Empezó hoy en Marianao el segundo juicio secreto al ex ministro Gil Fernández

La Habana/Madrid/No solo a puerta cerrada, sino sin haberlo anunciado públicamente de antemano, es decir, en total secretismo, comenzó este miércoles el segundo juicio al ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, procesado hace dos semanas por espionaje. La vista, en la que se le juzga por más de una decena de delitos, como malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, tuvo lugar desde las 9:30 de la mañana y en el mismo lugar, el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, en La Habana. 

Las inmediaciones del lugar estuvieron vigiladas desde primera hora, tal y como acreditó 14ymedio, si bien con un operativo menor al del primer día del juicio por espionaje, cuando se cerraron calles y comercios aledaños. A diferencia de aquella ocasión, no ha habido prensa apostada a las afueras del tribunal, si bien se pudo observar a un hombre con una cámara fotográfica visiblemente colgada.

De acuerdo a una fuente cercana al caso, que ruega anonimato, a la vista de este miércoles han asistido los dos hijos del ex ministro, Alejandro y Laura María Gil González, obligados a firmar una cláusula de confidencialidad. Al primer juicio, al que también asistió Alejandro Gil González, no le fue permitida la entrada a su hermana, Laura María, después de haber pedido, a través de redes sociales y en varias publicaciones, un proceso “público y abierto” para su padre.

Del primer proceso informó el régimen con menos de 24 horas de antelación, a través de un comunicado leído en la televisión estatal, pero esta vez, ni eso. Los medios oficiales están copados hoy por la cara de Fidel Castro, al cumplirse ayer martes los nueve años de su muerte. 

 Un informante de 14ymedio contó que el caso por el que Gil Fernández es juzgado este miércoles tiene una veintena de imputados más, entre ellos “un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista”. La Fiscalía, refirió esta misma fuente, pedía para el ex ministro 30 años, mientras que “a todos los demás se le piden como mínimo sentencias de 15 años”.

No ha trascendido hasta el momento ninguna resolución del primer juicio, salvo que, según la hermana del ex ministro, María Victoria Gil Fernández, corroborada por la fuente de este diario, el abogado Abel Solá López realizó una defensa “brillante”.

En una entrevista concedida hace cuatro días al periodista cubano residente en Miami Mario J. Pentón, María Victoria (Vicky) Gil aseguró que a su hermano se le acusa de haber espiado para Estados Unidos y que que todo caso contra el ex ministro fue instigado por Manuel Marrero, primer ministro y coronel del Ejército. Se trataría de una trama urdida por el sector militar del régimen, cuyos intereses económicos fueron afectados por la Tarea Ordenamiento, el proceso de unificación monetaria y cambiaria que comenzó el 1 de enero de 2021 y fue gestionado por Gil Fernández.  

Fue Marrero –contaba la ex presentadora de De la Gran Escena a partir de lo que le informó una fuente “muy fidedigna” que no podía nombrar– quien llamó a Alejandro Gil Fernández el 1 de febrero de 2024, para decirme que su trabajo como ministro de Economía y Planificación no había dado “los frutos esperados” y al día siguiente sería sustituido.

Cuando el ex funcionario se presentó ante el primer ministro para entregar la cartera, se encontró que junto a Marrero estaban dos agentes de la Seguridad del Estado, que le comunicaron que estaba “bajo una investigación”. Fue entonces cuando fue detenido y llevado, junto a su esposa, Gina María González García, a una casa de seguridad, de donde ella salió exonerada y él, directo a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. 

Hasta que fue destituido de su cargo, Gil Fernández no era solamente ministro de Economía y Planificación, sino viceprimer ministro y mano derecha de Miguel Díaz-Canel. El 7 de marzo de 2024 se anunció inicialmente un proceso penal contra el funcionario, en una una breve nota firmada por el propio presidente en la que se alegaban, sin más detalles, “graves errores cometidos en el desempeño de sus funciones”. 

Lo siguiente que se supo del caso, 20 meses después, fue el comunicado de la Fiscalía del pasado viernes, donde, sin proporcionar números ni nombres, se hablaba de “otros imputados” y se informaba de que a Gil se le acusaba de “espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.