Violencia, represión y olvido persisten en Guatemala tras dos décadas de paz

Guatemala/(EFE).- Cuando el 29 de diciembre de 1996 Guatemala firmó la paz, la sociedad anhelaba el fin de la guerra, que la Justicia hiciera su trabajo y que la discriminación acabase, pero dos décadas después persisten el olvido, la represión y la violencia.

La firma de los Acuerdos de Paz parecían ser una oportunidad para el desarrollo de las comunidades indígenas de Guatemala, pero 20 años después solo ha provocando el saqueo de los recursos naturales y la consolidación de un modelo de poder de la oligarquía.

"No beneficiaron a los pueblos indígenas", resume a Efe Mario Itzep, responsable del Observatorio de Pueblos Indígenas, una entidad que reclama insistentemente la refundación del Estado de Guatemala para garantizar el acceso a la tierra y el respeto a las tradiciones ancestrales.

Tras la firma de la paz, la oligarquía mestiza impuso un modelo de desarrollo que ha llevado al país a un crecimiento sostenido del PIB en torno al 4%, pero que choca frontalmente con los derechos de los pueblos indígenas, un colectivo que supone alrededor del 60% de la población del país.

Proyectos hidroeléctricos, agroforestales y extracciones mineras han alterado en las dos últimas décadas el paisaje del país, traduciéndose en constantes enfrentamientos con las autoridades

Proyectos hidroeléctricos, agroforestales y extracciones mineras han alterado en las dos últimas décadas el paisaje del país, traduciéndose en constantes enfrentamientos con las autoridades: desde el 2000 se han registrado oficialmente 4.485 agresiones, casi una diaria.

Haciendo balance de los compromisos contraídos por el Estado hace 20 años, según la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, hay "un saldo negativo", sobre todo en cuanto al resarcimiento de las víctimas.

Durante los 13 años de vigencia del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), sólo se han atendido alrededor de 16.000 solicitudes de pequeñas compensaciones económicas.

En el conflicto armado interno entre 1960-1996 hubo genocidio y se perpetraron unas 669 matanzas, en su mayoría a indígenas y campesinos, que aún siguen buscando Justicia, según el informe "Memorias del Silencio", realizado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas.

Los familiares de las víctimas de una de las masacres, la conocida como la de "Las Dos Erres", tuvieron que esperar 29 años para que los tribunales juzgaran y condenaran a los autores materiales: fue en agosto del 2011 cuando cuatro ex soldados de élite fueron declarados culpables de asesinar a más de 201 indígenas.

Haciendo balance de los compromisos contraídos por el Estado hace 20 años, según la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, hay "un saldo negativo"

Guatemala sigue siendo hoy en día una sociedad militarizada. Las leyes locales le otorgan al Ejército amplias potestades para la vigilancia ciudadana o la lucha contra las pandillas y el narcotráfico.

Según el V Informe Estado de la Región, que analiza los retos de desarrollo humano, entre 2004 y 2014 Guatemala gastó 91,4 millones de dólares en la compra de armas y equipamiento militar a Estados Unidos, que además le entregó al país centroamericano 132 millones de dólares en asistencia militar y policial.

"Este fortalecimiento de las fuerzas armadas (...) no obedece a problemas de seguridad nacional", por lo que implica "riesgos para la estabilidad democrática", advertía en una entrevista con Efe el coordinador académico del informe Estado de la Región, Alberto Mora, el pasado agosto.

Helen Mack, la premio Nobel alternativo de la Paz en 1992, afirma que, pese a la firma de la paz, Guatemala sigue "secuestrada y cooptada" por un Estado paralelo, por una alianza "político-económica-militar" que mantiene subyugada a la sociedad.

Y estos viejos fantasmas también se esconden detrás del partido que llevó al actual presidente, Jimmy Morales, al poder: el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Fundado por militares con gran participación durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, su secretario general, Edgar Ovalle, tiene prohibido salir del país y se analiza quitarle la inmunidad para poder investigarlo por crímenes de guerra.