La Fundación Internacional para la Libertad denuncia la persecución política contra Álvaro Uribe

La Habana/La Fundación Internacional para la Libertad (FIL), fundada por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa –fallecido el pasado mes de abril–, emitió este lunes un pronunciamiento en el que rechaza la persecución política contra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a prisión domiciliaria. 

El documento, firmado por Álvaro Vargas Llosa y por el director ejecutivo de la FIL, Gerardo Bongiovanni, considera la medida judicial como parte de una campaña de venganza promovida por sectores guerrilleros y sus aliados políticos que, aseguran, se ha intensificado desde la llegada a la presidencia de Gustavo Petro.

El texto recuerda que Uribe, durante sus dos mandatos (2002-2010), lideró una ofensiva militar sin precedentes contra las Farc y otros grupos armados, estrategia que debilitó la capacidad operativa de las guerrillas e impulsó negociaciones posteriores. “Uribe –que, recordemos, acorraló a los grupos guerrilleros hasta derrotarlos– ha sido víctima de una campaña política y judicial”, sostiene la declaración, que responsabiliza directamente a “aquellos grupos” y a “aliados oportunistas”.

El proceso contra el ex mandatario ha estado marcado por “manipulaciones e interferencias judiciales”

La FIL subraya que el proceso contra el ex mandatario ha estado marcado por “manipulaciones e interferencias judiciales” y por un uso sesgado de los medios de comunicación para moldear la opinión pública. Según el pronunciamiento, estas acciones constituyen un intento de escarmentar a quien “derrotó, en el marco de la democracia y la ley, a grupos extremos y sus socios”.

Uribe enfrenta cargos por presunto soborno de testigos y fraude procesal, derivados de una investigación iniciada en 2018. En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención preventiva. El caso se ha prolongado en un clima de alta polarización. Mientras sus críticos lo acusan de “violaciones a los derechos humanos" durante su Gobierno, sus partidarios lo consideran víctima de una persecución política que busca reescribir la historia del conflicto armado colombiano.

Vargas Llosa, su fundador, fue un crítico persistente de lo que denominó la “izquierda autoritaria latinoamericana”

La reciente condena en primera instancia –que lo obliga a cumplir prisión domiciliaria– ha encendido nuevamente el debate en Colombia y en el exterior. La defensa de Uribe ha anunciado que apelará el fallo.

Fundada en 2002 en Madrid, la FIL agrupa a intelectuales, políticos, empresarios y ex mandatarios comprometidos con la defensa de la democracia liberal y la economía de mercado. Vargas Llosa, su fundador, fue un crítico persistente de lo que denominó la “izquierda autoritaria latinoamericana”. 

En su comunicado, la FIL enmarca la condena contra el ex gobernante colombiano dentro de un contexto regional más amplio. El avance de redes políticas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que –dice la fundación– continúan respaldando a “dictadores y grupos guerrilleros que acechan el continente”. La declaración conecta la situación judicial de Uribe con la narrativa de un enfrentamiento ideológico entre gobiernos y movimientos de izquierda y sus opositores liberales o conservadores.

Petro, ex guerrillero del M-19, ha defendido públicamente el proceso judicial contra Uribe

Colombia vive un momento político singular. La presidencia de Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia del país, ha polarizado aún más el panorama. Petro, ex guerrillero del M-19, ha defendido públicamente el proceso judicial contra Uribe como una señal de que “nadie está por encima de la ley”. Para sus detractores, sin embargo, esta postura refleja un ánimo revanchista.

El pasado 7 de agosto, una multitud salió a las calles durante la Gran marcha nacional, en apoyo a Uribe. Y este lunes, la indignación de los colombianos ha aumentado tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado el 7 de junio, durante un mítin en Bogotá.