La Oficina Anticorrupción de Argentina cree que no hubo delito de Milei en el 'criptofiasco' de $LIBRA
Argentina
Cristina Fernández asegura que sus opositores la quieren "presa o muerta"
Buenos Aires/La Oficina Anticorrupción de Argentina determinó que el presidente Javier Milei no incurrió en un delito en el caso de la fallida criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento el pasado 14 de febrero fue promocionado por el jefe de Estado en sus redes sociales, antes de desplomarse y dejar a miles de inversores damnificados.
Según informaron este sábado medios locales, la Oficina Anticorrupción, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, determinó que el presidente no violó la ley de Ética Pública. "Debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada", indicó la resolución.
Tras una publicación del mandatario el pasado 14 de febrero en la que promocionó $LIBRA, la divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios se retiraron con ganancias millonarias, lo que generó a continuación el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.
El mandatario dijo haber obrado "de buena fe" y enfatizó que había difundido la criptomoneda, pero sin promocionarla, al tiempo que se negó a asumir responsabilidad por los damnificados. La resolución de la Oficina Anticorrupción se centra en determinar si la publicación de Milei constituyó un acto oficial o una actividad privada, y si implicó el uso de recursos públicos o la promoción indebida de intereses particulares.
"Dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor presidente de la Nación al respecto", dice la resolución.
El mandatario dijo haber obrado "de buena fe" y enfatizó que había difundido la criptomoneda, pero sin promocionarla
Por su parte, la ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) advirtió este sábado que sus opositores buscan meterla presa, para evitar que compita en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebrarán en septiembre próximo. En un acto en la provincia argentina de Corrientes, Fernández, quien preside el opositor Partido Justicialista (PJ, peronista), afirmó que se han desatado los "demonios" desde que hace unos días anunció que se presentará como candidata a legisladora provincial en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.
"Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa", sostuvo la ex mandataria. "Todo esto con editoriales que dicen 'está acabada, acorralada'. Si estoy tan así, ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente?", desafió Fernández.
Medios locales especulan con la posibilidad de que la Corte Suprema de Argentina se pronuncie en forma inminente y confirme una sentencia en contra de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En diciembre de 2022, un tribunal oral impuso esa pena a Fernández en la denominada causa Vialidad por irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó, en noviembre de 2024, la condena contra la ex presidenta, quien apeló el fallo ante el Supremo.
En el acto de este sábado en Corrientes, Fernández recordó que en septiembre de 2022, cuando el juicio oral por esta causa estaba en su fase final, un hombre intentó dispararle en el rostro mientras ella saludaba a militantes a las puertas de su apartamento en Buenos Aires. "Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", aseveró. Fernández, de 72 años, también criticó el modelo económico de severo ajuste del Gobierno de Javier Milei.