Una jueza federal de EE UU bloquea las deportaciones rápidas de migrantes

Washington/Una jueza federal bloqueó temporalmente este viernes las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados del Gobierno de Donald Trump, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En enero, Trump restableció la "expulsión inmediata" de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

La jueza Jia Cobb, de Washington D.C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, opinando que "prioriza la rapidez" y "llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado".

La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE UU, en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.

En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE UU, sino su expansión. Cobb señala que "al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso", indica el documento.

La jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo

La denuncia argumentaba precisamente que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo. Cobb agrega que, "al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso". "Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo", apostilla la jueza. 

Otro tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ratificó este viernes el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600.000 venezolanos es ilegal, y sostuvo que el magistrado tiene autoridad para decidir el caso, en contra de los alegatos de la Casa Blanca. El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero pasado.

El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según explicó en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el ex presidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250.000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000. El juez Chen bloqueó en abril pasado de forma temporal el intento del Gobierno federal de despojar a los venezolanos del TPS mientras el caso avanzaba, esa orden protegía a los 350.000 venezolanos beneficiados desde 2023, quienes iban a perder su autorización de trabajo y sus protecciones contra la deportación ese mismo mes.

Pero el Gobierno de Trump apeló dicha decisión y obtuvo una victoria en la Corte Suprema, que le permitió terminarle el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregue una decisión final. La Casa Blanca ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.

El fallo del Noveno Circuito de Apelaciones, por sí solo, no protege a los beneficiarios venezolanos del TPS

El fallo del Noveno Circuito de Apelaciones, por sí solo, no protege a los beneficiarios venezolanos del TPS, debido a la orden del máximo tribunal estadounidense. Sin embargo, sí significa que Chen ahora tiene la libertad de emitir su decisión sobre la medida final. "Afortunadamente, el fallo de hoy demuestra que la Administración de Trump no está por encima de la ley", declaró en un comunicado Freddy Arape, beneficiario del TPS y uno de los demandantes.

Por su parte, Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que hace parte de la Alianza, dijo que los demandantes esperan que la decisión de hoy "allane el camino para una rápida decisión final del tribunal de distrito que pueda restaurar las protecciones necesarias". Los demandantes están representados por NDLON, las fundaciones de la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro para el Derecho y la Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la Alianza Puente Haitiana.