Los chilenos acuden al plebiscito divididos sobre la nueva constitución

Sus partidarios argumentan que es una oportunidad histórica para recuperar derechos y quienes se oponen sostienen que coarta libertades

Un grupo de manifestantes se congrega frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. (el Nuevo Herald)
El proceso constituyente surgió en medio de la masiva ola de protestas contra la desigualdad que estalló a fines de 2019, y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos. (el Nuevo Herald)

(EFE).- Con la opinión generalizada de que hay que cambiar la Constitución actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, los chilenos acuden este domingo al plebiscito sobre el nuevo texto divididos entre los que lo ven como una oportunidad histórica para recuperar derechos y los que creen que coarta libertades.

Pese a que en las últimas semanas diversos sondeos dan ventaja a la opción de "Rechazo", la diputada comunista Karol Cariola se mostró optimista sobre la aprobación del proyecto por considerarlo "una oportunidad histórica" para recuperar recursos y garantizar derechos fundamentales, así como por su carácter paritario.

"En esta nueva Constitución se concreta la recuperación de los (recursos) naturales como el agua, la protección de los ríos, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones o el reconocimiento del trabajo doméstico, que hacemos mayormente las mujeres, que en la actual Constitución ni siquiera estamos mencionadas, pero que en la nueva estamos reconocidas en derechos y oportunidades", dijo la diputada a Efe.

"En esta nueva Constitución se concreta la recuperación de los (recursos) naturales como el agua, la protección de los ríos, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones o el reconocimiento del trabajo doméstico"

"Aquí hay un proceso que se constituyó democráticamente, de forma paritaria, una conquista que hoy muchas mujeres reivindicamos con fuerza porque se trata de entendernos como pares, iguales con los hombres que han sido un sector que en general ha vivido privilegios producto de un sistema patriarcal, pero que hoy empezamos a igualar la cancha", agregó.

Una de las críticas más recurrentes de los sectores que rechazan la carta magna es que "no se hace cargo de la seguridad", una de las preocupaciones sociales debido al aumento de los delitos violentos, pero Cariolo asegura que se trata de un problema "que no tiene que ver ni con una Constitución ni con un Gobierno, sino con el tipo de sociedad que hemos venido construyendo".

"Una sociedad sin oportunidades, donde pareciera ser que lo que prima es la violencia. Esas son situaciones de inseguridad social que llevan a la violencia y por tanto de delincuencia. Las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y esta Constitución consagra ese derecho, por primera vez se hace cargo del derecho a la seguridad pública", afirmó.

"Es un paso adelante en la línea de reconocer que todas las personas, independiente de su origen social y del lugar donde viven, tengan ese derecho (a la seguridad pública). La falta de equidad territorial en la distribución de los recursos es también uno de los problemas y este texto se hace cargo estableciendo una distribución equitativa de las fuerzas policiales", puntualizó.

Por su parte, quienes se oponen al nuevo texto consideran que "coarta libertades", "no tiene contrapesos" y hace que el "Estado pase por encima" de los ciudadanos, explica Claudio Salinas

Por su parte, quienes se oponen al nuevo texto consideran que "coarta libertades", "no tiene contrapesos" y hace que el "Estado pase por encima" de los ciudadanos, explica Claudio Salinas, exmilitante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y uno de los portavoces de la Casa Ciudadana por el Rechazo, que agrupa a decenas de organizaciones sociales.

Salinas considera que la Convención que durante un año redactó la nueva propuesta de constitución "no escuchó a la ciudadanía".

"Participamos de las audiencias públicas, donde hubo un mecanismo bastante aleatorio y cuestionable para definir cuáles era las organizaciones asistentes. Nosotros postulamos a más de 50 organizaciones para que pudieran ser parte de estas audiencias y solo quedaron dos o tres seleccionadas", dijo a Efe.

Explicó que impulsaron iniciativas sobre cuestiones de seguridad, salud, educación o pensiones, pero "lamentablemente, todas y cada una fueron rechazadas por la Convención, algunas de ellas ni siquiera lograron llegar al plenario", agregó.

Según Salinas, la nueva Constitución carece de "contrapesos fundamentales para una democracia estable", eliminando instituciones como el Senado, quitándole a la Presidencia muchas atribuciones o creando una Cámara de las Regiones que no tiene facultades fiscalizadoras pero participa del proceso legislativo adicionalmente a la Cámara de Diputados.

"Lo más grave es como ciudadanos nos coarta ciertas libertades. Una Constitución debe dar los lineamientos generales sobre los cuales vamos a seguir trabajando y asegurarnos a los ciudadanos que el Estado no nos pase por encima", agregó.

Cariola aseguró que si se rechazarse la propuesta se abriría un escenario de "incertidumbre total" y Salinas dijo que el proceso constituyente proseguiría y que habría que "crear un gran acuerdo político ciudadano lo antes posible"

Para Salinas, uno de los cambios más profundos es el paso de un estado subsidiario a uno "social de derechos", donde se apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos para asegurar prestaciones universales.

Aunque Cariola aseguró que si se rechazase la propuesta se abriría un escenario de "incertidumbre total", Salinas dijo que el proceso constituyente proseguiría y que habría que "crear un gran acuerdo político ciudadano lo antes posible" para generar los cambios que necesita el país".

El proceso constituyente surgió en medio de la masiva ola de protestas contra la desigualdad que estalló a fines de 2019, y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Para ello se creó una Convención Constitucional compuesta por 154 representantes, con igual número de hombres que de mujeres y escaños reservados para los pueblos indígenas, que durante un año redactó el texto que se somete ahora a la voluntad popular.

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