El Estado cubano es incapaz de atender a los animales pero prohíbe la veterinaria privada

Un nuevo decreto impide expresamente el ejercicio independiente, antes alegal, de esta profesión, con multas de hasta 3.500 pesos

Los grupos de protectores de animales organizan esterilizaciones y curas de forma independiente. (Perritos callejeros en Cuba)
Según Larrea, "Muchos dueños de animales buscan los servicios veterinarios privados, pues, generalmente, estos cuentan con los recursos necesarios para devolver la salud al animal". (Perritos callejeros en Cuba)

Los dueños de mascotas que esperaban la liberalización del sector para poder atenderlas en el sector privado han recibido como un jarro de agua fría el decreto sobre contravenciones de la medicina veterinaria publicado el 29 de enero en la Gaceta Oficial. El texto actualiza el anterior, de 1993, que no prohibía expresamente la práctica de esta especialidad fuera del sector estatal, por lo que muchos veterinarios se aprovechaban de ese vacío legal para ofrecer sus servicios de manera privada.

"La licencia por cuenta propia solo te la daban para estética de animales, como cortar las uñas y lavar el pelo", explica a 14ymedio la protectora de animales Beatriz Batista, quien teme que a partir de ahora, los veterinarios que ejercían por la izquierda pero eran tolerados tengan miedo y dejen de ayudarlos.

Con el nuevo decreto, queda expresamente prohibido el ejercicio profesional por cuenta propia de la veterinaria, que pasa a ser una de las contravenciones, a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos

En sus redes, Batista recuerda que los animalistas, junto con estos veterinarios particulares, "han salvado vidas y saneado las calles de Cuba a golpe de esterilizaciones", mientras los organismos y funcionarios del Gobierno se comportan como "figuras decorativas" en medio de la inexistencia de recursos necesarios para la buena atención a los animales y la precariedad de las clínicas del país.

Con el nuevo decreto, queda expresamente prohibido el ejercicio profesional por cuenta propia de la veterinaria, que pasa a ser una de las contravenciones, a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.

"Ningún cambio o decreto en este país es para favorecer, sino para crear caos", sentencia Batista. "En Cuba se fomenta a pulso la ilegalidad, la miseria y la política del miedo", denunció la activista. "Como no me canso de decir, la solución está en manos del problema".

Amarilis Ramos, residente en el municipio de Plaza de la Revolución, todos los días alimenta una comunidad de más de 15 gatos que viven en los bajos de su edificio. Además, se ocupa de esterilizar a algunas hembras y vacunar a los más pequeñitos. "Lo hago gracias a los veterinarios de la zona que trabajan de forma particular", comenta. "Yo no puedo agarrarlos y llevarlos a la clínica porque estos animalitos están criados en la calle y son muy ariscos, no son como los de casa", sostiene. En su opinión, la prohibición expresa del ejercicio de la veterinaria por cuenta propia es "un disparate total".

Javier Larrea, fundador de Bienestar Animal Cuba y una de las cabezas más visibles del movimiento animalista en la Isla, también muestra sus reservas ante este nuevo decreto. Aunque concede que es "muy completo y detallado" en su afán de ordenar y unificar el ejercicio de la medicina veterinaria en Cuba, cree que "afecta tremendamente a los animales de compañía y privados, que no pertenecen a empresas e instituciones estatales, y a sus dueños".

Larrea se pregunta, en un post publicado en sus redes sociales, el porqué de este decreto, cuando "el sistema estatal de servicios veterinarios cubano ha demostrado no tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la población ni de ofrecer servicios veterinarios de calidad".

Desde su experiencia como animalista, asegura que el Estado no cuenta con suficientes consultorios, vacunas, medicamentos ni medios diagnósticos.

"Muchos dueños de animales buscan los servicios veterinarios privados, pues, generalmente, estos cuentan con los recursos necesarios para devolver la salud al animal. Pero hay más: a veces los propios veterinarios de los consultorios estatales adquieren medicamentos por su cuenta para poder dar alguna clase de servicio a los pacientes o para venderlos a quien los necesite a un precio equivalente al fijado por el Estado en las tiendas de productos para mascotas (hasta hace poco en CUC)", detalló Larrea.

Además, recordó que a los protectores, invitados por el Ministerio de la Agricultura para incorporar sus criterios a una ansiada ley de bienestar animal que aún no se ha hecho realidad, se les pidió en las reuniones con los funcionarios "que permitan la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al deficiente sistema estatal".

Como cooperativas, explica Larrea, podrían funcionar como cualquier otra: "Pagarían impuestos, alquilarían locales al Estado, estarían autorizadas por este para importar medicamentos, vacunas y medios diagnósticos, etc" y resolverían "un inmenso y creciente problema que el Estado no está en condiciones de resolver".

Para Larrea, la nueva norma "deja a los dueños de animales de compañía y afectivos, y a estos mismos, en una gran indefensión" y exhortó al Ministerio de la Agricultura a "rectificar esa prohibición".

"Lo que pedimos al Estado es que regule los servicios veterinarios por cuenta propia, no que los prohíba, pues han demostrado su importancia y su utilidad", concluye Larrea. "¡La población los necesita!".

La publicación del Decreto Ley ha movilizado a los protectores de animales, que han publicado una petición online para que se deroguen varios incisos del artículo 5, el que prohíbe el ejercicio de la medicina veterinaria fuera del sector estatal. La convocatoria busca recabar firmas que presionen al Ministerio de la Agricultura para flexibilizar la actual legislación.

Los activistas piden a la entidad que "regule los servicios veterinarios por cuenta propia, no que los prohíba, pues han demostrado su importancia y su utilidad". Además, aseguran en el texto publicado en la plataforma SOSVox que de no enmendarse el Decreto Ley, sobrevendrán "adversas consecuencias" para los animales y sus dueños.

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