Condenan a cinco cubanos por extraer oro en una zona protegida de Guantánamo
Minería ilegal
Las condenas impuestas fueron de entre un año y seis meses, y dos años y siete meses
La Habana/El Tribunal Municipal de Yateras, en Guantánamo, condenó a cinco ciudadanos a penas de entre un año y seis meses, y dos años y siete meses, por “contaminación de los suelos”. Según la prensa local, que calificó el juicio de “ejemplarizante”, los acusados extraían ilegalmente oro de los márgenes del río Toa.
La minería se hacía en la localidad de Piedra la Vela, “intrincada zona boscosa perteneciente al Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio de la Humanidad”, explicó Venceremos. Según el medio, “en la vista oral y pública se presentaron las pruebas documentales, testificales y periciales que demostraron la culpabilidad de los acusados”, a quienes se les impusieron las penas “en consonancia con la gravedad de la transgresión”.
Asimismo, se les decomisó los instrumentos utilizados para la minería y se impusieron sanciones accesorias como la prohibición de salir del país. Como suele hacer, la prensa evitó mencionar la fecha del juicio o en la que fue descubierto el delito.
“En la tramitación de los procesos y en el juicio oral se observó el cumplimiento de las garantías procesales establecidas y el respeto al debido proceso”, añadió Venceremos, que explicó que la defensa todavía puede presentar recursos de apelación para intentar rebajar las penas.
La minería ilegal es una actividad que las autoridades persiguen con fuerza
La minería ilegal es una actividad que las autoridades persiguen con fuerza. El pasado marzo, en Villa Clara, la Policía desmanteló un campamento minero en el kilómetro 7 de la carretera de Maleza, una zona en las afueras de la cabecera provincial. Durante el operativo fueron detenidas dos personas. Entonces, las autoridades admitieron desconocer la “magnitud de la operación”.
Entonces tampoco se señaló dónde trabajaban los mineros, aunque es posible que se trate de las minas auríferas de Placetas, donde opera la estatal Producciones Mineras. En ese lugar no solo se procesan las rocas extraídas del municipio villaclareño, sino también las de un yacimiento de Jarahueca, en Sancti Spíritus.
Pocos días antes, otras ocho personas fueron arrestadas en Las Tunas por el mismo delito. A los arrestados “se les ocuparon varios equipamientos eléctricos y otros accesorios, que les permitían llevar a cabo la explotación y tráfico ilegal de polvo de oro que extraían de la mina”, durante un operativo realizado en Jobabo, al sur de la provincia, refirió entonces una nota del Ministerio del Interior.
Entre los equipos incautados se contaban “plantas eléctricas y generadores de corriente, turbinas para el bombeo de agua, (un) martillo demoledor eléctrico que se utiliza para triturar, picar, excavar y cortar hormigón, y un trómer, un tipo de molino artesanal para triturar piedras y (que) al final del proceso se obtiene el polvo de oro”.
En mayo, en la provincia vecina de Camagüey, la prensa local informó de los juicios realizados a más de 30 personas por nueve casos de minería ilegal. Los encausados fueron sancionados con penas de entre seis meses y dos años de privación de libertad y/o multas de 200 a 500 cuotas.
Entre los equipos incautados se contaban "plantas eléctricas y generadores de corriente, turbinas para el bombeo de agua"
Los casos se produjeron en los municipios de Guáimaro y Camagüey. Según explicaron entonces las autoridades, la mina de San Jacinto, en la primera población, “fue tomada como blanco para cometer las fechorías”. La empresa geominera de la provincia sufrió “consecuencias económicas” derivadas del “impacto medioambiental” causado por las extracciones ilegales.
Las autoridades llevan años enfrascadas en el intento de contener el fenómeno de la minería ilegal. La ley de Minas indica que “el subsuelo es propiedad del Estado, único autorizado a la extracción de minerales con fines investigativos y explotación”. Sin embargo, son muchos los “cazadores” de oro que se dedican mayoritariamente a explotar algunos pequeños yacimientos que quedan fuera de las rutas principales y donde a las propias empresas estatales no les sale rentable intervenir.
El pasado año, la prensa oficial de Ciego de Ávila reveló que entre febrero y octubre fueron juzgadas más de 60 personas por este tipo de delitos en la provincia. La cifra, no obstante, fue baja en comparación con la de 2021, cuando los sancionados fueron 300.