Guatemala inaugura un nuevo centro de atención para migrantes deportados de EE UU y México

Ciudad de Guatemala/ Los Ángeles/ Nueva York/Guatemala inauguró este lunes un nuevo centro de atención para migrantes deportados desde Estados Unidos y México, con capacidad para atender a 150 personas. El nuevo espacio se encuentra en el centro de la Ciudad de Guatemala y cuenta, de acuerdo al Gobierno, con servicios para buscar oportunidades laborales para los migrantes retornados de manera obligatoria a la nación centroamericana.

También pretende brindar acceso a programas sociales que ayuden a la reinserción de los deportados, además de atención psicosocial gratuita.

La inauguración contó con la presencia del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, y su vicepresidenta, Karin Herrera. “En este país siempre habrá un lugar para ustedes”, dijo Arévalo de León en relación a los migrantes, durante su participación en la inauguración del lugar.

Y añadió: “En este centro, nuestros hermanos y hermanas encontrarán apoyo emocional, oportunidades de trabajo que valoren su talento y experiencia y todo tipo de apoyo necesario para reconstruir sus vidas”.

“En este centro, nuestros hermanos y hermanas encontrarán apoyo emocional, oportunidades de trabajo que valoren su talento y experiencia y todo tipo de apoyo necesario para reconstruir sus vidas”

El nuevo espacio para los migrantes deportados fue bautizado como Centro de Atención y Registro (CAR) y se encuentra bajo la administración del Instituto Guatemalteco de Migración.

En los primeros cinco meses del año, Estados Unidos ha deportado a 14.125 guatemaltecos y México a otras 2.761 para un total de 17.886 retornados de manera obligatoria al territorio del país centroamericano, de acuerdo a datos oficiales.

En 2024, la cifra ascendió a casi 75.000 guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos y México, y también por la vía terrestre desde la nación que preside Claudia Sheinbaum.

Cada año, de acuerdo a cálculos de organismos internacionales, alrededor de 300.000 guatemaltecos tratan de migrar de manera irregular a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida lejos de la pobreza y violencia que viven en su país natal.

Pero en EE UU las cosas se han complicado para ellos. Este lunes, Texas presentó un proyecto de ley que refuerza su política antiinmigrante y que permitirá a la mayoría de alguaciles cuestionar el estatus migratorio de las personas.

El proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8) exigiría también a los departamentos del alguacil que prestan servicios carcelarios al ICE que firmen acuerdos con la agencia migratoria. Al menos 234 de los 254 condados del estado estarían obligados a firmar los pactos con ICE, que permitirían a los alguaciles cuestionar el estatus legal de los detenidos, según datos citados por el periódico The Texas Tribune.

La medida aprobada este domingo por los republicanos, que dominan las dos cámaras de la Legislatura, pasó al escritorio del gobernador de Texas, Greg Abbott, que se espera la firme. Sin embargo, la SB-8 ha generado críticas por parte de los defensores de los derechos civiles y de legisladores demócratas.

“La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”

“La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”, dijo en un comunicado Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU).

El proyecto también “desviará los limitados recursos” de las fuerzas del orden, conducirá a la discriminación racial y relegará a las víctimas y testigos de delitos a la sombra, agregó la activista.

Un reciente análisis del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) mostró que las políticas de control migratorio adoptada por el gobernador Abbott durante los últimos cuatro años abrieron el camino para la actual política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

“Texas ha servido como terreno para experimentar con políticas indiscriminadas y cargadas de odio que Trump rápidamente adoptó tras su reelección a nivel nacional y que también han infectado a otros estados que han promulgado leyes y políticas similares”, advirtió el reporte.

En el lado contrario se ubica la Alcaldía de Nueva York, que se unió este lunes a la defensa legal del estudiante venezolano Dylan López Contreras, detenido el pasado 21 de mayo por agentes de inmigración tras asistir a una audiencia en un tribunal relacionada con su estatus migratorio.

El alcalde Eric Adams informó este lunes de que la ciudad se ha unido al caso como “amigos de la corte” en apoyo al joven de 20 años, que vivía en El Bronx con su familia y que no tiene antecedentes penales.

Este es el primer caso conocido de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de un estudiante del sistema educativo público de Nueva York.

Este es el primer caso conocido de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de un estudiante del sistema educativo público de Nueva York

En el documento, presentado en el Distrito Oeste de Pensilvania, donde Contreras se encuentra detenido a pesar de vivir en Nueva York, se argumenta que está detenido sin causa y en violación de su derecho al debido proceso. Además, también se señala que la ciudad es menos segura cuando los inmigrantes tienen miedo de acceder a servicios básicos y asistir a audiencias judiciales de inmigración, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía.

Del mismo modo, el escrito destaca las importantes contribuciones que los inmigrantes han tenido durante mucho tiempo en la ciudad, específicamente en su tejido cultural y en lo que respecta al crecimiento económico y la prosperidad general.

López Contreras acudió con su madre y sin un abogado a una cita migratoria rutinaria de su solicitud de residencia permanente el 21 de mayo en la que “inadvertidamente” renunció a protecciones legales. Al salir del tribunal en Manhattan, los agentes del ICE, vestidos de incógnito, lo siguieron y detuvieron, lo que ha causado indignación y protestas en la ciudad.

El venezolano llegó a EE UU bajo la política de la Administración de Joe Biden que le permitió iniciar un proceso de solicitud de asilo, y estudia en una escuela pública de la ciudad. Adams recordó que López Contreras acudió varias veces al centro de ayuda para solicitudes de asilo que la ciudad estableció para ayudar a la ola de inmigrantes que han llegado durante los pasados dos años.

“Mantener seguros a los neoyorquinos siempre ha sido nuestra principal prioridad, y nuestra ciudad es menos segura cuando las personas tienen miedo de usar los recursos públicos y se ven obligadas a esconderse en las sombras”, indicó Adams, que ha sido criticado por activistas por su apoyo a la política de deportaciones del presidente Donald Trump, con quien se ha reunido en dos ocasiones.

El demócrata, que busca la reelección como candidato independiente en las elecciones de noviembre, se ha defendido alegando que la cooperación se limita al arresto de inmigrantes con récord criminal y que la ciudad sigue respetando las leyes de ciudad amiga de inmigrantes o “ciudad santuario”.