ya en tierra firme numerosas tormentas.
Se sabía que la implementación del texto iba a ser un proceso complejo, y prueba de ello es que los guerrilleros disidentes ya son más de 1.200, pero el llamado que hizo el domingo el ex jefe negociador con las FARC y actual candidato a la Presidencia Humberto de la Calle puso el dedo en la llaga.
"Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz", dijo De la Calle, quien criticó a la ya desmovilizada guerrilla por no mostrar empatía suficiente con los colombianos, al Gobierno por haberle "quedado grande la implementación" y a la oposición por generar una "nostalgia de la guerra".
Pese a que De la Calle acusa al opositor partido uribista Centro Democrático de querer "hacer trizas el acuerdo" si gana las elecciones del 27 de mayo porque así lo dijo una vez el senador José Obdulio Gaviria, lo cierto es que la paz es víctima desde ya del llamado "fuego amigo".
La fractura se hizo más dolorosa en el abril que acaba de terminar cuando afloraron historias de narcotráfico y corrupción en el manejo de los dineros del posconflicto que han llevado tanto al Gobierno como al partido FARC y a analistas políticos a admitir que el acuerdo está en su más grave crisis.
La fractura se hizo más dolorosa en el abril que acaba de terminar cuando afloraron historias de narcotráfico y corrupción en el manejo de los dineros del posconflicto
El pasado 9 de abril Jesús Santrich, uno de los jefes de la antigua guerrilla y designado como uno de los cinco futuros representantes a la Cámara por la FARC, fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos a solicitud de ese país por el delito de narcotráfico.
Pese a que el acuerdo garantiza la no extradición de miembros de las FARC por delitos cometidos antes de la firma de la paz y con ocasión del conflicto armado, la circular roja emitida por la Interpol se refiere a hechos ocurridos entre junio de 2017 y abril de 2018, por lo que el beneficio no cobijaría a Santrich.
"Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso", aseguró entonces Iván Márquez, número dos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en que se transformó la guerrilla.
La crisis se agudizó por la decisión de Márquez, que será senador a partir del 20 de julio, de trasladarse "temporalmente" a una zona rural del sur de Colombia para ponerse al frente de la reintegración de los excombatientes, decisión que ha alimentado suspicacias ya que él mismo dijo que en las condiciones actuales no asumirá su escaño legislativo.
Márquez, que pidió esta semana a Santos actuar para "salvar la paz" de los "montajes judiciales y la intervención foránea", está en medio de la turbulencia después de que The Wall Street Journal asegurara el fin de semana que también está investigado por agentes de la DEA por supuesta conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Iván Márquez está en medio de la turbulencia después de que 'The Wall Street Journal' asegurara el fin de semana que también está investigado por agentes de la DEA
Esa versión, corroborada hoy por la cadena Univisión, puede explicar su salida de la escena bogotana para instalarse en la zona rural de Miravalle con guerrilleros desmovilizados.
La tormenta se veía venir a comienzos de abril cuando estalló el escándalo por supuestos malos manejos del dinero donado por la comunidad internacional para la implementación de la paz, después de que los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega pidieran algunas explicaciones en una carta enviada al Gobierno.
A raíz de ello, la funcionaria Gloria Ospina fue destituida como directora del Fondo Colombia en Paz, entidad creada por Santos en abril de 2017 y de la cual hacen parte el Fondo ColombiaSostenible (FCS), el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo de la Unión Europea, el Fondo del Banco Mundial y el Presupuesto General de la Nación.
Para evitar que los ojos de la comunidad internacional empiecen a ver los "lunares de la paz", el Ministerio de Relaciones Exteriores matizó que "es un compromiso del Gobierno asegurar el manejo transparente de los fondos creados tanto con recursos de la nación como con la contribución generosa de donantes internacionales".
Los supuestos malos manejos se extienden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, renunció en medio de un cruce de acusaciones con la presidenta de ese organismo judicial, Patricia Linares.
Aunque Santos insistió ayer en que pese a "las dificultades y retrasos" en la implementación del acuerdo el "balance es positivo", la sensación general es que al barco de la paz se le abrió una vía de agua.
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