Al VII Congreso del PCC, sin cumplir los acuerdos del VI
La Habana/Ya se ha anunciado que en abril del próximo año se celebrará el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). El trabajo previo en las bases ha sido tímido, por ponerle un calificativo suave. En una escueta nota, el diario Granma en su edición del pasado jueves 29 de octubre señala que solo faltaban tres municipios para concluir el balance de trabajo de cara al VII Congreso.
Los temas más discutidos fueron el papel del PCC en el seguimiento e implementación de los Lineamientos, el enfrentamiento a la corrupción, delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales, la política de cuadros, el crecimiento en las filas del PCC y la UJC, la formación de las nuevas generaciones y la labor para contrarrestar la subversión político-ideológica.
Esta forma de análisis parece olvidar que no es el partido el encargado de hacer las leyes para implementar los lineamientos, sino el Gobierno y la Asamblea Nacional, ni el encargado de enfrentar los delitos, las ilegalidades y la corrupción, tareas en todo caso de la policía.
La nota no entra detalles. Allí se queda.
No se conoce de ningún documento base para las discusiones que aborde in extenso el problema de los lineamientos y su cumplimiento, el alma de todo lo que se hizo en el VI Congreso, donde por cierto su primer secretario dijo que estos acuerdos no se iban a tomar para no cumplirse, como se había hecho en anteriores eventos de este tipo.
No se ha presentado ningún programa. La discusión de la definición del modelo socialista, tan anunciada, brilla por su ausencia en las bases y en la prensa del partido. No hay "orientaciones" al respecto. No se dice nada del aporte de las bases del partido a la nueva constitución que, se dice, se está elaborando. Nada se dice de los cambios que precisa el poder popular. Pero Granma deja claro que "hubo un alto grado de unidad y cohesión en los análisis realizados".
No se ha presentado ningún programa. La discusión de la definición del modelo socialista, tan anunciada, brilla por su ausencia
El 31 de octubre empezarían las asambleas provinciales por Pinar del Río. Pero todos sabemos que los acuerdos fundamentales del VI Congreso, relacionados con los lineamientos, simplemente no se han cumplido, y la economía popular sigue siendo un desastre, aunque nadie duda de que esté entrando más dinero a las arcas del monopolio mercantil militar.
Los gobernantes sabían desde mucho antes del VI Congreso que el modelo estatal asalariado centralizado estaba fracasado y por eso hicieron los lineamientos del VI Congreso que, con todas sus limitaciones indicaban claramente que había que cambiar hacia una pluralidad de formas, que incluían la inversión extranjera directa, el cuentapropismo y la cooperativización amplios.
Sin embargo, a los lineamientos del VI Congreso les ha pasado como a la Constitución del 40: no se le hicieron las leyes complementarias o se decretaron sesgadamente. Las tierras repartidas en usufructo, no en propiedad, no garantizan a los nuevos campesinos el futuro de sus inversiones, hasta hace poco no se podría construir ni un vara-en-tierra para guardar herramientas, los créditos que ofrece el Gobierno son insuficientes para el desarrollo de una agricultura moderna y eficiente y parte de las cosechas hay que seguirlas entregado al monopolio estatal al precio establecido por esa entidad.
La inversión extranjera ha quedado limitada a los intereses del Estado, sujeta a regulaciones absurdas y sin poder contratar libremente a sus empleados.
El cuentapropismo está cerrado a un número de actividades, los profesionales de la medicina y otros sectores no pueden practicarlo, los impuestos son abusivos, no se les permite crecer a los pequeños negocios, no se creó el mercado mayorista y siguen sin posibilidades de comprar y vender fuera del país.
El cooperativismo no agropecuario se ha limitado a chinchales estatales en crisis que siguen dependiendo del Estado, sin permitir la apertura del cooperativismo independiente, pues incluso para hacer una cooperativa libre hay que pedir permiso al Consejo de Ministros, cuando bastaría con una inscripción en el registro de sociedades mercantiles que ni siquiera se ha creado.
La autonomía de las empresas, de la que tanto se habló, espera por tiempos mejores y solo hay información de que ha sido aplicada en algunos centros en forma limitada, pues realmente ninguna tiene libertad para invertir, comprar y vender lo que necesita.
A los lineamientos del VI Congreso les ha pasado como a la Constitución del 40: no se le hicieron las leyes complementarias o se decretaron sesgadamente
El prometido pago por trabajo se quedó en una vaga Ley 17, que cada municipio y empresa aplica como se le ocurre y en definitiva no establece nunca con claridad la participación de los trabajadores en una parte de las ganancias, dejando el cálculo a cumplimientos de planes, que casi nunca dependen de la base, sino de la estructura burocrática y los monopolios estatales de comercio.
En fin, reconocieron el fenómeno pero no se atrevieron a hacer lo que sabían que tenían que hacer porque las direcciones del partido y el Gobierno, que son una y la misma cosa, estaban conscientes de que legislaciones consecuentes que permitieran la inversión extranjera, el cuentapropismo, el cooperativismo libres, la autonomía empresarial y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas terminarían por dar a luz un nuevo modelo de acumulación y control de la riqueza que nada tendría que ver con aquel entuerto impuesto en nombre del "socialismo" que ha permitido a la burocracia disponer libremente de los dineros del pueblo.
En fin que el Estado-Gobierno-Partido sigue parado en sus trece de que la gran empresa estatal asalariada es el eje de la economía nacional. Grande, estatal y asalariada, precisamente las causas del fracaso de la economía en el llamado "socialismo de Estado".
Siempre se ha sabido: la historia enseña que todas las luchas sociales desde la descomposición de la comunidad primitiva tuvieron como centro el control de la riqueza. Un modelo de economía socializada, donde las propiedades y las ganancias fueran compartidas, impediría que una elite burocrática se apropiara de la riqueza de la nación para la distribución a su antojo. Y como el que parte y reparte...
A estas alturas, a más de cinco años, si los acuerdos del VI Congreso se hubieran aplicado consecuentemente, si las leyes para hacer efectivos los lineamientos aprobados no estuvieran plagadas de obstáculos, prejuicios y limitaciones, ya el modelo de economía estaría dominado por la autonomía empresarial, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas y hubiera implicado un cambio en la forma de acumular y gastar la riqueza, a favor del pueblo y los trabajadores y en detrimento de la elite burocrática. Por eso no se hicieron las leyes complementarias adecuadas. Es la esencia de todo lo que está pasando ahora. Y ese es el pollo del arroz con pollo. Pedir a la burocracia que ella misma se limite es mucho pedir.
La gran empresa estatal asalariada es el eje de la economía nacional. Grande, estatal y asalariada, precisamente las causas del fracaso de la economía
En fin, que los lineamientos no se instrumentaron consecuentemente, con la justificación de ir "sin prisa", por lo cual la situación de hoy no es muy diferente a la de 2010, sin negar que algunas medidas absurdas, como las llamó el propio general Raúl Castro, se han modificado, siempre en busca de exprimir el último dólar en la población, respecto al turismo, la telefonía celular, algo de internet, algunos cambios en las leyes migratorias, o cuentapropismo.
Lo que están logrando con esta obstrucción de la propia política aprobada por el PCC es que la gente toda, incluidas las bases del partido, se vayan dando cuenta de que se hace imprescindible una democratización del sistema político, que no podemos seguir con un modelo verticalista impositivo, con un partido único que establece políticas que después ni siquiera es capaz de impulsar, pues las niega en la práctica.
No es nada nuevo. Los trabajadores y el pueblo siempre han sabido que la justicia social y la solución a sus problemas más perentorios y de los asuntos de las comunidades no se alcanzan por la buena voluntad de los poderosos. Saben que tienen que luchar por la descentralización y desestatización del poder político y económico. De forma pacífica y democrática, pero luchar, mancomunarse, organizarse en los centros de producción y servicios y en las comunidades para exigir sus derechos y hacerlos valer de manera que se haga realidad el poder del pueblo.
Por enésima vez: abran cauces a las demandas populares. No digan después que no fueron advertidos.
