Un cubano deportado a Esuatini por el Gobierno de Trump inicia una huelga de hambre

Nairobi/Madrid/Un cubano deportado a Esuatini por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una huelga de hambre en una prisión de máxima seguridad de esta pequeña nación de África austral en la que lleva retenido más de tres meses sin cargos junto a otros migrantes, informó este miércoles su abogada.

"Mi cliente está detenido arbitrariamente y ahora su vida corre peligro", dijo en un comunicado que recogen medios locales suazis Alma David, abogada radicada en EE UU y que representa a Roberto Mosquera del Peral, quien, según la letrada, inició el pasado día 15 una "huelga de hambre indefinida".

"Insto a los servicios penitenciarios de Esuatini a que proporcionen a la familia del Sr. Mosquera y a mí información actualizada sobre su estado y garanticen que está recibiendo la atención médica adecuada. Exijo que se permita al Sr. Mosquera reunirse con su abogado en Esuatini", añadió.

Peral forma parte de un primer grupo de cinco deportados recibidos en julio pasado desde EE UU, entre los que se incluían también ciudadanos de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen y que permanecen recluidos en el Complejo Penitenciario de Matsapha (centro).

"Mi cliente está detenido arbitrariamente y ahora su vida corre peligro", dijo en un comunicado la abogada Alma David

De estos, el jamaicano Orville Etoria ya fue repatriado a su país el pasado septiembre y, a principios de octubre, las autoridades de esta monarquía absoluta anunciaron la llegada de otros once migrantes de terceros países deportados por Washington, en el marco de un acuerdo bilateral de cooperación en materia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense afirmó a mediados del pasado julio que los deportados estaban acusados de delitos como asesinato, agresión y robo, si bien sus abogados han afirmado que ya habían cumplido sus condenas y algunos de ellos llevaban años fuera de la cárcel.

A Mosquera, de 58 años y detenido en junio pasado, las autoridades estadounidenses lo señalan como miembro de la pandilla Latin Kings, que surgió en la ciudad de Chicago a mediados del siglo pasado y que el FBI ha considerado “una grave amenaza” para el país. Además, cuenta con “una condena por homicidio y una agresión con agravantes a un agente de policía con un arma” en Miami.

"Que mi cliente se haya visto obligado a tomar una medida tan drástica pone de manifiesto que él y los otros hombres deben ser puestos en libertad. Los gobiernos de Estados Unidos y Esuatini deben asumir la responsabilidad de las consecuencias humanas reales de su acuerdo", señaló David.

Amnistía Internacional (AI) ha pedido a Esuatini que se garantice a estos hombres el acceso a asistencia legal, mientras tres organizaciones de la sociedad civil de África austral presentaron en agosto un recurso contra la deportación de los migrantes, al denunciar que los términos del acuerdo con Washington "permanecen ocultos".

La reanudación de vuelos de deportación desde EE UU a países terceros se activó después de que la Corte Suprema autorizara en junio pasado al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero pasado, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con otros países africanos como Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur.