La SIP alerta que los cambios en Venezuela dejan fuera la libertad de expresión

Miami/La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este miércoles la “exclusión” de la libertad de expresión en la actual transición política de Venezuela, donde afirmó que persisten el bloqueo informativo, la censura digital, la persecución a periodistas y el exilio forzado.

La organización, con sede en Miami, urgió a que Venezuela adopte “medidas concretas” para el ejercicio libre del periodismo, al señalar que las reformas discutidas, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, no contemplan las libertades de expresión y de prensa.

“La omisión de estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas constituye una señal alarmante que compromete la viabilidad de una transición democrática genuina”, indicó el organismo.

El pronunciamiento de la SIP tiene lugar después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) de Venezuela, señalara esta semana que los tribunales rechazaron la amnistía de la periodista Nakary Mena y su esposo, el productor audiovisual y asistente de cámara Gianni González.

"Sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible”

Además, activistas y periodistas exigieron el viernes pasado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a páginas web y cese la “censura a internet generalizada” en el país, donde denuncian que hay más de 200 dominios bloqueados por el Gobierno.

Ante las reformas que impulsa la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la intervención estadounidense del 3 de enero, la SIP sostuvo “que, sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible”.

El organismo exigió “el levantamiento del bloqueo informativo, actualmente impuesto por el ente regulador Conatel”, pues restringe el acceso a más de 60 portales de noticias nacionales e internacionales, como El Nacional, CNN en Español, Infobae y NTN24.

También pidió “garantías jurídicas y personales para periodistas perseguidos, incluyendo el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización”, y que los comunicadores liberados “puedan ejercer plenamente su labor” sin “ningún tipo de limitación o represalia”.

Además, pidió la devolución de bienes y medios confiscados, incluyendo sedes, equipos y frecuencias, en casos que “representan formas de censura patrimonial”.