Una transición para Cuba no puede basarse en santos laicos

Málaga/He leído con mucho interés el artículo de Rolando Gallardo sobre la necesidad de una refundación republicana en Cuba. Comparto buena parte del diagnóstico: hablar de una transición convencional quizá sea insuficiente para un país donde el régimen no solo ha degradado las instituciones, sino también la confianza social, la iniciativa personal, la responsabilidad pública y la esperanza colectiva. Cuba no se enfrenta únicamente al problema de sustituir un Gobierno por otro; se enfrenta al reto mucho más arduo de reconstruir una comunidad política después de décadas de miedo, dependencia, simulación y empobrecimiento moral.

Precisamente por eso, la propuesta del autor me parece lúcida en su punto de partida, pero demasiado confiada en su desarrollo. La idea de un consejo civil formado por juristas, intelectuales y figuras de probada integridad puede ser deseable como horizonte, pero corre el riesgo de apoyarse en una premisa excesivamente idealista: que un grupo de personas moralmente cualificadas, sin ambiciones políticas inmediatas y movidas por patriotismo, será capaz de ordenar una transición de enorme complejidad sin quedar atrapado por intereses, facciones, presiones externas o luchas internas de poder.

Ese supuesto recuerda, salvando todas las distancias, a otra forma de fe antropológica: la confianza en que un proceso político puede producir hombres nuevos, desprendidos, virtuosos y entregados al bien común. El castrismo convirtió esa fantasía en dogma revolucionario, y la realidad terminó mostrando algo mucho más antiguo y menos épico: los seres humanos no dejan de tener intereses, vanidades, miedos, lealtades y apetitos por que se les asigne una misión histórica.

La transición cubana necesitará personas valiosas, desde luego, pero no puede descansar en la presunta pureza moral de sus protagonistas

La transición cubana necesitará personas valiosas, desde luego. Pero no puede descansar en la presunta pureza moral de sus protagonistas, sino en reglas, límites, controles, contrapesos y procedimientos verificables. El problema no es encontrar próceres; el problema es construir instituciones que funcionen incluso cuando los próceres se cansen, se equivoquen o empiecen a comportarse como cualquier hijo de vecino con algo de poder entre las manos.

También conviene no subestimar el grado de abatimiento de la sociedad cubana actual. El pueblo cubano no es incapaz, ni carece de dignidad, ni ha perdido por completo su instinto de libertad. Pero está exhausto, empobrecido, vigilado, fragmentado y acostumbrado durante demasiado tiempo a sobrevivir antes que a organizarse. Pensar que una movilización interna masiva, espontánea y sostenida bastará por sí sola para provocar el cambio puede ser tan ingenuo como pensar que una administración transitoria dirigida por una élite ilustrada resolverá el problema desde arriba.

Ahí aparece una cuestión decisiva que el artículo no desarrolla suficientemente: la relación entre represión interna, movilización popular y legitimidad de cualquier ayuda exterior. En otros regímenes comunistas con fuerte control policial, como la RDA o la Rumanía de Ceausescu, la caída del sistema estuvo precedida por una presión popular visible, extensa y difícil de ocultar. No fue solo un problema de agotamiento económico o de desgaste ideológico: hubo un momento en que el miedo dejó de funcionar como cemento del régimen. La calle, con todos sus riesgos, produjo una imagen inequívoca: la sociedad había roto públicamente el pacto de obediencia.

El régimen no convence, pero todavía administra el miedo, la fatiga y la dispersión social. No es poca cosa

En Cuba, en cambio, esa ruptura no termina de consolidarse. Ha habido estallidos importantes, y el 11 de julio de 2021 mostró que existía una reserva real de protesta y hartazgo. Pero también mostró la eficacia represiva del aparato estatal y el altísimo coste personal de desafiarlo. Desde entonces, la protesta aparece fragmentada, intermitente y muchas veces absorbida por la pura lucha diaria por sobrevivir: conseguir comida, electricidad, medicinas, transporte o simplemente escapar. El régimen no convence, pero todavía administra el miedo, la fatiga y la dispersión social. No es poca cosa. La dictadura cubana quizá ya no tenga épica, pero conserva policía, archivos, cárceles, informantes y una notable experiencia en triturar voluntades.

Esta ausencia de una movilización interna masiva y sostenida dificulta enormemente cualquier hipótesis de ayuda exterior decisiva. Una intervención estadounidense –militar, coercitiva, humanitaria o presentada como operación de estabilización– necesitaría algún tipo de legitimación política interna: una sublevación extendida, una fractura visible dentro de las Fuerzas Armadas, una petición explícita de autoridades transitorias reconocibles o una crisis humanitaria imposible de contener. Sin ese detonante, la ayuda correría el riesgo de aparecer no como auxilio a una nación levantada, sino como imposición externa. Y ahí el régimen, incluso moribundo, encontraría su último combustible propagandístico: presentarse como defensor de la soberanía nacional frente al viejo enemigo imperial.

Este punto es especialmente delicado si se piensa en la política estadounidense actual hacia Cuba. Determinados sectores, con figuras como Marco Rubio y el propio Donald Trump, parecen situarse en una lógica de presión máxima y de espera estratégica: aumentar el cerco, endurecer el discurso y aguardar una situación interna que haga políticamente viable una intervención más directa. Pero esa expectativa necesita una mecha dentro de la Isla. Sin una señal clara de rebelión popular, sin una demanda interna organizada y sin una fractura del aparato de poder, cualquier acción exterior quedaría moral y políticamente expuesta. No bastaría con afirmar que se ayuda a Cuba; habría que poder demostrar que se acude en auxilio de una Cuba que se ha levantado.

Toda intervención abre preguntas que no se resuelven con entusiasmo anticastrista: ¿quién manda al día siguiente?, ¿con qué legitimidad?, ¿con qué mandato internacional?

A partir de ahí se plantea la cuestión más incómoda: el papel de Estados Unidos y de la diáspora cubana. Es razonable admitir que cualquier transición real en Cuba necesitará respaldo externo, ayuda económica, garantías de seguridad, asistencia técnica y una participación intensa del exilio. Negarlo sería repetir el viejo reflejo nacionalista que el propio régimen ha usado durante décadas para blindarse. Pero otra cosa distinta es convertir ese respaldo en una tutela política opaca o, peor aún, en una intervención militar que nazca de una crisis provocada o instrumentalizada.

Una intervención de fuerza podría parecer, en abstracto, la solución más rápida. Pero toda intervención abre preguntas que no se resuelven con entusiasmo anticastrista: ¿quién manda al día siguiente?, ¿con qué legitimidad?, ¿con qué mandato internacional?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué se hace con las Fuerzas Armadas?, ¿cómo se evita el saqueo, la revancha, la huida masiva o la aparición de nuevos poderes mafiosos?, ¿cómo se impide que el nacionalismo herido convierta a los antiguos opresores en supuestos defensores de la soberanía?

Cuba no es Irak ni Libia, ciertamente. Tiene una historia, una diáspora, una proximidad cultural y familiar con Estados Unidos y una relación singular con Miami que hacen distinto el escenario. Tampoco parece existir en Cuba una identificación profunda y mayoritaria con el régimen comparable a la que otros sistemas autoritarios lograron conservar durante más tiempo. Hay cansancio, desencanto, rabia y deseo de salida. Pero deseo de cambio no equivale automáticamente a capacidad de insurrección. Entre querer que algo caiga y asumir el riesgo de empujarlo hay una distancia enorme, sobre todo cuando quien empuja sabe que puede acabar en la cárcel, en el exilio o en la ruina familiar.

No bastará con expulsar al castrismo del poder; habrá que evitar que sobreviva en las prácticas, en los miedos, en la corrupción, en la dependencia y en la cultura del simulacro

Por eso, la solución no puede ser pensada solo como derribo del régimen. Debe pensarse como reconstrucción de autoridad legítima. Y la legitimidad no se importa embalada en ayuda humanitaria ni desembarca intacta en un puerto bajo protección militar. Se construye, se negocia, se reconoce y se somete a límites. El exilio puede aportar recursos, visión, presión internacional y experiencia económica; Estados Unidos puede ofrecer garantías, ayuda y capacidad de disuasión; pero la legitimidad última de la refundación cubana tendrá que nacer, de algún modo, de los propios cubanos de la Isla. Sin ese anclaje, la transición corre el riesgo de aparecer como una sustitución de tutela: de la tutela castrista a una tutela exterior, aunque esta última venga envuelta en banderas de libertad.

Por eso, más que una administración de notables o una toma militar, Cuba necesitaría una arquitectura de transición con respaldo internacional, participación decisiva de cubanos de dentro y de fuera de la Isla, garantías de seguridad, depuración institucional, justicia transicional, apertura económica ordenada y un calendario político realista. No bastará con expulsar al castrismo del poder; habrá que evitar que sobreviva en las prácticas, en los miedos, en la corrupción, en la dependencia y en la cultura del simulacro.

El problema cubano, por tanto, no consiste solo en diseñar una arquitectura de transición para el día después. El problema previo es cómo se llega a ese día. El autor parece confiar en que el derrumbe del régimen abrirá naturalmente un espacio para una administración civil tutelada. Pero ese derrumbe puede no producirse de forma limpia ni heroica. Puede adoptar la forma de una degradación prolongada, de protestas sociales dispersas, de migración masiva, de colapso energético, de fracturas internas dentro del propio aparato o de una combinación caótica de todo ello. En ese escenario, la cuestión no es únicamente quién reconstruirá Cuba, sino qué tipo de acontecimiento otorgará legitimidad al inicio de esa reconstrucción.

La gran dificultad no será solo derribar una estructura agotada. La gran dificultad será impedir que el vacío sea ocupado por los mismos reflejos que la hicieron posible: caudillismo, clientelismo, dependencia exterior, épica redentora y desprecio por las instituciones. En eso el artículo acierta plenamente: Cuba necesita arquitectura, no romanticismo. Pero esa arquitectura tendrá que estar pensada para seres humanos reales, no para héroes administrativos ni para santos republicanos. Y tendrá que partir de una verdad incómoda: sin una señal interna suficientemente fuerte, visible y sostenida, cualquier ayuda exterior corre el riesgo de convertirse, ante los ojos de muchos, en intervención; y cualquier intervención sin legitimidad interna puede terminar regalándole al castrismo su último disfraz: el de víctima patriótica de una agresión extranjera.