El Congreso de Perú rechaza el adelanto de las elecciones para diciembre de 2023

Las protestas dejan 17 muertos, nueve de ellos el primer día de estado de emergencia

Castillo deberá pasar 18 meses en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y conspiración

Al estado de emergencia se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos. (EFE)
Al estado de emergencia se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos. (EFE)

(EFE).- El pleno del Congreso de Perú rechazó este viernes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023, en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no recibió el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.

Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de esos 87 votos para ser sometido a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.

Al término del debate en el pleno, Guerra pidió a los legisladores que sean "responsables con la historia, con la República" y la democracia y les dijo que tenían "que dar muestras de responsabilidad con la democracia".

Boluarte planteó este miércoles que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023

La ley planteaba recortar el mandato de la presidenta Dina Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones, según señaló Guerra.

En sus disposiciones transitorias especiales establecía que "la presidenta en funciones", en referencia a Boluarte, "convoca a elecciones generales en diciembre 2023 y concluye su mandato el 30 de abril de 2024".

Añadía que los actuales congresistas también concluirían sus funciones el 28 de abril de 2024.

Tras anunciarse la votación, legisladores izquierdistas protestaron en el medio del hemiciclo para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como han planteado en un dictamen en minoría que aún se debe informar si será votado por el pleno.

En medio del resultado de la votación y los reclamos de los legisladores, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió la sesión sin informar en qué momento será retomada.

Boluarte planteó este miércoles que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de una propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país, que han dejado hasta el momento 18 muertos.

La presidenta remarcó que "legalmente los tiempos calzarían" para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron "reajustes" que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.

La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es "un gobierno de transición" y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía".

Boluarte asumió su cargo en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

El Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben "renunciar inmediatamente al cargo"

Por otra parte, un total de 17 manifestantes han muerto hasta este jueves en las movilizaciones de protesta contra el Gobierno, nueve de ellos en esta jornada, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.

El foco de tensión estuvo este día en la ciudad de Ayacucho, al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una región especialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años 80 en su territorio, reportó este jueves la muerte de 7 personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben "renunciar inmediatamente al cargo", y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.

Además, pide que se detenga de inmediato el uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Otros dos fallecidos en la jornada se reportaron en la norteña región de La Libertad.

Este día entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y a esa medida se sumó este jueves el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.

Hasta el momento, a las nueve víctimas se suman los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, una víctima mortal en Arequipa, y otro fallecido previamente en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron en varios puntos del país.

El juez aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que hubiera intentado acudir a la Embajada de México

Mientras las calles de Ayacucho y otras ciudades del país se resentían por la movilización de manifestantes, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaba 18 meses de prisión preventiva contra el destituido expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el autogolpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre.

"Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024", leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.

De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.

Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una "medida de comparecencia con restricciones" para Torres.

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.

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