Desde una cárcel de Cuba, el dueño del "Costco" de La Habana denuncia engaño y tortura

Carta

El cubanoamericano Frank Cuspinera acusa a su abogado de contubernio con la Seguridad del Estado para "mantenerme en prisión, indefenso"

Frank Cuspinera fue detenido el 20 de junio de 2024, y su Diplomarket fue clausurado.
Frank Cuspinera fue detenido el 20 de junio de 2024, y su Diplomarket fue clausurado. / Facebook
Olea Gallardo

28 de mayo 2025 - 15:38

La Habana/Casi un año después de su detención y de no saberse nada de su paradero, Frank Cuspinera, dueño de Diplomarket, el “Costo cubano” de La Habana, ha reaparecido. Lo ha hecho a través de una carta manuscrita, firmada desde prisión el pasado 21 de mayo y cuya autenticidad ha sido confirmada por un familiar este miércoles, horas después de que la difundiera el influencer Alexander Otaola.

En ella, hace “un llamado de atención a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y de los derechos humanos”, así como al Departamento de Estado de Estados Unidos, “para que intervengan ante las instituciones cubanas por las violaciones constantes de mis derechos y la negación de garantías legales a mi defensa por parte de las instituciones estatales cubanas y sus representantes”.

Cuspinera denuncia que fue manipulado por la Seguridad del Estado (DSE) y el aparato judicial cubano, “que se activan con saña sobre mí” y que lograron, con “múltiples falsedades”, acusarle “sin derecho a defensa”. “Han limitado mi acceso a la justicia. Me negaron mis derechos a comunicación y defensa legal desde el inicio”, clama en la misiva.

Anuncia que se pondrá en huelga de hambre el próximo 1 de junio

Por ello, anuncia que se pondrá en huelga de hambre –“plantarme”, especifica, usando el término de los presos políticos– el próximo 1 de junio. “Estaré dispuesto a llegar a consecuencias extremas”, asevera, hasta que se le garanticen sus derechos a una pronta defensa y a una fianza, “para poder probar la injusticia”. El empresario cubanoamericano dice que hubo “premeditación por la DSE en complot con el DTI [Dirección Técnica de Investigaciones] y otras instituciones, incluyendo a mi abogado defensor quien ha trabajado en mi contra”.

“Se planificó todo, incluso antes de mi arresto, el 20 de junio de 2024, hace casi un año”, prosigue, confirmando la fecha difundida en redes sociales y nunca mencionada por el oficialismo. En aquellos días, la página de Facebook La Tijera se hizo eco de que al supermercado –situado en el kilómetro 8 ½ de la Carretera Monumental, en el barrio de Berroa, a más de 10 kilómetros al este del centro de la capital– llegó un operativo de la Seguridad del Estado y “dos guaguas” con auditores de Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado de las Fuerzas Armadas, dueño del terreno donde estaba el establecimiento.

Un día antes, en el grupo de WhatsApp gestionado por Diplomarket, un mensaje anunciaba que se encontraban “cerrados hasta nuevo aviso”, explicando: “Tenemos problemas para operar por la licencia comercial que debe ser renovada”. La app del comercio aún podía visitarse y presentaba la leyenda: “We are offline - Send us an email” (“Estamos fuera de servicio - Envíenos un e-mail”).

“Frank Cuspinera y Diplomarket fue un caso premeditado y planeado debido a que desarrollaba el sector privado y como empresa registrada en EUA"

El post de La Tijera elucubraba, refiriéndose a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja y Déborah Castro Espín y guardaespaldas de su abuelo, Raúl: “Parece que ya El Cangrejo, nieto del dictador Raúl Castro ya no necesita de su testaferro miamense Frank Cuspinera Medina”. El breve texto recordaba también que Cuspinera Medina era vicepresidente de Las Américas TCC Corporation, con sede en Pompano Beach (Florida), y que desde hace años residía en El Vedado, donde se había comprado “una mansión gracias a su relación con la cúpula dictatorial”.

Al día siguiente, La Tijera divulgaba más detalles del caso a partir de un e-mail recibido. Según esta fuente anónima,  las “fuerzas militares cubanas” intervinieron el negocio del cubanoamericano, y tanto él como su esposa se encontraban “incomunicados” desde ese día, acusados de “evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos”. Estas acusaciones, denunciaba el correo electrónico, no eran “más que un pretexto para que el régimen se apropie de sus bienes”.

“Las autoridades esperaron el cierre del día para irrumpir en su empresa y llevarse todo, una venta que ellos mismos habían autorizado previamente”, proseguía el texto, que aseguraba que al día siguiente de esos hechos, “comenzaron a confiscar todos los bienes de su empresa para repartirlos entre los miembros de la cúpula castrista”.

La fuente de La Tijera enmarcaba la operación dentro de un “patrón repetitivo” en el que “el régimen castrista ataca a aquellos que intentan crear oportunidades y prosperidad fuera del control estatal”. Sin embargo, no era el caso de Cuspinera, bien afincado en ambas orillas del estrecho de Florida desde hacía años.

En su carta desde prisión, Cuspinera no menciona ninguno de estos nombres, pero sí asegura: “Frank Cuspinera y Diplomarket fue un caso premeditado y planeado debido a que desarrollaba el sector privado y como empresa registrada en EUA [Estados Unidos] con autorizos y licencias federales y que compitió con empresas estatales y cuestionó el alcance del bloqueo que justifican”. Al respecto, tampoco especifica qué tipo de licencia tiene por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sin la cual no se puede comerciar con Cuba merced a las leyes del embargo. 

Las Américas TCC, entre otras actividades, se encargaba de surtir a Diplomarket, inaugurado a finales de 2022

Las Américas TCC, entre otras actividades, se encargaba de surtir a Diplomarket, inaugurado a finales de 2022. El supermercado, que antes de abrir físicamente ya funcionaba para compras online, comenzó a operar discretamente hasta que un tuit del corresponsal de la cadena estadounidense CNN, Patrick Oppmann, que no mencionaba su nombre, le puso el foco encima casi un año después.

En aquella ocasión, 14ymedio visitó el comercio, y pudo comprobar la fuerte vigilancia a la que estaba sometido. En una primera garita, tomaban los datos de los vehículos junto a la hora de entrada, y más adelante había otra caseta con guardia, antes de entrar en la tienda. En la puerta, dos individuos miraban a todos los que entraban de arriba abajo, y una pantalla grande mostraba el movimiento de las cámaras de seguridad, colocadas por doquier. De “unidad militar”, la calificó una clienta habitual.

No pasaron ni 12 meses más cuando Cuspinera cayó en desgracia, en un caso que recordaba al del ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, detenido en marzo de 2024, semanas después de ser destituido por “errores cometidos en el ejercicio de su cargo”, y del que nada se sabe desde entonces.

Cuando Diplomarket salió a la luz no era fácil averiguar quién era su dueño, pues la firma no se encontraba en el listado de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, y el nombre de Cuspinera no aparecía en la web del supermercado. 

“De los delitos que se me imputan, han manipulado declaraciones de trabajadores, contradictorias, fuera de su conocimiento y contacto”

En cambio, sí figuraba como vicepresidente de Las Américas TCC. Consultando páginas especializadas, este diario comprobó que había tenido domicilio en Estados Unidos y en El Vedado habanero. En 2021 había aparecido como “especialista” en un encuentro entre trabajadores por cuenta propia y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

Ese mismo año, su nombre también figuró en una carta que varios emprendedores cubanos remitieron al presidente estadounidense, Joe Biden, para pedirle que levantara las sanciones contra el Gobierno de la Isla, que perjudicaban sus negocios. En la misiva no aparecía como miembro de Las Américas TCC sino por parte de Iderod Servicios Constructivos.

Esta última firma tampoco estaba en el listado de mipymes del régimen, aunque una empresa con su nombre, Cuspinera SURL LVI, figura dedicada a “brindar servicios de plataforma de comercio electrónico”, igual que una rama de Las Américas TCC.

El empresario no nombra en su misiva desde la cárcel a Las Américas ni a Iderod, pero sí, al presentarse como “ciudadano, abogado, empresario cubano-americano”, a Cuspinera SURL [Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada], que refiere tanto en Florida como en La Habana, “ambas bajo la marca Diplomarket, conocido como el Costco cubano”. 

Cuspinera también manifiesta que no tratará de "evadir la acción de la justicia", sino "pedir que pueda defenderme"

El texto no detalla qué cargos se le imputó a Cuspinera, pero reclama: “De los delitos que se me imputan, han manipulado declaraciones de trabajadores, contradictorias, fuera de su conocimiento y contacto”. El empresario denuncia que se le imputaron delitos de trabajadores que “han podido abandonar el país”.

Desgrana que, entre otras vicisitudes, “han decomisado millones de dólares en mercancías, equipamiento, dinero de las compras y cuentas bancarias”, sin darle copia de esos decomisos. Y clama que las autoridades “no muestran pruebas de la supuesta mercancía fraudulenta, de las evasiones ni los montos, tergiversando, manipulando información” que, asegura, probarían su inocencia. Además, acusa a la Justicia: “Me han tomado declaraciones bajo engaño, ardid, tortura, etc”.

“Han negado toda posibilidad basado en una lesividad social absurda, sin pruebas (no hay tal peligro de mi parte a la sociedad)”, dice en otro momento, “manipulando declaraciones mías y de empleados”. 

El recurso de Quejas y Peticiones Judiciales que dice realizó su defensor estaba “plagado de errores, carente de pruebas que estaban disponibles y todo con el propósito de mantenerme en prisión, indefenso. Tampoco me permitió acceder a mi expediente y evitó que otros defensores puedan actuar”.

Con nombres, apunta a “la instructora Yisset Oliva Betancourt”, la directora provincial de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat), Yoandra Cruz Dovales, y su abogado, Luis Alberto Martínez Suárez, por haber “realizado de conjunto acciones ilegales para mantenerme en prisión provisional ilícitamente, sin defensa”.

Cuspinera también manifiesta que no tratará de “evadir la acción de la justicia”, sino “pedir que pueda defenderme a través de una fianza y que la verdad sobre mi responsabilidad y de las instituciones salga a relucir”.

Antes de finalizar su misiva, en la que informa de que su madre se encuentra enferma de cáncer y alerta de que no tiene “tendencia suicida”, el empresario reafirma su intención de plantarse. “Estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con mi huelga de hambre por probar mi inocencia”, concluye, después de haber advertido que “los órganos de la DSE” cortaron “cualquier posibilidad de defensa”.

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