El Parlamento venezolano continuará debatiendo la amnistía con familias de presos políticos

Venezuela

Una ONG exige la anulación de sentencias y el cierre de casos de presos políticos

Varias personas sostienen carteles con imágenes de presos políticos este martes, durante una Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía.
Varias personas sostienen carteles con imágenes de presos políticos este martes, durante una Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía. / EFE/ Miguel Gutiérrez
EFE

11 de febrero 2026 - 06:00

Caracas/La Asamblea Nacional y el Programa para la Convivencia y la Paz de Venezuela aseguraron este martes que seguirán recibiendo propuestas de familiares de presos políticos en el marco de las consultas públicas por el proyecto de Ley de Amnistía, propuesta por la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez.

El coordinador del Programa para la Convivencia, Ernesto Villegas, también ministro de Cultura, indicó a la prensa que este miércoles seguirán recibiendo a familiares de presos políticos tras un primer encuentro hoy en la sede del Legislativo.

"Yo creo que todos los testimonios que allí se expresaron nos tocaron el corazón y creo que todos los venezolanos estamos en una hora de escuchar y dejar que nuestro corazón se abra", agregó Villegas.

"Yo creo que todos los testimonios que allí se expresaron nos tocaron el corazón y creo que todos los venezolanos estamos en una hora de escuchar y dejar que nuestro corazón se abra"

Decenas de familiares de presos políticos encerrados en diversas cárceles, incluyendo El Rodeo I (Miranda, norte), Yare (Miranda, norte), Tocuyito (Carabobo, norte) y comandos policiales, se congregaron alrededor del Parlamento para exigir ser escuchados en el marco de la consulta pública del proyecto de Ley de Amnistía.

Tras el encuentro, el diputado y presidente de la comisión especial, Jorge Arreaza, indicó que van a escuchar "a todo el mundo" para que la ley pueda ser lo más amplia posible.

"A lo mejor con esta ley no se solucionará todo, pero vamos poco a poco tomando las medidas y los pasos necesarios para el entendimiento nacional", sostuvo.

Igualmente, el primer vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, detalló que la reunión duró unas cinco horas en las que escucharon unos 40 testimonios, lo que calificó como una "gran jornada democrática".

El diputado opositor Antonio Ecarri dijo sentirse "muy conmovido" por los testimonios de los familiares de los presos políticos y consideró como importante que estos hayan sido atendidos en la AN.

Margareth Baduel, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), indicó a los medios tras el encuentro que pidieron a los diputados que se revisen de forma detallada todos los casos de estos detenidos y que todos sean liberados.

"También dejamos claro que si esa Ley de Amnistía se aprueba como está en este momento, pues son más de 500 presos políticos que van a quedar tras las rejas y eso es lo que no queremos", sentenció.

"También dejamos claro que si esa Ley de Amnistía se aprueba como está en este momento, pues son más de 500 presos políticos que van a quedar tras las rejas y eso es lo que no queremos"

En la propuesta, se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

El proyecto de ley fue aprobado en una primera discusión el pasado jueves y, de acuerdo al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, esta semana será aprobado de forma definitiva tras una segunda discusión.

Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Bandres, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, también pidió que sean evaluadas las cárceles, el sistema de Justicia, los funcionarios policiales y militares que "son ejecutores de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, informó este martes de que ha verificado 431 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió por su parte que se anulen las sentencias y se cierren los casos judiciales de los presos políticos, según una nota de prensa difundida este martes.

Espacio Público hizo esta y otras recomendaciones a través de un documento que aseguró haber entregado al Parlamento. En este sentido, la ONG defendió que "la inmensa mayoría de los presos y perseguidos políticos no han cometido delito alguno, sino que han ejercido sus derechos, por lo que deben ser liberados y sus casos cerrados".

"Consideramos imperativo que esta ley no sea un acto de ‘clemencia’ condescendiente, sino un acto de justicia y reparación que reconozca la naturaleza arbitraria de las persecuciones previas", subrayó.

Para la ONG, este proyecto "presenta omisiones graves que podrían comprometer el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la memoria histórica en Venezuela"

Para la ONG, este proyecto "presenta omisiones graves que podrían comprometer el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la memoria histórica en Venezuela".

Además, dijo que la ley busca prevenir que los hechos se repitan, pero "mantiene intacto el entorno legal represivo al no derogar ni reformar las leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión y que son contrarias a la Constitución".

Espacio Público mencionó que el artículo 11 del proyecto "obliga a los organismos administrativos y militares a ‘eliminar de sus archivos los registros y antecedentes’ de los beneficiados", pero recomendó preservarlos.

"Si bien es necesario dejar sin efectos jurídicos los registros y antecedentes penales, su protección y preservación contribuyen con la memoria histórica", argumentó.

La organización propuso otorgar amnistía "a todas aquellas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente", así como "evitar represalias, amenazas, estigmatización y hostigamiento hacia personas, colectivos, movimientos, partidos y organizaciones que participen en las diferentes fases del proceso de consulta y discusión del proyecto".

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