Díaz-Canel desinforma al comparar el Decreto-Ley 35 de Cuba con la legislación europea

El mandatario indica que la norma cubana es equivalente a un plan de directrices para evitar mensajes electorales interesados

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. (EFE/ACN/Ariel Ley Royero/Archivo)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, compara una comunicación europea de recomendaciones con su decreto. (EFE/ACN/Ariel Ley Royero/Archivo)

El Gobierno contraataca frente a las críticas que ha suscitado el Decreto-Ley 35 con el que se prevé penalizar las noticias falsas en Cuba, su divulgación y la publicación de "mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen el prestigio del país". La consigna ahora es alegar que hay países con normas similares, pero para la comparación han elegido un ejemplo equivocado.

Miguel Díaz-Canel ha retuiteado el mensaje de un usuario que indica: "Tachan de 'atentado contra los derechos humanos' el decreto 35 en Cuba que opera en prácticamente todos los países: la lucha contra desinformación y los ciberbulos. Su equivalente, el Plan de Acción contra la Desinformación existe en la UE desde 2018".

La consigna ahora es alegar que hay países con normas similares, pero para la comparación han elegido un ejemplo equivocado

El mandatario ha introducido el tuit con el mensaje: "Lo dice Cuba soberana y lo confirman los expertos honestos de cualquier parte del mundo: nuestro Decreto-Ley 35 va contra la desinformación y la cibermentira".

El "experto" es Carlos González Penalva, que se define como "comunista estoico, racionalista filosófico y responsable de Comunicación de Izquierda Unida en Gijón (Asturias). Lejos de ser un experto en el ámbito, el currículum del referente de Díaz-Canel indica que inició estudios en Filosofía. El resto son cursos y congresos, la mayoría de ellos colaboraciones en Cuba.

Pero el problema no es la fuente, sino el contenido. González cita el Plan de Acción contra la Desinformación que existe en la Unión Europea desde 2018 como "equivalente", pero cualquier parecido entre ambos es pura coincidencia.

El plan fue aprobado con motivo, en 2019, de las elecciones al Parlamento Europeo y la celebración de hasta 50 procesos electorales de distinto rango en los Estados miembros. Según el texto, su objetivo fundamental es evitar la injerencia de otros países en estos y futuros comicios, y cita a Rusia por haber documentado su intento de interferencia en ocasiones anteriores.

"Según la célula de fusión de la UE contra las amenazas híbridas, la desinformación por parte de Rusia supone la mayor amenaza para la UE pues es sistemática, cuenta con recursos suficientes y tiene una escala diferente a la de otros países", cita en el texto.

El texto vuelve a incidir en que las recomendaciones "forman parte de un conjunto de medidas concebidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas"

La UE insta en el texto a los Estados miembros a reforzar sus legislaciones nacionales con el mismo fin y con puntos de enlace al sistema europeo. En lo que respecta a la desinformación, el plan prevé que las plataformas garanticen el control de la publicidad política, cierren cuentas falsas y detecten bots para eliminarlos.

El texto vuelve a incidir en que las recomendaciones "forman parte de un conjunto de medidas concebidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas (...). El trabajo de unos medios de comunicación independientes es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática", remacha.

Por último, el documento pide a los Estados que promuevan la alfabetización en desinformación al público en general, así como la creación de organismos expertos en ello. En ningún caso tiene, como en el decreto cubano, rango de ley ni, por ello, la capacidad sancionadora. Por lo que como ejemplo no funciona.

En los días anteriores, las autoridades cubanas han puesto otros ejemplos europeos, como el de Francia. La ley francesa nace específicamente del Plan de la UE y se aprobó en 2018 con el fin previsto: frenar la difusión de informaciones falsas. Fue muy polémica en su país entre la oposición y asociaciones de prensa, que denunciaron el mecanismo de censura que podía suponer el derecho a poder eliminar "toda afirmación o imputación de un hecho inexacto o engañoso". La norma prevé penas de hasta 1 año de prisión en los casos más graves (ciberterrorismo), pero para su aprobación requirió acordar una enmienda que especificaba que para tomar medidas gruesas, como el bloqueo de una página web, debía considerarse probado que se realizó "de manera deliberada" y no solo "de mala fe".

Además, antes de llegar a ese punto, el juez debe constatar, en un período de 48 horas, si esas informaciones falsas han sido difundidas de "forma artificial o automatizada" y de manera "masiva". La intervención de un juez es decisiva tanto en la norma francesa como en la alemana (citada también por las autoridades cubanas) o la española, que aún no ha sido aprobada por el atasco parlamentario derivado de la pandemia. Todos estos países tienen separación de poderes y la Justicia actúa de manera independiente del Gobierno.

Todos estos países tienen separación de poderes y la Justicia actúa de manera independiente del Gobierno. El ejemplo más claro de esto es que el propio Gobierno francés se vio afectado por su ley

El ejemplo más claro de esto es que el propio Gobierno francés se vio afectado por su ley. El Ejecutivo lanzó una campaña a través de Twitter para instar a la población a ejercer su derecho al voto en las elecciones europeas que quedó desinflada cuando la red social la penalizó con su algoritmo al considerar que era propaganda electoral masiva carente de transparencia (no se habían acreditado los fondos ni el emisor).

Los Gobiernos de los países europeos que han intentado aprobar normas siguiendo las directrices de la UE han sido todos blanco de críticas de la oposición, porque el temor a que se produzcan abusos existe y, de hecho, hay casos en los que se ha llevado a juicio a personas por delitos expresados en redes sociales. Pero la mayoría de ellos se solventan con una multa administrativa y dependen siempre de los tribunales, ajenos a los Gobiernos.

El oficialismo cubano aún no ha precisado las sanciones que llevará aparejada la violación de las normas del Decreto-Ley 35, pero ha empezado mal al tratar de igualarse con las legislaciones europeas. En Latinoamérica también hay leyes contra la desinformación en varios países que implican multas, cárcel y censura, desde los casos más evidentes como Nicaragua o Venezuela, hasta otros como el chileno, que imponen penas de prisión por la "difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico en la población". Pero las autoridades cubanas no han elegido esa comparación.

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