El juicio al ex ministro Alejandro Gil se prolonga un día más de lo esperado

Madrid/La vista oral en la que está siendo acusado de espionaje el ex ministro de Economía y vice primer ministro Alejandro Gil Fernández sigue llevándose a cabo este jueves, un día más de lo que se esperaba. Así lo asegura a 14ymedio una fuente cercana al caso que pide anonimato, quien cuenta también que el hermetismo es “total”.

Dentro de la sala donde se está realizando el juicio, en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, en La Habana, el único familiar al que le ha sido permitido asistir es el hijo del ex funcionario, Alejandro Gil González, del que no se espera “ningún tipo de declaración”, dice el mismo informante.

En las inmediaciones del lugar, tanto este jueves como ayer, dejó de verse el mismo movimiento que hubo el martes, primer día de la vista, anunciada con menos de 24 horas de antelación en el noticiero del mediodía. Tan solo tres agentes de la Seguridad del Estado, uno de ellos motorizado, vigilaban el lugar, lo cual contrastaba con el operativo de hace dos días, cuando calles y comercios fueron cerrados. Tampoco se ha observado ni este miércoles ni hoy prensa internacional, a diferencia de aquel día.

La hermana del ex ministro, María Victoria Gil, abogada de formación, se extraña de que lo estén juzgando en ese tribunal de Marianao

La hermana del ex ministro, María Victoria Gil, ex presentadora de la televisión cubana y abogada de formación, se extraña de que lo estén juzgando en ese tribunal de Marianao y no en la sede principal del Tribunal Supremo Popular (TPS), la instancia que lo procesa, en La Habana Vieja. Para ello, no tiene explicación. “Me quedo sin argumentos”, dijo a este diario.

Este miércoles, en declaraciones al influencer cubano residente en Canadá Darwin Santana, Vicky Gil planteaba tres posibles escenarios. El primero, “que la Fiscalía eleve a definitivas sus conclusiones provisionales y mantenga su solicitud de cadena perpetua”, dijo la ex presentadora, aunque la petición fiscal concreta es de 30 años. El segundo, que el ministerio fiscal llegue a “otras conclusiones más moderadas, y con una sanción menor”, y un tercero, “que la Fiscalía retire la acusación”, algo que, confesó, “es como pedirle a Dios algo imposible”. Para la hermana del ex ministro, en cualquier caso, “es una sentencia ya dictada”.

Un cuarto escenario, no mencionado por María Victoria Gil, es que el Tribunal, con Rubén Remigio Ferro al frente, eleve la petición fiscal y dicte la máxima pena, uno de los castigos previstos para el delito de espionaje y vigente en el Código Penal aunque no se haya aplicado en la Isla desde 2003. El propio presidente del TPS, hace dos años, realizó un alegato público en favor de la pena de muerte, que definió como la “joya de la corona” de la Ley del Código Penal Militar.

Entonces, Ferro recordó que no se aplicaba una “sanción de muerte” desde hacía veinte años, desde “aquellos acontecimientos del secuestro de la lancha y toda aquella situación que se dio”, es decir, el robo en 2003 de la embarcación que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La embarcación se quedó pronto sin combustible y fueron arrestadas y procesadas diez personas. Entre ellas, a los nueve días, tras un juicio sumarísimo, fueron fusilados Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez.

“No hay una declaración oficial al respecto, pero todo este tiempo transcurrido es una especie de moratoria no declarada. Eso no quiere decir que no exista”

“No hay una declaración oficial al respecto, pero todo este tiempo transcurrido es una especie de moratoria no declarada. Eso no quiere decir que no exista”, dijo el presidente del TPS respecto a la pena máxima. Y justificó: “La tenemos que tener ahí como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra Revolución, frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos”.

De este posible desenlace para el proceso a Gil Fernández, que tiene pendiente otro juicio por el resto de cargos –una decena, entre ellos malversación, evasión fiscal y tráfico de influencias–, en el que serán procesadas también una veintena de personas, incluidos altos cargos del régimen, no dice nada tampoco el oficialismo. Estos días, se ha limitado a difundir, a través de distintos medios, fragmentos de la entrevista realizada por Granma a Arnel Medina Cuenca, “doctor en Ciencias Jurídicas”, que explicó por qué se realiza el juicio a puerta cerrada.

“Esa decisión le corresponde exclusivamente al Tribunal, que es quien analiza el caso concreto, y tiene todos los elementos de la Fiscalía y la defensa”, declaró el especialista al diario del Partido Comunista. “El proceso penal cubano, regulado por la Ley 143, establece en su artículo 477 que el juicio oral es público, a menos que razones de seguridad nacional, moralidad, orden público o el respeto debido a la víctima o a sus familiares aconsejen celebrarlo a puertas cerradas”. Que el delito juzgado sea el de espionaje –“extremadamente grave, porque atenta directamente contra la seguridad nacional”, decía Medina Cuenca– es el escudo del TPS para no celebrar una vista pública.

Se negaba así lo que había pedido la hija del ex ministro, Laura María Gil, en publicaciones en redes luego de conocerse la decisión del Tribunal a través de la televisión, el lunes por la tarde.

A Alejandro Gil Fernández lo defiende el abogado Abel Solá López, con amplia experiencia en juicios contra la seguridad del Estado. Uno de ellos fue el que condenó, en 2017, a Alina López Miyares y su marido, Félix Martín Milanés Fajardo, a 13 y 17 años de cárcel, respectivamente, por espionaje. Aquel proceso, llevado a cabo el 2 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar de Marianao, también fue a puertas cerradas y “sin acceso a los familiares de los acusados”.