La suspensión de los permisos de trabajo para solicitantes de asilo en EE UU afectaría a casi 400.000 cubanos

Madrid/Mañana viernes es el último día de trabajo para al menos una veintena de empleados de un Walmart ubicado en Miami que estaban en vilo desde que el pasado viernes el Tribunal Supremo de EE UU avaló la decisión de la Administración de Donald Trump de suspender el permiso de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV). Con él, los beneficiarios perdían, entre otras cosas, su derecho a trabajar y por ello los trabajadores del comercio se irán a la calle. Y esto es solo en un establecimiento.

A los cientos de miles de personas que pueden perder sus empleos con la cancelación del parole podrían unirse los solicitantes de asilo –casi 400.000 cubanos– si se cumple una medida propuesta por el Gobierno. Según avanzó este miércoles CBS News, dos funcionarios del Departamento de Estado afirmaron que la decisión está sobre la mesa e implica el fin de una política mantenida durante décadas, que es permitir a las personas sostenerse en el país por sus propios medios y aportar a la economía mientras esperan la resolución de sus casos.

La medida proviene de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y supone una dificultad añadida para los migrantes que han pedido refugio, especialmente cuando, como es sabido, los casos se acumulan en los tribunales provocando dilaciones cercanas a los dos años, pese a que el plazo legal establecido son 180 días. Los asesores de Trump argumentan que muchos solicitantes son en realidad migrantes económicos que intentan “aprovecharse de esa situación”. 

Como recuerda CBS News, la ley en vigor desde 1990 permite que los solicitantes de asilo que llevan 150 días en el país pidan permiso de trabajo. A partir de ese momento, los funcionarios tienen un plazo de 30 días para resolver, lo que en teoría cubre el período de 180 días para que el tribunal decida si procede la concesión de refugio.

Con la nueva, además, se exige que los solicitantes de asilo esperen un año desde que presentan la petición (y no ya seis meses) para cumplir con los requisitos de demanda de permiso de trabajo. 

“Lo que puedo adelantar es que estamos trabajando en la propuesta con la determinación de ponerla en vigor antes de que termine este año”, dijo al medio cubano independiente CaféFuerte un funcionario del Gobierno. 

Según los datos de CBS News, con fuentes oficiales, más del 77% de las solicitudes de asilo se alargan más de 180 días y casi el 40% están pendientes dos años después. Pero incluso para los afortunados que reciben respuesta en el plazo legal, la posibilidad de tener trabajo queda lejos, ya que se exigiría este plazo de un año, insisten las fuentes de la cadena, que también pidió declaraciones oficiales.

"Durante los cuatro años anteriores, la Administración de Biden socavó la integridad del sistema de asilo de Estados Unidos. El Departamento está explorando todas las opciones posibles para proteger nuestra seguridad nacional y aumentar la integridad del programa", dijo en un comunicado en el que insiste en el derecho del Gobierno a “mitigar todas las formas de fraude y abuso".

Sin embargo, las organizaciones de defensa de derechos de los migrantes y refugiados han mostrado su preocupación por que estas personas quedarían privadas de su derecho a sostenerse económicamente, teniendo que pasar a una economía sumergida que, además, puede perjudicar su situación legal. En el plano burocrático, los solicitantes de asilo dejan de ser contribuyentes, salvo en lo que respecta a los impuestos indirectos.

"Los solicitantes de asilo están jugando un papel crítico en una amplia gama de trabajos, desde médicos a la gente que limpia los hospitales", dijo a CBSNews, Conchita Cruz, co-directora ejecutiva de Asylum Seeker Advocacy Project.

En la última década, las solicitudes de asilo en EE UU se han multiplicado, alcanzando en este momento 1,5 millones en manos de Uscis y dos millones en los tribunales migratorios, según datos oficiales. En 2024, solo el 35% de peticiones revisadas recibieron una respuesta afirmativa, con un reparto muy desigual. En Nuevo México y Texas se rechazan una gran mayoría, con porcentajes del 86% y 83%, mientras que en Nevada (23%) y Misuri (19%) la denegación es más baja. 

Trump ya intentó implementar una política similar a la ahora propuesta en su primer mandato, en 2020, pero la llegada de la pandemia le permitió un cierre de fronteras a cal y canto mucho mayor del que jamás hubiera esperado.