María Corina Machado reitera el llamado a protestar para exigir la fecha de presidenciales
Venezuela
El pacto petrolero de EE UU blinda a sus socios, pero no garantiza los ingresos a Venezuela, dice una investigación de ProPublica
Caracas / Washington/La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes el llamamiento ya hecho por su partido, Vente Venezuela (VV), a protestar el próximo jueves en las calles para exigir que se fije la fecha de las elecciones presidenciales.
"Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea: 'esto es lo que hay'", dijo Machado en un video –publicado en sus redes sociales– en el que se indica que la protesta se realizará cerca de las 16:00 horas.
Al aludir a la frase "esto es lo que hay", la opositora cuestionó la narrativa del conformismo frente a la crisis política venezolana, al sostener que la lucha constante ha permitido abrir paso a cambios políticos.
"Miren donde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: 'esto es lo que hay, calátela (aguanta)', (...). ¿Maduro estaría enfrentando la justicia?"
"Miren donde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: 'esto es lo que hay, calátela (aguanta)', (...). ¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles? Por eso, cuando te digan: 'esto es lo que hay', nosotros contestamos: 'sí, esto es lo que hay, un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre", indicó Machado.
En la víspera, Vente Venezuela convocó a una movilización el jueves en Caracas y en todas las ciudades del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.
El activista político de VV Carlos Fernández indicó durante una rueda de prensa que la movilización es también para exigir el retorno de Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado regresar al país pero no se lo han permitido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.
Desde que el pasado enero el presidente Nicolás Maduro fuera depuesto y capturado por Estados Unidos y su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo como mandataria encargada, diversos sectores de la sociedad civil han demandado la celebración de nuevas elecciones al argumentar que su interinato se vencía después de seis meses.
Bajo este escenario, Washington impulsó un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, cuya tercera ronda se encuentra en desarrollo para avanzar en acuerdos por garantías políticas y civiles de cara a una eventual elección.
Mientras tanto, el acuerdo petrolero parece ser lo único que funciona para EE UU, ya que protege los intereses de empresarios privados, pero no establece la obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país suramericano, según una investigación publicada este martes por ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación.
El medio examinó una copia del acuerdo de dieciocho páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, que concede al Gobierno estadounidense una participación del 35% en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (Nabep), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El pacto permite a Estados Unidos comprar el 20% de la producción de Nabep a 30 dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante 50 años. Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte.
El acuerdo también permite a Washington comprar toda la producción de la compañía si declara una emergencia nacional. La junta directiva tendrá siete miembros, una mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por el Gobierno estadounidense sin derecho a voto.
Según ProPublica, la estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.
La empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores. El acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
La estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta
En septiembre, Rubio defendió la elección de Nabep, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción.
En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales y no había sido imputado formalmente.
El secretario de Estado sostuvo que la compañía podrá aumentar la producción y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos procedentes de la venta de petróleo mediante la auditora Kpmg y defendió una nueva regulación para profesionalizar la industria.
La empresa, por su parte, ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, ProPublica señala que el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.