Al menos cuatro muertos en las protestas por la reforma del Seguro Social en Nicaragua

Las medidas elevan la cuota patroanl y laboral y crean una nueva cotización para los jubilados

Las marchas contra la reforma de la Seguridad Social nicaraguense se tornaron violentas. (@EmisorasUnidas)
Las marchas contra la reforma de la Seguridad Social nicaraguense se tornaron violentas. (@EmisorasUnidas)

(EFE).- Al menos cuatro personas, entre ellos un policía, murieron este jueves en enfrentamientos tras unas controvertidas reformas a la Seguridad Social, que aumentan la cuota patronal y laboral y crean una nueva cotización para los jubilados, informaron la Policía Nacional y medios oficiales.

El agente fallecido fue identificado como Jiltón Rafael Manzanares Alvarado, de 38 años, quien fue asesinado a tiros en las cercanías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), dijo la portavoz de la Policía Nacional, Vilma González, en rueda de prensa.

En ese mismo recinto universitario murieron dos jóvenes, uno identificado como Darwin Urbina por medios oficiales, y otro de identidad aún desconocida, de acuerdo con la información preliminar.

En la Upoli hubo esta noche fuertes enfrentamientos entre quienes respaldan las reformas a la Seguridad Social y quienes se oponen

El cuarto fallecido fue identificado como Richard Edmundo Pavón Bermúdez, un estudiante de secundaria que fue asesinado en el municipio de Tipitapa, vecino de Managua, según la Policía Nacional.

En la Upoli hubo esta noche fuertes enfrentamientos entre quienes respaldan las reformas a la Seguridad Social y quienes se oponen.

Las recientes manifestaciones que se han realizado en diferentes municipios del país contra las nuevas reformas, también ha dejado al menos 33 heridos, según la Cruz Roja.


El canal 100% Noticias fue sacado del aire en Nicaragua mientras sus representantes acusaron al Gobierno por dicha medida, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que apoyan o se oponen a nuevas medidas sobre la seguridad social.

Hasta ahora, dicho canal era el único que transmitía en vivo las acciones violentas.

Otros medios como el Canal 12, Canal 23 y Canal 51, este último perteneciente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, también desaparecieron de la parrilla de la televisión por cable, bien temporalmente en el caso del informativo de Canal 12, o bien de forma indefinida como les pasó al Canal 23 y Canal 51, sin que hasta el momento haya existido una explicación oficial por parte del operador.

Varios canales de televisión fueron saboteados, sucesos que se unen al robo de equipos periodísticos y a la agresión física sufrida por varios reporteros de medios locales y extranjeros

Estos sucesos se unen al robo de equipos periodísticos y a la agresión física sufrida por varios reporteros de medios locales y extranjeros el miércoles por parte de grupos que apoyan las medidas del Gobierno.

La vicepresidenta Rosario Murillo denunció una "manipulación política" existente en las protestas contra las reformas al Reglamento de la Ley de Seguridad Social, y apuntó como culpables a unos "grupos minúsculos llenos de odio" que atentan contra "la paz y el desarrollo".

Murillo, quien en ningún momento identificó a nadie, criticó "a quienes promueven la destrucción y la desestabilización".

"Debemos hacer un llamado a los promotores de violencia que con cobardía y premeditación se ocultan con las cámaras que llevan y los teléfonos que usan para sólo reflejar como culpables a quienes en legítima defensa se pronuncian por la estabilidad, los derechos y la justicia social", indicó la primera dama.

Para Murillo, se trata de una "manipulación perversa" que "no refleja a los agresores y pone a los agredidos como agresores".

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó la violencia desatada, e instó al Gobierno a retomar el diálogo y a garantizar el derecho cívico a la protesta.

Asimismo, abogó por "el derecho a ser informados de manera veraz" y demandó "que aquellos medios que han sido suspendidos de sus transmisiones vuelvan al aire sin restricción alguna".

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua expresó su oposición "a la violencia y a cualquier acción que afecte el derecho inalienable de los nicaragüenses a manifestarse y movilizarse de forma libre y pacífica"

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) también expresó su oposición "a la violencia y a cualquier acción que afecte el derecho inalienable de los nicaragüenses a manifestarse y movilizarse de forma libre y pacífica".

"La libertad de expresión es fundamental en nuestra sociedad, por lo que rechazamos cualquier medida que la restrinja y demandamos que aquellos medios que han sido suspendidos puedan reiniciar sus labores de forma inmediata", indicó.

El capítulo nicaragüense de la asociación mundial de escritores PEN exigió "libertad de expresión y prensa" al Gobierno, al que responsabilizó por la violencia desatada.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) pidió "a las autoridades nacionales que se restaure la paz y la seguridad en el país de forma inmediata en aras del bien común", e instó "al diálogo nacional" y "al respeto y a la restitución del derecho de libre movilización e irrestricta libertad de expresión".

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) pidió al Gobierno que suspenda la reforma de la seguridad social por considerar que atenta contra la economía y que fue el detonante para la escalada de violencia iniciada ayer.

Las manifestaciones se han extendido a 16 ciudades de Nicaragua, según organizaciones no gubernamentales que apoyan las protestas.

Las nuevas medidas sobre la seguridad social establecen que el pago que realizan los trabajadores al INSS pase del 6,25% al 7% a partir del 1 de julio próximo

Las nuevas medidas sobre la seguridad social establecen que el pago que realizan los trabajadores al INSS pase del 6,25% al 7% a partir del 1 de julio próximo.

También eleva del 19% al 21% la cuota patronal a partir de esa fecha, 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5% a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5%.

Además, ahora los jubilados tendrán que aportar un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.

Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del seguro social, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.

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