La Justicia boliviana ordena iniciar el proceso de liberación de los presos políticos

La Paz/El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este viernes verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra de la ex presidenta interina Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, principales acusados por la crisis de 2019 en el país.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó por escrito a los titulares de los Tribunales Departamentales de Justicia que "procedan" a la "verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos" en contra de Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por el llamado caso golpe de Estado II acusada de tomar ilegalmente el poder en 2019, pero también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria, mientras que Camacho y Pumari son los principales acusados en el caso golpe de Estado I, por la crisis postelectoral de ese año.

El instructivo del Supremo señala que para cumplir lo dispuesto, "a través de los jueces que ejercen control jurisdiccional en cada uno de los procesos citados, realicen inclusive de oficio la verificación" de lo dispuesto y procedan a "resolver lo que en derecho corresponda".

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo a los medios que el Gobierno respeta "la independencia de órganos y la no injerencia de las decisiones del uno sobre el otro"

Áñez, que está en prisión desde 2021, destacó en sus redes sociales que "después de 4 años y medio" el TSJ "instruye actuar en derecho" y señaló que la Justicia, "liberada de la injerencia" del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y del Gobierno de Luis Arce, "debe restituir todos los derechos y las garantías" que fueron negados. "No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos", indicó.

El ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, dijo a los medios que el Gobierno respeta "la independencia de órganos y la no injerencia de las decisiones del uno sobre el otro". Asimismo, valoró positivamente que el TSJ instruya la revisión de las detenciones preventivas y el "uso desmedido" de esa medida cautelar, aunque también abogó por que se proceda de la misma forma con otras personas en la misma situación, pues en las cárceles de Bolivia entre el 65% y 70% de los reos no tiene sentencia en firme.

En 2019, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de ese año que luego fueron anuladas.

La Fiscalía y el Gobierno acusaron a Áñez por proclamarse presidenta en 2019, tras la renuncia de Morales, vulnerando los reglamentos parlamentarios porque esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la ex gobernante señaló que hubo un vacío de poder luego de la dimisión del ex mandatario.

La Fiscalía y el Gobierno acusaron a Áñez por proclamarse presidenta en 2019, tras la renuncia de Morales, vulnerando los reglamentos parlamentarios

En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional. Entretanto, el juicio por el caso denominado golpe de Estado I avanzó en los últimos meses con el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el ex líder cívico Marco Pumari como principales acusados; el primero está encarcelado desde 2022 y el segundo desde 2021. Ambos lideraron las protestas postelectoral en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones. Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos.

La política siempre ha reclamado un proceso especial como ex presidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades. 

La noticia llega justo después de que se celebraran las elecciones generales el 17 de agosto, en la que se decidió que habrá una segunda vuelta entre los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centro, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, de derecha.

Paz obtuvo un 32,06% de los votos y Quiroga un 26,70%, mientras que el MAS, representado por Eduardo del Castillo, alcanzó apenas un 3,17% de los votos.