Una jueza suspende la aplicación de una orden de Trump que prohíbe legalizar a los migrantes con 'parole'

Madrid/Indira Talwani, la jueza federal que el pasado mes ordenó bloquear temporalmente la cancelación del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, ha vuelto a dar la razón a otro grupo de demandantes que denunció al Gobierno de Donald Trump por acabar con ese mecanismo que les permitió entrar legalmente en EE UU. 

La magistrada ha ordenado ahora reanudar la tramitación de solicitudes de migrantes que aspiran a un permiso de trabajo o un estatus migratorio más duradero y que residen temporalmente en el país bajo estos programas de libertad condicional. En esta ocasión, la medida abarca también a los programas de protección para afganos y ucranianos, Uniting for Ukraine y Operation Allies Welcome, que también están entre los ocho denunciantes.

Algunos de los citados por la agencia Associated Press son Maksym y Maria, una pareja ucraniana; Alejandro, que salió de Nicaragua después de que su padre fuera secuestrado y torturado, y Omar, quien colaboró durante más de 18 años con el Ejército estadounidense en su país natal, Afganistán. Ninguno de ellos está identificado por su apellido para preservar su identidad ante el miedo a ser deportados. 

Talwani ha reiterado que la Administración estadounidense canceló de manera inapropiada los permisos humanitarios para cientos de miles de personas

Talwani ha reiterado que la Administración estadounidense canceló de manera inapropiada los permisos humanitarios para cientos de miles de personas a las que se les había permitido vivir temporalmente en Estados Unidos. Además, insiste en que se les ha impedido la renovación –a través de un bloqueo temporal–, conocida como re-parole, y que esta debe reanudarse, al igual que otros permisos como el de reunificación familiar. 

La jueza ha remarcado, según AP, que las dos órdenes dictadas por el Departamento de Seguridad Nacional para suspender las renovaciones a la espera de una revisión adicional “probablemente no sobrevivirían a una impugnación”. En concreto, sobre una de ellas, precisa que "no brinda una explicación razonada" para justificar estas acciones. 

"La 'pausa' ha estado en vigor durante tres meses; la pausa es, para fines prácticos, una suspensión indefinida", destaca en el fallo. El Departamento de Seguridad Nacional no ha querido hacer comentarios a AP ni a Reuters, que también dio este miércoles la información.

La jueza Talwani, de Boston, en el Distrito de Massachusetts, fue nombrada para el cargo por el ex presidente Barack Obama, algo que la actual Administración quiso destacar al rechazar su primer fallo contrario a la suspensión del parole para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. 

"Hablé con la oficina del abogado de la Casa Blanca sobre esto esta mañana porque, obviamente, otra jueza de distrito deshonesta está intentando bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno con esta última orden judicial", dijo la portavoz Karoline Leavitt el pasado abril, un día después de conocerse el primer fallo. Respondía así a una pregunta de un periodista de Fox News que le dio la oportunidad de dejar clara su opinión al cuestionar por qué a Joe Biden se le permitió aprobar “de repente” una norma y a Trump se le impedía revocarla, ignorando que en ambos casos se debe actuar de acuerdo con la ley.

"Seguiremos concentrándonos en deportar a tantas personas como podamos", dijo Leavitt, que avanzó en aquel momento algunas ideas que luego se han hecho realidad, como la del pago de una ayuda y el billete de viaje para quienes decidan “autodeportarse”, como denomina el Gobierno estadounidense a la decisión condicionada que han tomado ya algunos migrantes a la vista de las políticas de presión de Trump. 

Los programas de parole humanitario comenzaron bajo el Gobierno de Joe Biden para afganos y ucranianos con el fin de dar una salida legal a los refugiados

Los programas de parole humanitario comenzaron bajo el Gobierno de Joe Biden para afganos y ucranianos con el fin de dar una salida legal a los refugiados que habían colaborado con el Gobierno estadounidense durante la guerra y despliegue en Afganistán (2001-2021) y quienes huyeron de la invasión de Putin a Ucrania, en el caso de los segundos. En 2023, la Administración adaptó estos planes para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que llegaban de manera ilegal y peligrosa a EE UU huyendo de la miseria y autoritarismo de sus países.

A través de estos programas, más de 875.000 personas se instalaron en EE UU con el apoyo de los denominados patrocinadores, que respondían económicamente por ellos. No obstante, también fueron pasto de irregularidades y fraudes, como lo determinó una investigación que obligó a pausarlos por al menos dos meses en 2024. Estos hechos alimentaron entre los republicanos el discurso de que eran inviables y se debían suprimir, en vez de someterlos a mejores controles. 

Tras ganar las elecciones, Trump ha estado poniendo fin a este programa así como al CBP One –de solicitud a través de una aplicación de cita migratoria en frontera–, a la vez que implementando medidas para las deportaciones de quienes los usaron para emigrar. La Justicia, sin embargo, ha quitado la razón en varias ocasiones al Gobierno, por considerar que no hay argumentos para considerar que los permisos atenten contra el interés nacional y público, aunque la Administración no ceja en su empeño y seguirá apelando. 

No ha ocurrido lo mismo con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, que ha sido revocado con el aval del Tribunal Supremo.