Condenan a cadena perpetua al ex ministro cubano de Economía Alejandro Gil por espionaje

La Habana/El Tribunal Supremo Popular notificó la sentencia contra Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación y uno de los funcionarios más promocionados por la propaganda oficial hasta su abrupta destitución en 2024. Con un lenguaje plagado de referencias a la “traición a la Patria” y a una supuesta “degradación ética, moral y política”, el fallo lo condena a privación perpetua de libertad por espionaje y a 20 años de cárcel en un segundo juicio por delitos económicos y administrativos.

Las vistas orales, realizadas en dos bloques entre el 11 y el 29 de noviembre de 2025, transcurrieron –según el Tribunal– “bajo el pleno respeto de las garantías procesales”. Sin embargo, como ocurre habitualmente en los juicios de alto perfil político, no hubo observadores independientes, acceso público a las sesiones ni detalles verificables sobre las pruebas presentadas. La propia hija del también ex viceprimer ministro, Laura María Gil González, no pudo estar presente en el juicio por espionaje. El Gobierno se ha limitado a difundir un resumen de los hechos que, más que una exposición jurídica, parece escrito para apuntalar el relato político de un enemigo interno infiltrado en la estructura del Estado.

En la primera causa penal, Gil fue declarado culpable de espionaje, cohecho, sustracción y daño de documentos en custodia oficial, violación de sellos e infracción continuada de normas de protección de información clasificada. En declaraciones de su hermana, María Victoria Gil, dio a conocer que lo vinculaban con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La descripción oficial afirma que el ex ministro habría sustraído y puesto “a disposición de los servicios del enemigo” documentos económicos confidenciales. Con ese argumento, el Tribunal le impuso cadena perpetua.

En la segunda causa, la sentencia incluyó delitos continuados de cohecho, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. Por ellos, recibió una sanción adicional de 20 años de privación de libertad, aunque el propio Tribunal aclara que, una vez resueltos los recursos, se formará una pena conjunta única, como establece el vigente Código Penal.

Gil, según el Tribunal, actuó de manera “corrupta y simuladora”, engañó “a la dirección del país y al pueblo”, recibió dinero de firmas extranjeras, sobornó a funcionarios y generó “daños a la economía”

Las sanciones accesorias incluyen confiscación de bienes, prohibición permanente de administrar recursos públicos y privación de varios derechos ciudadanos. El texto subraya que las valoraciones se ajustan a los artículos 147 de la Constitución y al 29 y 71.1 del Código Penal, relacionados con la “lesividad social” de los hechos.

La narrativa oficial no desperdicia adjetivos. Gil, según el Tribunal, actuó de manera “corrupta y simuladora”, engañó “a la dirección del país y al pueblo”, recibió dinero de firmas extranjeras, sobornó a funcionarios y generó “daños a la economía”. El documento cita el Artículo 4 de la Constitución, recordando que la traición a la Patria es el crimen más grave y se castiga con las sanciones más severas.

Pero el énfasis político no logra esconder la contradicción evidente: el mismo Gobierno que durante años presentó a Gil como arquitecto del ordenamiento monetario, defensor de la “resistencia económica” y rostro renovador dentro del gabinete, ahora lo exhibe como un enemigo infiltrado. Es un guion ya conocido en la historia reciente cubana, con funcionarios encumbrados que pasan de héroes a villanos en cuestión de meses, sin que el sistema admita fallos en los mecanismos de selección o en el control interno del Partido.

Como en otros casos de alto perfil –desde los juicios contra dirigentes partidistas por corrupción–, las autoridades no han ofrecido detalle alguno sobre el supuesto espionaje: ni qué información fue sustraída, ni cuándo, ni de qué forma llegó a manos de “los servicios del enemigo”. 

También llama la atención la rapidez de todo el proceso. En menos de un año desde su salida del cargo, Gil pasó de ser una figura central de la política económica a recibir una de las penas más duras aplicadas a un civil en las últimas décadas. La prisa podría obedecer –según analistas consultados por este medio en publicaciones previas– a la urgencia del Gobierno por cerrar cualquier cuestionamiento sobre el fracaso del “ordenamiento” y el derrumbe económico de los últimos años.

Esta vez, el elegido es el hombre que durante años defendió desde todos los espacios oficiales las políticas que hoy mantienen al país en su peor situación económica en décadas

Alejandro Gil fue uno de los rostros más promovidos por el gobernante Miguel Díaz-Canel. Presentado como tecnócrata moderno, impulsó la Tarea Ordenamiento –proyecto que en la práctica disparó la inflación y deterioró severamente el poder adquisitivo– y defendió públicamente cada una de las medidas que agrandaron la crisis económica. El propio presidente le dedicó mensajes en la plataforma X, aun después de su destitución, donde lo felicitaba por su trabajo y por su cumpleaños, derrochando abrazos. 

Su caída, anunciada en febrero de 2024, vino acompañada de un inusual silencio oficial. Solo después, y a cuentagotas, comenzaron a aparecer alusiones a “graves indisciplinas” y “conductas incompatibles”. La sentencia ahora confirma el tipo de narrativa que el régimen suele construir para convertir problemas estructurales en responsabilidades individuales.

El Tribunal recuerda que tanto el acusado como la Fiscalía tienen diez días para interponer los recursos pertinentes. En el caso de la cadena perpetua, incluso si no se impugna, se tramitará de oficio un recurso de apelación como “garantía” del acusado. Un formalismo que, en el marco del sistema judicial cubano, difícilmente altera el curso político del proceso.

El comunicado finaliza señalando que tanto Gil como sus abogados reconocieron el cumplimiento de las garantías procesales. Una declaración habitual en este tipo de causas y que no puede verificarse de manera independiente.

Esta vez, el elegido es el hombre que durante años defendió desde todos los espacios oficiales las políticas que hoy mantienen al país en su peor situación económica en décadas. La sentencia contra Gil dice mucho sobre él, pero dice aún más sobre el modelo que lo encumbró, lo utilizó y ahora lo sepulta tras la etiqueta de “traidor”.