Alba-1, el cable submarino entre Cuba y Venezuela, se vuelve vulnerable con la intrusión de EE UU

La Habana/Las preguntas se acumulan en torno a la relación entre La Habana y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por tropas de Estados Unidos. A las dudas sobre la continuidad de las misiones médicas cubanas, el futuro del petróleo venezolano y la verdadera dimensión de la presencia militar de la Isla en el país sudamericano, se suma ahora otra incógnita menos visible, pero igual de estratégica: qué pasará con el cable submarino de fibra óptica que conecta directamente a Cuba y Venezuela, una infraestructura clave no solo para las comunicaciones, sino también para el control de la información.

Durante años, el cable Alba-1 ha funcionado como un cordón umbilical tecnológico entre ambos regímenes. Tendido bajo el Caribe y presentado en su momento como un proyecto de “integración regional”, ese hilo de fibra óptica fue, en la práctica, la primera gran puerta de entrada de Cuba a internet de alta capacidad sin pasar por servidores estadounidenses. Pero también se convirtió en una pieza central de la arquitectura de vigilancia, censura y gestión política de la red que impera en la Isla.

Hoy, con el chavismo en crisis y el poder en Caracas reconfigurándose a marchas forzadas, el futuro de ese enlace plantea una pregunta incómoda para La Habana: ¿seguirá siendo el Alba-1 una herramienta de control compartido o se transformará en un punto vulnerable dentro de una alianza que ya no ofrece las mismas garantías? ¿Podría Washington poner la lupa sobre ese tendido, regularlo o incluso condicionarlo?

¿Podría Washington poner la lupa sobre ese tendido, regularlo o incluso condicionarlo?

El nombre Alba-1 comenzó a circular a principios de la década de 2010, rodeado de promesas grandilocuentes. El proyecto consistía en un cable submarino de unos 1.600 kilómetros que conecta La Guaira, en Venezuela, con Santiago de Cuba, y se extiende hasta Ocho Ríos, en Jamaica. Su capacidad era muy superior a los lentos y costosos enlaces satelitales de los que dependía Cuba hasta entonces. El plan, financiado en gran parte por Caracas y ejecutado por la empresa mixta Telecomunicaciones Gran Caribe, se retrasó durante años y estuvo envuelto en un silencio oficial que alimentó sospechas y expectativas a partes iguales.

Cuando finalmente entró en operación, alrededor de 2013, el Alba-1 marcó un antes y un después para la conectividad cubana. Por primera vez, la Isla contaba con una infraestructura capaz de soportar un crecimiento real del tráfico de datos. A partir de ahí comenzaron a verse cambios concretos: la apertura de parques wifi públicos, la llegada de Nauta Hogar para conexiones domésticas y, en diciembre de 2018, el acceso a internet desde los teléfonos móviles. Para millones de cubanos, aquello significó asomarse por primera vez, aunque con muchas restricciones, a la red global.

Sin embargo, el salto tecnológico nunca se tradujo en una experiencia de navegación fluida y libre. El acceso a la red en Cuba sigue siendo caro, inestable y profundamente controlado. Las quejas por la baja velocidad, los cortes frecuentes y la mala cobertura son constantes, incluso después de la instalación del cable Arimao, que conecta la Isla con Martinica y que también ha estado rodeado de misterio sobre su funcionamiento. La capacidad instalada bajo el mar choca con una infraestructura interna deficiente y con decisiones políticas que priorizan el control por encima del servicio.

La censura es parte inseparable de ese modelo. Sitios incómodos para el oficialismo, como 14ymedio, están bloqueados o son ralentizados en distintas ocasiones, especialmente en momentos de protestas sociales o fechas políticamente sensibles. El Estado, a través del monopolio de telecomunicaciones Etecsa, decide qué se ofrece, cómo y a qué precio. La conectividad, en Cuba, no es un derecho, sino una concesión vigilada.

Ese enfoque no se limita al territorio nacional. Distintas investigaciones, como la que contiene el libro La invasión consentida (Debate, 2019), documentan cómo, desde mediados de los años 2000, Cuba fue ganando terreno en el sector de las telecomunicaciones venezolano. Como se lee en un reportaje de Armando.info, bajo la influencia de figuras como Ramiro Valdés, para quien las comunicaciones son un asunto de seguridad del Estado y un “potro salvaje” que hay que domar, empresas cubanas como Copextel y otras filiales estatales se insertaron como proveedoras y asesoras tecnológicas en proyectos clave de Venezuela, especialmente tras la reestatización de Cantv.

Al frente fue colocado un general cercano a Maduro, reforzando la idea de que las telecomunicaciones no eran solo un servicio, sino una herramienta de poder

Con el tiempo, esa presencia se integró en las propias estructuras del Estado venezolano. En 2019, la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que levantó un paraguas sobre Cantv, Movilnet y la empresa mixta Gran Caribe, consolidó el control político y militar del sector. Al frente fue colocado un general cercano a Maduro, reforzando la idea de que las telecomunicaciones no eran solo un servicio, sino una herramienta de poder.

Más allá de los contratos y la cooperación técnica, lo que se exportó fue un modelo: el de las telecomunicaciones como instrumento de vigilancia, control social y represión. Universidades, empresas y asesores cubanos contribuyeron a moldear en Venezuela un sistema de gestión de la información muy similar al aplicado en la Isla, con profundas implicaciones para la soberanía digital de ese país.

Todo esto ayuda a entender por qué el destino del Alba-1 no es un asunto menor. La captura de Maduro ha devuelto ese cable al centro del debate. Aunque no existen pruebas públicas de que haya sido utilizado directamente para labores de inteligencia, es técnicamente indiscutible que quien controla la infraestructura controla, en buena medida, el flujo de datos. En regímenes donde internet es visto como un riesgo político, esa capacidad adquiere un valor estratégico enorme.

Para Cuba, el Alba-1 no solo ha sido una vía de conexión con el mundo, sino una palanca para decidir cómo, cuándo y bajo qué condiciones los ciudadanos acceden a la información. Con Venezuela en transición y nuevos equilibrios en juego, ese cable en el fondo del mar vuelve a recordarlo: en la Isla, la conectividad nunca ha sido solo un asunto técnico, sino profundamente político.