La Fiscalía española entrega a EE UU un informe sobre el asesino de dos cubanas en Madrid

Madrid/Tras publicarse en diversos medios la noticia de que Dahud Hanid Ortiz, el ex militar condenado en Caracas por el asesinato en 2016 de tres personas en Madrid, formaba parte de los presos con nacionalidad o residencia estadounidense canjeados entre Washington y Caracas, la Fiscalía española ha remitido un informe a las autoridades de EE UU sobre la situación jurídica del excarcelado.

Hanid Ortiz fue sentenciado en enero de 2024 por un tribunal venezolano a 30 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley en ese país, tras ser hallado culpable de asesinar brutalmente a tres personas en el barrio madrileño de Usera. Las víctimas fueron las cubanas Elisa Consuegra Gálvez y Maritza Osorio Riverón, abogada y secretaria, respectivamente, en un despacho legal de la zona, y el ecuatoriano Pepe Castillo Vega, un cliente que acudía a una cita legal. El verdadero blanco del crimen era el abogado Víctor Salas, quien mantenía una relación con la ex esposa del acusado.

Según los hechos recogidos en la sentencia venezolana y en la investigación de la Policía Nacional española, el 22 de junio de 2016 Hanid Ortiz irrumpió en el despacho con una palanqueta y un machete, asesinó a las tres víctimas con extrema violencia –dos de ellas degolladas– y prendió fuego al local para encubrir el crimen. Poco después huyó de Europa y se refugió en Venezuela, donde fue capturado en 2018 tras una orden de Interpol. La justicia española solicitó su extradición, pero el Tribunal Supremo venezolano la denegó argumentando su nacionalidad venezolana.

“¿Cómo es posible que alguien condenado por tres asesinatos camine libremente en otro país?”, expresó la hermana de una de las víctimas

A pesar de haber sido condenado en firme en Caracas, Hanid Ortiz fue liberado el pasado viernes junto a otros nueve ciudadanos estadounidenses como parte de un acuerdo diplomático que también contempló la repatriación a Venezuela de 252 migrantes detenidos en El Salvador. El hecho ha causado indignación entre las familias de las víctimas, que denuncian “una afrenta a la justicia”.

“¿Cómo es posible que alguien condenado por tres asesinatos camine libremente en otro país?”, expresó la hermana de una de las víctimas, visiblemente consternada. Varias personas cercanas a los fallecidos han exigido explicaciones públicas y denunciaron lo que consideran un acto de impunidad, temiendo que el ex militar no cumpla finalmente la condena por los crímenes cometidos en Madrid.

El propio Víctor Salas declaró a El Debate sentirse “aterrorizado”: “Ese asesino está libre camino de Estados Unidos y en cualquier momento puede venir a matarme”. El abogado acusó, además, al ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber facilitado la liberación de Hanid Ortiz sin consultar a las víctimas ni a las autoridades judiciales españolas.

El propio Víctor Salas declaró a 'El Debate' sentirse "aterrorizado": "Ese asesino está libre camino de Estados Unidos"

La polémica creció cuando el propio Diosdado Cabello, segundo del régimen de Nicolás Maduro, reconoció en su programa de televisión que Estados Unidos “defendió” la inclusión de Hanid Ortiz en el grupo de liberados. “Se llevan a un asesino convicto”, afirmó Cabello, en lo que se entendió como un mensaje directo a la Administración de Joe Biden.

Fuentes del Ministerio de Justicia español confirmaron a la agencia EFE que la situación jurídica de Hanid Ortiz queda “fuera de la jurisdicción española” debido a la negativa de extradición y su doble nacionalidad estadounidense-venezolana, pero insistieron en que la Fiscalía de Madrid ha enviado un informe completo a las autoridades estadounidenses con todos los antecedentes del caso.

Por el momento, se desconoce el paradero exacto del excarcelado en Estados Unidos y si cumplirá algún tipo de condena en ese país. Lo que sí se ha confirmado es que ya se encuentra en libertad sin medidas cautelares conocidas, lo que ha intensificado el malestar de las familias de las víctimas, que ahora temen por su seguridad y exigen una rectificación pública.