Desalojan en Uruguay a cubanos que pagaron hasta 746 dólares a unos falsos propietarios

La Habana/Familias de migrantes cubanos y dominicanos que pagaron 30.000 pesos uruguayos (746 dólares) por la llave de un departamento fueron desalojadas este martes de un edificio en Ciudad Vieja, en Uruguay. Según la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, “se vulneraron los derechos humanos de las personas”.

Los testimonios de los okupas revelan más cifras sobre los costos por los departamentos. La dominicana Yani pagó, en 2024, 40.000 pesos (995 dólares) para “comprar” dos cuartos. Otro inmigrante que aterrizó desde Santo Domingo en 2022 pagó 60.000 pesos (1.493 dólares) por una habitación y una sala a los falsos dueños uruguayos. 

España precisó al periódico La Diaria que en el inmueble ubicado en las calles 25 de Mayo y Treinta y Tres habitaban 35 familias con 11 menores de edad. De acuerdo con la funcionaria hubo arbitrariedad, debido a que el Poder Judicial “tiene facultad para no desalojar en estas épocas de invierno y tampoco cuando hay niñas, niños y mujeres embarazadas, como es este caso”.

Les dieron 30 minutos para tomar sus pertenencias y abandonar el lugar o “las tiraban todo por la ventana”.

La Policía tocó y en algunos casos derribó las puertas de los cuartos ocupados por decenas de migrantes. Les dieron 30 minutos para tomar sus pertenencias y abandonar el lugar o “las tiraban todo por la ventana”, contó un dominicano al diario El Observador. 

“No puede ser que haya desalojos sin contemplar aspectos básicos en materia de derechos humanos, de protección de las infancias, quedando el procedimiento en un plano de altísima discrecionalidad”, insistió España.

Los abogados de los propietarios afirmaron al mismo medio que los okupas se apoderaron del edificio desde hace años. En 2019 se presentó la primera denuncia por ocupación ilegal. “En aquella ocasión se procedió a desalojar y tapiar, pero rápidamente se volvió a ocupar”, dijeron.

En 2022 volvieron a presentar una denuncia por usurpación. El caso se demoró y, luego de varias prórrogas, este martes llegó el segundo desalojo.

El lugar, sostuvieron los letrados, “era utilizado como escondite de varios delincuentes y un lugar de venta de drogas. Además, era habitual ver a consumidores ingresar con objetos robados”.

El Mides trasladó a unas 20 personas, entre madres y niños migrantes, a una vivienda. "Otras personas irán a algún centro”, dijo el director nacional de Protección Social, Daniel Gherard. “Se darán respuestas en todos los casos” y se comprometió a que “a la intemperie no va a quedar nadie. Nadie se va a quedar en la calle”.