Una investigación confirma el suicidio de un detenido por corrupción en Venezuela
La Fiscalía venezolana aseguró que Leoner Azuaje Urrea dejó cartas dirigidas a su familia en las que menciona la "decisión" de terminar con su vida
Caracas/(EFE).- Una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela confirmó que Leoner Azuaje Urrea, uno de los 61 detenidos en el último mes por supuesta corrupción, se suicidó en la celda donde estaba recluido, dijo este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que los resultados de la autopsia revelaron que se trató de un ahorcamiento.
Además, señaló que se hallaron "varias cartas dirigidas a su familia" en las que menciona la "decisión" de "atentar contra su vida" y "asume el error cometido".
Saab agregó que los fiscales designados para este caso "han realizado múltiples entrevistas", entre ellas a un psicólogo y al compañero de celda.
Fue detenido esta semana por funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción por presunta corrupción en la estatal Cartones de Venezuela -donde ocupó el cargo de presidente-
El fiscal informó el jueves el inicio de una investigación sobre el "lamentable suicidio" de Azuaje Urrea, quien fue detenido esta semana por funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción por presunta corrupción en la estatal Cartones de Venezuela -donde ocupó el cargo de presidente- y presentado la madrugada del miércoles ante un tribunal especial.
Saab también ordenó a la Unidad Criminalística del Ministerio Público que, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelante todo lo relacionado con la inspección técnica, entrevistas y la autopsia.
El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, pidió este viernes acelerar la investigación, así como extremar las medidas de supervisión en los centros de detención, ya que el "Estado y, especialmente, todos los organismos de seguridad deben proteger la vida, integridad, salud y seguridad de las personas privadas de libertad como derecho consagrado en la Constitución".
Varias ONG exigen una "investigación objetiva" e "independiente" sobre el suicidio.
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