Con el bloqueo de las cuentas de la institución, el régimen persiste en controlar la masonería cubana

La Habana/El cambio de mando en el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba no ha servido para terminar con el pulso que desde hace más de un año mantiene esa institución masónica con el Gobierno. Apenas unos días después de la elección del escritor y opositor Ángel Santiesteban Prats como Soberano Gran Comendador, las cuentas bancarias del organismo continúan congeladas y sus trabajadores llevan más de cuatro meses sin cobrar sus salarios.

La situación ha obligado a los propios masones a realizar aportaciones para auxiliar a los empleados y mantener activa la institución, según denunció este jueves el perfil Masonería con Alex Cuenca. “Es la ayuda mutua y el esfuerzo voluntario de los hermanos lo que ha permitido sostener a los trabajadores”, asegura la publicación, que reclama “la restitución de la legalidad, el desbloqueo de nuestras cuentas y el respeto a la autonomía” del Supremo Consejo.

El bloqueo financiero adquiere especial relevancia porque fue precisamente una de las medidas con las que el Ministerio de Justicia amenazó a la institución en mayo de 2025, cuando decidió desconocer la continuidad de José Ramón Viñas Alonso como Soberano Gran Comendador y pretendió reconocer en su lugar a Lázaro Cuesta Valdés. La Dirección de Asociaciones advirtió entonces que podía retirar el reconocimiento oficial al Supremo Consejo y congelar sus cuentas si sus miembros rechazaban la decisión.

Las cuentas siguen congeladas y el nuevo líder masónico tampoco ha podido completar todavía los trámites de su elección

Los masones se resistieron durante más de un año a que el Estado decidiera quién debía dirigirlos. Y el conflicto llegó a su punto más visible en agosto de este año, cuando alrededor de un centenar de miembros de la fraternidad acudió a la sede del Supremo Consejo, en Centro Habana, mientras una funcionaria del Ministerio de Justicia comunicaba a Viñas que debía abandonar el cargo. “Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy”, respondió entonces el dirigente masónico.

El escenario cambió el pasado sábado 26 de septiembre. En una sesión extraordinaria, la Alta Cámara eligió a Santiesteban por 19 votos contra uno y Viñas aceptó pasar a la posición de lugarteniente gran comendador. La sustitución parecía eliminar uno de los principales argumentos empleados por Justicia, que consideraba ilegal la permanencia de Viñas después de más de nueve años al frente del organismo.

Sin embargo, las cuentas siguen congeladas y el nuevo líder masónico tampoco ha podido completar todavía los trámites de su elección.

Santiesteban denunció este jueves que un operativo de la Policía mantenía vigilada su vivienda y le impedía salir. Ese día debía acudir junto con el Gran Secretario al Ministerio de Justicia para entregar la documentación de las elecciones y los acuerdos adoptados por la Alta Cámara. El escritor atribuyó inicialmente el cerco a su intención de solidarizarse con Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, juzgadas ese mismo día, pero señaló que la vigilancia terminó impidiendo también la gestión ante Justicia.

La elección de Santiesteban coloca además al Gobierno ante un dirigente que durante años ha denunciado abiertamente la intervención de la Seguridad del Estado en los asuntos de la fraternidad

“La Alta Cámara del Rito me pidió que no politizara mi posición como Soberano Comendador”, explicó Santiesteban, que aseguró que su prioridad es recuperar la operatividad legal del Supremo Consejo. Según el escritor, el congelamiento de las cuentas ha impedido durante meses pagar a quienes trabajan diariamente en la institución y mantener con normalidad su actividad en el resto del país.

La elección de Santiesteban coloca además al Gobierno ante un dirigente que durante años ha denunciado abiertamente la intervención de la Seguridad del Estado en los asuntos de la fraternidad. Expulsado en 2025 de los grados simbólicos de la Gran Logia, conservó sus grados del Rito Escocés y continuó vinculado al Supremo Consejo. En junio pasado fue sometido a reclusión domiciliaria en un proceso por un supuesto delito financiero relacionado con el cambio en el mercado informal de 200 dólares donados al Asilo Nacional Masónico Llansó.

El enfrentamiento entre el Supremo Consejo y las autoridades, sin embargo, antecede a Santiesteban. Después de las protestas del 11 de julio de 2021, Viñas respaldó una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que la institución rechazó la “orden de combate” pronunciada por el gobernante contra los manifestantes. Desde entonces, miembros del organismo han denunciado interrogatorios, vigilancia y presiones sobre su dirección.