La Justicia brasileña ordena prisión domiciliaria para el ex presidente Jair Bolsonaro

Brasilia/La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este lunes la prisión domiciliaria del ex presidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga, en el marco de su juicio por golpismo.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal, determinó el régimen de prisión domiciliaria para Bolsonaro, a quien también le prohibió recibir visitas en su residencia, con excepción de la de sus familiares próximos y de sus abogados.

En su resolución, De Moraes también ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del ex jefe de Estado para incautarse de los teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales. La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares.

La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares

El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en las redes sociales o por las de terceros y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana.

De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con "incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño".

Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro.

Además de imponer un arancel adicional del 50% a la importación de parte de los productos brasileños, cuya eliminación condicionó a que cesen los procesos contra Bolsonaro, el Gobierno de Trump le retiró la visa a ocho de los once miembros del Supremo brasileño y determinó el bloqueo de los bienes de Alexandre de Moraes.

"No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Messias Bolsonaro", aseguró el magistrado, para quien "es necesario la adopción de medidas más drásticas para evitar la continua reiteración delictiva por parte del procesado".

La defensa del ex presidente afirmó, por el contrario, que Bolsonaro no incumplió las restricciones que le había impuesto la Corte Suprema ni cometió ningún crimen, por lo que no se justifica la decisión que lo mandó a cumplir prisión domiciliaria.

De acuerdo con el equipo de abogados, el mensaje del ex presidente que fue leído el domingo en las marchas realizadas por los seguidores de Bolsonaro en diferentes ciudades de Brasil "no puede ser considerado como un incumplimiento de la medida cautelar ni como un acto criminal".

La defensa se pronunció en un comunicado poco después de que la Policía Federal informara que acudió a la residencia de Bolsonaro en Brasilia para cumplir la orden de la Corte de garantizar su prisión domiciliar y de confiscar sus teléfonos móviles.

Según los abogados, el mensaje del ex presidente –"Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos"– fue un simple saludo. "La Corte no le prohibió conceder entrevistas o pronunciar discursos en eventos públicos, y él siguió rigurosamente esa determinación".

"La Corte no le prohibió conceder entrevistas o pronunciar discursos en eventos públicos, y él siguió rigurosamente esa determinación"

La defensa agregó que fue sorprendida con la decisión de la Corte Suprema y que presentará un recurso debido a que la medida no se justifica.

Por su parte, el senador e hijo del ex presidente, Flávio Bolsonaro, pidió que el Senado inicie un proceso de destitución contra De Moraes. A su juicio, la resolución "no tiene ni pies ni cabeza" y es una decisión "cobarde" e "inmoral", dijo en una entrevista con la filial brasileña de la CNN.

"No tiene condiciones (de seguir siendo magistrado); está llevando a la Corte a un gran desgaste", declaró el político, quien aseguró que hay "decenas de senadores" dispuestos a apoyar el proceso y que hablará con el presidente del Senado sobre el asunto.

Según el senador, decretar la prisión domiciliaria es una respuesta a la sanción impuesta la semana pasada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que congeló los activos y bienes que De Moraes pudiera tener –y no tiene– en ese país por supuestas violaciones a los derechos humanos.

"Es una demostración de venganza por las sanciones", aseguró, antes de apuntar a la posibilidad de una "reacción" de Trump a esta última decisión.

El diputado Eduardo Bolsonaro, otro hijo del ex jefe de Estado que está en EE UU desde hace varios meses para pedir sanciones contra De Moraes y que también está bajo investigación, escribió en redes sociales que se trataba de un "abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición".

La prisión domiciliaria se ordenó en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

Con esta medida, Bolsonaro se convierte en el cuarto e xjefe de Estado de Brasil en ser apresado desde que el país recuperó la democracia en 1985, junto con Lula da Silva, Fernando Collor y Michel Temer, y el décimo en la historia del país.