Apuntes para una transición hacia una república que funcione en Cuba

Huesca (España)/Hay una fantasía recurrente en los círculos del exilio y en ciertos despachos de Washington: la de un pueblo que un día despierta, sale a las calles y, con la simple fuerza de su hartazgo, restaura la democracia. Es una imagen poderosa y comprensible. También es, a estas alturas, peligrosamente ingenua.

El mayor obstáculo para el cambio en Cuba no es la longevidad de una gerontocracia aferrada al poder ni la fidelidad de sus generales. Es algo más difícil de cuantificar y más difícil aún de reparar: el daño que 67 años de totalitarismo han infligido sobre la textura misma de la sociedad cubana. El régimen no solo destruyó instituciones: destruyó la confianza entre vecinos. Reemplazó el tejido social por una red de vigilancia y delación. Convirtió la envidia al que prospera en virtud cívica, y el fracaso colectivo en prueba de igualdad.

El resultado es una atomización profunda. La oposición interna existe, pero vive en una vulnerabilidad extrema, no solo frente a la represión del Estado, sino frente a un entorno donde la sospecha es el idioma cotidiano y donde cualquier alternativa organizada es aplastada antes de poder echar raíces. Cuba no tiene hoy una sociedad civil independiente. Tiene, en su lugar, un desierto institucional.

Lo que Cuba necesita no es una transición, en el sentido convencional del término, sino una refundación

Reconocer esto no es pesimismo. Es el punto de partida honesto de cualquier análisis serio. Y de ese punto de partida se deriva una conclusión que incomoda a muchos pero que la historia de los últimos 130 años impone con claridad: lo que Cuba necesita no es una transición, en el sentido convencional del término, sino una refundación.

La diferencia no es semántica. Una transición supone una continuidad institucional que en Cuba simplemente no existe. Lo que ocurrió no fue la evolución de una república hacia otra forma de gobierno: fue el secuestro de un Estado por una dinastía que lo administró como patrimonio familiar durante más de seis décadas. El hilo constitucional fue cortado. Restaurarlo exige más que elecciones; exige reconstruir desde cero los cimientos sobre los cuales esas elecciones puedan tener algún sentido.

Eso implica aceptar una verdad incómoda: que Cuba, en el período inmediatamente posterior al régimen, no estará en condiciones de gobernarse a sí misma sin andamiaje externo. No porque sus ciudadanos sean incapaces –son, de hecho, extraordinariamente resilientes–, sino porque las instituciones que harían posible ese autogobierno han sido sistemáticamente destruidas. Un país sin sistema judicial independiente, sin prensa libre, sin partidos con arraigo real, sin tradición reciente de alternancia pacífica, necesita tiempo y estructura antes de poder sostener una democracia funcional.

Evitar que el vacío de poder sea llenado por los mismos actores que hoy oprimen al país, o por otros igualmente violentos

La alternativa al andamiaje externo no es la soberanía inmediata. Es el caos. Los ejemplos abundan y son instructivos en su brutalidad: Libia después de Gadafi, Irak después de Hussein, Somalia después de Barre. El colapso de una dictadura sin una arquitectura de reemplazo no produce libertad; produce violencia, fragmentación y, con frecuencia, el regreso de alguna forma de autoritarismo bajo una etiqueta distinta.

Para Cuba, la propuesta que merece discusión seria es la de una administración civil de transición respaldada internacionalmente –con participación central de Estados Unidos y de la diáspora cubana– que provea el orden y la legitimidad técnica necesarios mientras se reconstruyen las instituciones. No una ocupación. No un protectorado al estilo colonial. Sino un andamiaje temporal, explícito en sus límites y en su fecha de caducidad, diseñado para evitar que el vacío de poder sea llenado por los mismos actores que hoy oprimen al país, o por otros igualmente violentos.

Para que ese andamiaje no colisione con el orgullo nacional –que es real y legítimo, y que no debe confundirse con el nacionalismo fabricado por el régimen–, su operatividad cotidiana debería recaer en un Consejo Civil de Transición integrado por cubanos. No políticos en busca de un cargo, sino juristas e intelectuales de probada integridad técnica, sin ambiciones electorales inmediatas y sin vínculos con las facciones que inevitablemente competirán por el poder en la etapa siguiente.

Entre quienes reúnen esas condiciones figuran nombres que la comunidad jurídica cubana conoce bien: Eloy Viera Cañive, cuya precisión para desmontar legislación autoritaria es excepcional; Julio Antonio Fernández Estrada, uno de los conocedores más rigurosos de la historia constitucional cubana; y Laritza Diversent, su labor de documentación sistemática de abusos constituye ya un archivo invaluable para cualquier proceso de justicia transicional. Estos y otros perfiles fundamentales podrían conformar un consejo de transición conformado por una élite cultural sin apetencias políticas manifiestas.

Ilegalizar el Partido Comunista de Cuba, transformar las Fuerzas Armadas y crear una ley de Emergencia Económica que dé garantías a la inversión

Dos decisiones serán inevitables y, ambas, políticamente costosas.

La primera: la ilegalización del Partido Comunista de Cuba. No como ejercicio de revancha ideológica ni como proscripción de una idea –las ideas no se ilegalizan– sino como disolución de la estructura orgánica a través de la cual la dinastía ha ejercido el control total del Estado durante más de medio siglo. Permitir que esa estructura sobreviva a la transición sería como intentar construir un edificio nuevo sobre los mismos cimientos podridos. La refundación nacional quedaría viciada de origen.

La segunda: la transformación de las Fuerzas Armadas. Aquí la tentación de demoler todo es comprensible pero suicida. Un desmantelamiento total del aparato militar no produce seguridad; produce un vacío que llenan las mafias, los traficantes y los grupos paramilitares que ya operan en los márgenes del régimen. Lo que se necesita no es destrucción sino cirugía: la remoción del generalato empresarial –esos oficiales que han convertido la soberanía nacional en un holding de negocios personales– y la promoción de la oficialidad intermedia, coroneles y tenientes coroneles de perfil técnico, formados en la doctrina pero sin complicidad en los crímenes del sistema. Un ejército republicano, supervisado por el Consejo Civil comprometido con una nueva doctrina constitucional, es la única garantía de que la transición no derive en ajuste de cuentas o en colapso territorial.

Pero ninguna de estas medidas –ni la arquitectura institucional más sofisticada, ni la mejor legislación de emergencia económica– será suficiente si no se aborda el daño más profundo que el régimen ha causado: el que está dentro de las personas.

Sesenta y siete años de adoctrinamiento dejan marcas que no desaparecen con un decreto. La cultura de la envidia al que prospera, la desconfianza hacia la iniciativa privada, la dependencia del Estado como única fuente de certeza… Estas no son aberraciones individuales, son respuestas racionales a décadas de condicionamiento sistemático. Revertirlas requiere tiempo, educación y, sobre todo, la experiencia concreta de que el esfuerzo propio produce resultados reales.

Por eso, una ley de emergencia económica que permita garantías legales a la inversión y elimine los obstáculos a la pequeña y mediana empresa no es solo una medida técnica. Es una intervención psicológica y cultural. Es el instrumento a través del cual el ciudadano cubano comienza a aprender, en su propia vida, que el éxito individual no es una traición colectiva sino el fundamento posible de una prosperidad compartida.

El camino desde la dictadura hasta la república restaurada no será corto ni limpio. Nunca lo es. Pero el primer paso es nombrar con honestidad lo que Cuba necesita: no ilusiones, sino arquitectura. No romanticismo, sino rigor. No el regreso a un pasado idealizado, sino la construcción, paciente y deliberada, de algo que Cuba, en realidad, nunca ha tenido del todo: una república que funcione.