EE UU restringe visados a centroamericanos que trabajen al servicio del Partido Comunista Chino

Sanciones

Washington “está decidido a contrarrestar la influencia corrupta" de Pekín en esa región

El puerto de Balboa en el Canal de Panamá.
El puerto de Balboa en el Canal de Panamá. / EFE/Bienvenido Velasco
14ymedio

05 de septiembre 2025 - 13:43

Madrid/Estados Unidos impondrá restricciones de visado a centroamericanos que trabajen con el Partido Comunista Chino (PPCh) para socavar el Estado de derecho en América Central. Con estas palabras lo anunció el Departamento de Estado este jueves en un comunicado, en el que declara que el país “está decidido a contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central”.

La decisión permitirá impedir la entrada a territorio estadounidense de ciudadanos centroamericanos que estén al servicio del PPCh y “a sabiendas dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades” que socaven la democracia en la región. Y también a sus familiares directos. En el mismo texto, advierten estar tomando medidas para imponer este tipo de restricciones a centroamericanos “que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades”.

“Hoy, el Gobierno anuncia una nueva política de restricción de visas que restringirá las visas estadounidenses para los ciudadanos centroamericanos y sus familiares directos que actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino y amenacen la estabilidad de nuestra región“, había adelantado el secretario de Estado, Marco Rubio, en un tuit.

Chamorro no descarta que la medida esté dirigida también a otros países, "como Costa Rica y Honduras, e incluso El Salvador y Panamá"

La Administración estadounidense no ha especificado a qué nacionalidades aplicará la restricción de visados, pero asegura que reafirma “el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”.

Para Carlos Fernando Chamorro, director del diario nicaragüense independiente Confidencial, actualmente exiliado en Costa Rica, la norma “afecta directamente a los altos funcionarios de la dictadura de Nicaragua, que actúan como aliados y voceros del régimen de Xi Jiping en la región”. Sin embargo, apunta en un mensaje a 14ymedio, “la mayoría de esos funcionarios (más de 40) ya han sido sancionados y desvisados por Estados Unidos desde hace cuatro años, por su involucramiento en la represión y la corrupción”.

Así pues, Chamorro no descarta que la medida esté dirigida también a otros países, “como Costa Rica y Honduras, e incluso El Salvador y Panamá, donde Estados Unidos ha intentado frenar la presencia y la penetración de la empresa china de telecomunicaciones Huawei”. Al respecto, menciona el caso de varios funcionarios y ex funcionarios costarricenses a los que les fueron revocados sus visados “sin que Estados Unidos brindara una explicación oficial”, una decisión que ve con sentido tras la publicación del comunicado del Departamento de Estado.

En cuanto a Panamá, eliminar la influencia china del Canal fue uno de los primeros objetivos de la Administración de Donald Trump, y fue destino de la primera visita oficial del actual jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. En un principio, el secretario de Estado convenció al presidente panameño, José Raúl Mulino, de quitarle a Pekín la concesión de Balboa (del lado del Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), los dos puertos –de los cinco principales del Canal–, operados por una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, multinacional estatal con sede en Hong Kong.

La reciente decisión de CK Hutchison de vender al fondo estadounidense BlackRock sus puertos en Panamá puso a Xi Jinping en pie de guerra y el caso aún no está resuelto. Hace un mes, Mulino declaró que, si bien está dispuesto a hablar con Panama Ports Company (PPC), la filial panameña de CK Hutchison, “bajo ningún pretexto” sería para “mantener el contrato leonino” de concesión.

El presidente se expresó así luego de que PPC pidiera proteger la concesión, respetar la seguridad jurídica y una “coordinación respetuosa”, tras las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas contra el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal ante la Corte Suprema de Justicia por la Contraloría General panameña.

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