Un juez federal anula la suspensión de procesos migratorios de cubanos y nacionales de otros 38 países

Madrid/Un juez federal de Rhode Island declaró este viernes “ilegales” las políticas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump que, hace seis meses, suspendieron los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de ciudadanos de 39 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

En una durísima resolución de más de 100 páginas, el magistrado John McConell Jr. afirma que esas medidas, adoptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), dejaron a “innumerables inmigrantes que residían en Estados Unidos en un limbo legal indefinido” y concluye que eran “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”.

Según McConell, Uscis se atribuyó competencias que no posee. Las razones de seguridad nacional en que la institución fundamentó sus decisiones, dice el juez, son pretextos destinados a ocultar sentimientos xenófobos, algo que la agencia tiene prohibido a la hora de actuar.

La medida bloqueaba no solamente la resolución de solicitudes de asilo, residencia permanente y ciudadanía estadounidense, sino también de permisos de trabajo, algo fundamental para permanecer en el país de manera legal.

La agencia infringió tanto las leyes de inmigración que le corresponde administrar como las normas administrativas que regulan su actuación

El magistrado sostiene que la suspensión aplicada por Uscis no respondía a ninguna conducta indebida de los afectados, sino únicamente a la circunstancia de su lugar de nacimiento. Asimismo, determinó que la agencia infringió tanto las leyes de inmigración que le corresponde administrar como las normas administrativas que regulan su actuación.

Estas políticas fueron implementadas después de que un ciudadano afgano disparara contra miembros de la Guardia Nacional en Washington DC en noviembre de 2025, lo que causó la muerte de una agente y heridas a otra. La sentencia también recoge declaraciones de la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldadas por Trump, en las que proponía “un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a las ayudas sociales”, además de cargar contra los llamados “invasores extranjeros”.

Además de Cuba, Venezuela y Haití, del continente americano fueron incluidos también Antigua y Barbuda y Dominica, si bien la mayoría de los países afectados por estas medidas eran africanos. 

La decisión judicial ha sido celebrada por Democracy Forward, una de las organizaciones que representó a diversos colectivos de inmigrantes y trabajadores, entre ellos la Venezuelan Association of Massachusetts y el sindicato Service Employees International Union (SEIU).

“Este fallo reafirma un principio fundamental: el Gobierno federal no puede suspender las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su país de origen”, afirmó Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.