Cubanos denuncian extorsiones y complicidad con abogados en oficinas migratorias mexicanas

México/Madrid/“¡No te dejes engañar! Los trámites son gratuitos”. Anuncios como este se repiten en todas y cada una de las oficinas públicas mexicanas donde no es necesario pagar por realizar un proceso. Entre ellas, las de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o las del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en las sedes de la ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, y de acuerdo con varios testimonios directos de 14ymedio, los funcionarios de esas instituciones “venden todo”.

Esas mismas son las palabras de Niorbis, natural de Matanzas, quien lo ha sufrido en carne propia. Cubanos, colombianos y venezolanos, cuenta, han pagado hasta 1.500 dólares por agilizar “citas, constancias de solicitudes y hasta entrevistas grabadas”, pero sus procesos no son, finalmente, más rápidos. Muchos de ellos siguen sin obtener documentos como refugiados.

Figueredo asegura que trató de evitar “extorsiones” y acudió a mediados de junio a la sede migratoria. “Una semana parado todos los días para que me dieran la cita”, lamenta este migrante de 28 años. “Te tienen ahí, en la cola y al final piden que esperes correo de la Comar. Nunca llega, todo es corrupción”. 

"Si no pagas a un abogado no te dan nada, pero si pagas 50.000 pesos, tienen la promesa de permanencia en el país"

Finalmente, el cubano tuvo que acudir a un abogado, de nombre Ezequiel, que le cobró casi 4.000 pesos mexicanos [200 dólares] por dar celeridad a su trámite. “En tres días resolvió lo de las ocho firmas que piden en la Comar, y ahora estoy esperando fecha para la entrevista final”.

Otra migrante, Viviana, afirma que “la Comar es un prostíbulo”. A esta colombiana le negaron la visa humanitaria y alega que los funcionarios han puesto precio a los trámites que "van desde 15.000 a 25.000 pesos [poco más de 1.304 dólares]”. La joven dice que “si no pagas a un abogado no te dan nada. Pero si pagas 50.000 pesos [2.650 dólares] tienen la promesa de permanencia en el país”.

Luego de tres rechazos, el cubano Alexander Barrera y tres de sus familiares pagaron 36.000 pesos [casi 2.000 dólares] para que, con la asesoría de un abogado, iniciaran su proceso para solicitar refugio.

El hecho de que los migrantes acaben teniendo que contratar a letrados para que les realicen el proceso es parte de la corrupción. Es lo que opina, al menos, Raúl, cubano de Holguín, quien estuvo varado con su familia en Tapachula, esperando un refugio que llegó cuatro meses más tarde de lo que debía. Él entendió muy bien que no debía ceder a la extorsión, pero no ocurrió lo mismo con amistades suyas, que llegaron a pagar más de 1.000 dólares por la resolución de sus expedientes.

"Comar niega tu proceso para obligarte a que busques un abogado, de hecho ellos mismos llegan a sugerirte cuál"

“Es donde entran en juego los abogados”, refiere a 14ymedio. “Comar niega tu proceso para obligarte a que busques un abogado, de hecho ellos mismos llegan a sugerirte cuál. Ese abogado te hace el proceso por 20.000 o 25.000 pesos mexicanos [entre 1.000 y 1.300 dólares], y por supuesto entonces lo resuelven, y siempre, siempre, sin ningún tipo de contrato”.

El relato de los que sufren estas vicisitudes se parece. La Comar comienza a demorar los correos –hasta tres meses, el primero de los que deben recibir los migrantes para proseguir el trámite desde que lo comienzan– y los afectados empiezan a presentar reclamaciones. Es entonces que la instancia gubernamental sugiere algo como esto: “Te aconsejo que también busques un abogado, si no estás en condiciones de hacerlo por ti mismo, y ellos ayudan, porque estamos colapsados”.

La voz que corre entre los migrantes es mayoritaria: “sin abogados, no lo vas a lograr”. Dice Raúl: “Es una rueda mágica que tienen entre todos ahí”. En realidad, explica, los letrados no llevan a cabo ningún procedimiento que no pueda hacer uno mismo ante la propia Comar. Y sentencia: “Independientemente de que las oficinas estén colapsadas o no, están violando las leyes”.

En efecto, el cohecho –el delito “cometido por un servidor público que solicita o acepta dinero o cualquier otra dádiva a cambio de realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones, ya sea en beneficio propio o de un tercero”– está tipificado en el Código Penal Federal mexicano y conlleva incluso penas de prisión.

"Independientemente de que las oficinas estén colapsadas o no, están violando las leyes"

Luis Rey García Villagrán, que organiza la salida de una caravana el próximo 4 de agosto, acusó a la coordinadora regional de la Comar, Carmen Yadira de los Santos Robledo, de “prolongar deliberadamente” los trámites de los migrantes. “Buscan hartar a la gente. El mensaje es claro: ‘o pagas o no avanzas’”.

El activista recordó que De los Santos “tiene un negro historial como representante del INM en Tapachula (de 2019 a 2022) y en Yucatán (2023), y ha regresado para seguir con los actos de corrupción en la Comar”.

Además, señaló el contubernio de las autoridades con el titular de Comar en Tapachula, Farah Cerdio. Pese a las constantes quejas y pruebas que migrantes y colectivos defensores de derechos humanos han presentado ante las autoridades, lamenta, no hay consecuencias legales ni siquiera destituciones.

Este jueves, empleados de la Comar denunciaron a De los Santos por una serie de despidos injustificados, nepotismo, explotación laboral y falta de pago. La funcionaria, aseguran los agraviados, colocó a familiares y conocidos en los cargos de las personas que fueron obligadas a dejar sus puestos de trabajo. Los que siguen laborando, por su parte, dijeron que llevan quince días sin recibir su salario.

"Hay más de 3.000 personas trabajando en los 4.500 bares y cantinas en condiciones paupérrimas y nadie hace nada"

Según Villagrán, los migrantes varados en Tapachula han sido presa de explotación laboral y sexual. “Hay más de 3.000 personas trabajando en los 4.500 bares y cantinas en condiciones paupérrimas y nadie hace nada”.

Sobre este tema, el miércoles pasado, encaró a los funcionarios que estuvieron presentes en la Feria Informativa en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se realizó en el auditorio del Parque Central Miguel Hidalgo: “Vienen a tomarse la foto, la selfie, mientras son explotadas muchachas en la prostitución, además de miembros de la comunidad LGBT son explotadas. Estos eventos, con todo el debido respeto, son simulación, una simulación”.

Tapachula se ha convertido en un segundo hogar para 13.779 cubanos. Sin embargo, 5.959 de estas personas siguen sin regularizar su situación migratoria. En el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, 1.533 cubanos cuentan con una Tarjeta de Residente Temporal, lo que les garantiza permanencia legal en el país por un periodo limitado y su posterior renovación. Otras 3.915 personas de la Isla ya cuentan con la residencia permanente.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas ha expedido, además, 2.228 Tarjetas por Razones Humanitarias a cubanos en situación vulnerable o de riesgo, lo que les da acceso temporal a servicios y protección legal.