Además del ex ministro Alejandro Gil, serán juzgados varios altos cargos del régimen

Madrid/El inminente juicio que enfrenta el ex ministro de Economía y Finanzas Alejandro Gil Fernández, acusado de graves delitos como malversación, lavado de activos y espionaje, tiene una veintena de imputados más, entre ellos “un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista”. Así lo asegura una fuente conocedora del caso que pide anonimato por motivos de seguridad.

El mismo informante desmiente que la Fiscalía haya pedido para el ex funcionario cadena perpetua. “La petición para él son 30 años, y a todos los demás se le piden como mínimo sentencias de 15 años”, dice a 14ymedio. Los imputados, prosigue, son 15 “más otros cinco o seis que salieron con medidas cautelares”. De algunos de ellos, asevera, “no se dice el nombre, están bajo total secreto, lo que implica que puedan ser militares o altos jefes”. 

La fuente revela, además, dónde se encuentra Alejandro Gil, cuyo paradero no se ha dado a conocer desde que fue detenido, en marzo de 2024: en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, “en régimen contra la seguridad del Estado”. Es la misma cárcel en la que cumple condena, por ejemplo, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, y en la que fue detenido en 1989 y murió el ex ministro del Interior José Abrantes.

Gil está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, “en régimen contra la seguridad del Estado”

Es muy poco probable, aventura este cubano, que el proceso sea público, tal y como pidió la hija del ex ministro, Laura María Gil González, en una serie de publicaciones en Facebook al día siguiente de conocerse el comunicado de la Fiscalía. En ellas, la mujer decía que su padre “se mantiene firme en su defensa y no reconocerá bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le impute y que no se le sea debidamente verificado”, además de solicitar “un juicio a puertas abiertas, donde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo”, tanto por cadenas nacionales como internacionales, y cubierto por “medios de prensa oficiales y no oficiales”.

Según expertos jurídicos consultados por este diario, el hecho de que estén acusando a Alejandro Gil de espionaje, uno de los delitos más graves del Código Penal cubano –que prevé sobre el papel incluso la pena de muerte– es lo que da cobertura a un juicio sin publicidad. Preguntada al respecto la hermana del ex ministro, María Victoria Gil, como abogada de formación, concuerda: “Creo que ese delito lo han traído por los pelos para justificar el juicio a puerta cerradas, basándose en que es un delito cuyo conocimiento público entraña un perjuicio para la soberanía y la seguridad nacional”.

Luego de conocerse las publicaciones de su sobrina, Vicky Gil confiesa a este diario que, de nuevo, duda del proceso y sobre todo, de que su hermano sea un espía. Así, está completamente de acuerdo con Gil González en exigir un proceso transparente: “Estoy escéptica en relación con todo, pero sí creo que la única oportunidad que hay de poner las cosas en claro es a través de un juicio público, en el que pueda entrar la prensa internacional”.

Este miércoles, Laura María Gil volvió a expresarse sobre el tema en su muro de Facebook. En su texto, alude a la emisión de este martes de Con Filo –donde se mencionó de pasada el comunicado del viernes de la Fiscalía pero se soslayó profundizar en el tema–, programa al que expresa sus “respetos” y sobre el que dice: “Finalmente, un medio oficial reconoce, a su manera, lo que realmente significa la presunción de inocencia y que no se puede hablar sin fundamentos”.

"Finalmente, un medio oficial reconoce, a su manera, lo que realmente significa la presunción de inocencia"

A la vez, lamenta la “ola de acusaciones, insultos, apatía, ofensas, bajezas, niveles y mezquindad humana” que ha sufrido en los últimos días, entre las que destaca la palabra “traidora”. “Desde mi primer comunicado ratifiqué que mi causa no es política, no pido que rueden cabezas, ni la participación de medios internacionales para socavar, sino como un tercero observador que pueda reflejar la realidad de forma imparcial”, indica. Y esgrime: “Es deshonroso y repudiable que se insulte de tal manera a una hija por demostrar amor incondicional por su padre y defenderlo con la justicia y la verdad, garantizando el debido proceso. Mi reclamo de juicio público está sustentado, justamente, en la transparencia ciudadana que tanto hemos alabado: si era secreto de Estado pues no tocaba, ni siquiera, mencionarlo”.

Sus publicaciones han tenido eco en distintos medios y, sobre todo, han congregado numerosos comentarios de cubanos tanto dentro como fuera de la Isla. Muchos le reprochan que no se haya pronunciado en el pasado cuando tantos encarcelados padecieron juicios injustos y no públicos, como los manifestantes del 11 de julio de 2021, otros repudian la figura de Alejandro Gil como desastroso ministro de Economía, pero los más, se expresan en términos comprensivos, como el usuario Dyrack Yai: “Aun sin coincidir con nada de lo que defendió tu papá y estar en contra de esta gestión de ‘gobierno’ reconozco y defiendo tu absoluto derecho a abogar por justicia para tu padre. Eso es verdadera democracia, entender y empatizar con otros a nivel humano dejando a un lado las pequeñas mezquindades”.

Hasta que fue destituido de su cargo, en febrero del año pasado, Alejandro Gil no era solamente ministro de Economía y Planificación, sino viceprimer ministro y mano derecha de Miguel Díaz-Canel. El 7 de marzo de 2024 se anunció inicialmente un proceso penal contra el funcionario, en una una breve nota firmada por el propio presidente en la que se alegaban, sin más detalles, “graves errores cometidos en el desempeño de sus funciones”. 

Lo siguiente que se supo del caso, 20 meses después, fue el comunicado de la Fiscalía del pasado viernes, donde, sin proporcionar números ni nombres, se hablaba de “otros imputados” y se informaba de que a Gil se le acusaba de “espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.