El sospechoso de organizar el asesinato de un opositor nicaragüense fue entrenado en Cuba y Rusia

Madrid/El supuesto autor intelectual del asesinato de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército nicaragüense y opositor del presidente Daniel Ortega, recibió entrenamiento militar en Cuba y Rusia, según el expediente del caso. Se trata de Pablo Antonio Robles Murillo, un nicaragüense con nacionalidad costarricense que se encuentra actualmente en su país natal, según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al que tuvo accesoLa Nación. 

Roberto Samcam, exiliado desde 2018 en San José, fue asesinado en su vivienda de la localidad de Moravia –al norte de la capital de Costa Rica– por sicarios que accedieron al condominio en que residía con su familia haciéndose pasar por mensajeros. El mayor recibió ocho disparos, dos de ellos en el abdomen, dos en una pierna y los cuatro restantes en el tórax. Pocos minutos después, la Cruz Roja lo declaró muerto.

La prensa costarricense reveló este lunes el expediente –identificado como 87-SH/RCI-2025– de la sección de homicidios en el que se documentan los movimientos de Robles Murillo, que viajó 59 veces entre su país natal y Costa Rica, de los que 10 se produjeron este 2025. La última vez que salió hacia Managua fue el 7 de agosto, cerca de un mes y medio después del asesinato de Samcam, el 19 de junio, y allí se encuentra actualmente de acuerdo con el medio CR Hoy, que dijo haber telefoneado a Robles Murillo. "Él está en Nicaragua. (…) voy a avisarle”, respondió una mujer identificada como Sara que atendió la llamada.

El informante aseguró que hay agentes de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y de la Dirección de Inteligencia de Cuba (G2) en Costa Rica

Según el informe divulgado por La Nación, una fuente anónima dio la voz de alarma sobre Robles Murillo y aseguró a la Policía que los registros de entrada y salida del país confirmarían los viajes entre ambos países del sospechoso, que “estaba en reuniones con la plana mayor del Ejército de Nicaragua hace un mes más o menos, posiblemente coordinando el asesinato del general (sic.) en retiro Samcam".

El documento añade al respecto algunos datos sobre Robles Murillo y afirma que el informante aseguró que hay agentes de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y de la Dirección de Inteligencia de Cuba (G2) en Costa Rica.

"La persona (...) fue entrenada en Cuba y Rusia en labores de inteligencia, asesinato y sabotaje" destaca, además de señalar que fue parte de una unidad militar de los años 80, la Sócrates Sandino, en la que participaba también el general Julio César Avilés, actual jefe del Ejército de Nicaragua.

En el expediente judicial consta que el sospechoso es propietario de un terreno en Upala, Alajuela, registrado el 20 de mayo de 2025. El área está ubicada en la frontera entre ambos países, un dato que los investigadores toman en cuenta a la hora de sospechar sobre sus conexiones con el régimen de Ortega y su papel en la planificación del crimen. 

Según la investigación, Robles Murillo intercambió mensajes con uno de los tres detenidos –actualmente en prisión provisional– en relación con el asesinato de Samcam. Se trata de Danilo Chavez Medina, arrestado el 11 de septiembre con 4 millones de colones (unos 8.000 dólares) y considerado clave en el crimen. Los otros dos son Luis Orozco González y Bryan Robles Salas. Además, la pareja de Chavez Medina, Stephanie Chacón Guillen, también será juzgada por su presunta vinculación con los hechos, aunque en su caso está en libertad provisional. Un quinto sujeto y presunto autor material del asesinato, Luis Carvajal Fernández, está en busca y captura. 

La Fiscalía considera que Chaves recibió el encargo de matar a Samcam y contrató a Robles y Carvajal para ejecutar el crimen, mientras que Orozco se habría encargado de la logística para la huida. A este último se le encontró una fotografía de Rosario Murillo —la esposa de Daniel Ortega y copresidenta de Nicaragua ejerce el poder real— en la memoria de su celular, guardada tras una búsqueda en Google el 28 de noviembre de 2024. La investigación considera un dato relevante que sea la única imagen de un político hallada en el teléfono.

El día en que se produjeron los allanamientos que condujeron a la detención de los encausados, el fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, dijo a la prensa que la información recabada indicaba que el asesinato de Samcam tenía motivaciones políticas.

“Una de las líneas de investigación apunta a que esto fue una orden aparentemente del Ejército nicaragüense. No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución; vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, afirmó.

Los expertos han instado a otros Estados a exigir responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por esta razón

El asesinato del mayor aparece como el cuarto “ataque violento contra un exiliado en los últimos años” en el informe que este martes ha presentado un grupo de expertos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y que concluye que la represión del régimen de Ortega traspasa fronteras. Los expertos han instado a otros Estados a exigir responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por esta razón.

Los casos documentados indican que al menos 452 personas sufrieron esta privación entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, a los que hay que añadir quienes fueron despojados de su nacionalidad sin proceso legal, convirtiéndose de facto en apátridas.

El experto húngaro Reed Brody, miembro del grupo de expertos, destacó que "se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para los que se oponen a Ortega y Murillo. Una mano invisible persigue a los exiliados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, les amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país", agregó.

La investigación añade que la persecución afecta también a quienes han visto confiscados sus bienes, sufrido vigilancia digital o intimidación a los familiares que permanecen en Nicaragua. La vida de estos exiliados "se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente", destacó el alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.