Cuba eleva a 44 las muertes por chikungunya y dengue en medio de un sistema sanitario desbordado

La Habana/El Ministerio de Salud Pública elevó este lunes a 44 los fallecidos en la actual epidemia de chikungunya y dengue, una cifra que continúa creciendo pese a la retórica oficial de “control” y “descenso de la transmisión”. El dato, ofrecido en la televisión estatal por la viceministra Carilda Peña, confirma lo que desde hace semanas denuncian médicos y familiares de pacientes: la crisis epidemiológica avanza más rápido que la respuesta institucional.

De acuerdo con Peña, once muertes se registraron solo en la última semana. Siete correspondieron a chikungunya –seis de ellas en menores de 18 años– y cuatro a dengue, con dos menores incluidos. El peso desproporcionado de niños y adolescentes entre los casos graves vuelve a activar las alarmas en un país donde la escasez de medicamentos, insecticidas y reactivos para diagnóstico reduce al mínimo la capacidad de reacción.

El domingo se reportaron 3.063 casos de síndrome febril inespecífico, la puerta de entrada de ambas arbovirosis, además de 385 nuevos casos de dengue y 199 de chikungunya. Aunque las autoridades evitan ofrecer cifras acumuladas de dengue, sí reconocieron que el chikungunya alcanzó ya 42.015 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Las cifras contrastan con los datos que Cuba envió a la Organización Panamericana de la Salud, donde aparecen 25.995 casos de dengue hasta finales de noviembre, una diferencia que aviva sospechas de subregistro y opacidad.

A pesar de que las autoridades sostienen que la situación “mejora” respecto a la semana anterior –cuando se notificaron casi 39.000 febriles frente a los 27.707 de la última–, el número de personas hospitalizadas o en vigilancia domiciliaria asciende a 32.553, de las cuales 70 permanecen en cuidados intensivos. La propia viceministra admitió que “priman” los menores entre los casos graves: once niños se encuentran en estado crítico, aunque “estables”, una fórmula que la prensa oficial ha normalizado para suavizar cuadros clínicos de extrema seriedad.

Solo cuando la mortalidad empezó a subir, el Ministerio de Salud asumió públicamente lo que ya era un secreto a voces

El Gobierno reconoció oficialmente la epidemia el 12 de noviembre, cinco meses después de detectarse los primeros casos y cuando la transmisión ya se había disparado en septiembre y octubre. Varios médicos coinciden en publicaciones en sus redes sociales en que el sistema de vigilancia epidemiológica colapsó con la falta de pruebas PCR y serológicas, al tiempo que los policlínicos reportaban un aumento descontrolado de pacientes con fiebre, dolor articular y sangrados. Sin diagnóstico confirmatorio, buena parte de los casos quedaron etiquetados como “síndrome febril inespecífico”, una categoría que diluye la verdadera magnitud del brote.

Solo cuando la mortalidad empezó a subir –y varios hospitales provinciales quedaron sin capacidad para ingresos adicionales– el Ministerio de Salud asumió públicamente lo que ya era un secreto a voces. Para entonces, la epidemia había encontrado un terreno fértil: acumulación de basura por falta de combustible, interrupciones prolongadas del suministro de electricidad y de agua potable que obligan al almacenamiento doméstico, mosquitos que proliferan en solares abandonados y centros de trabajo sin medidas de prevención.

La escasez de insecticidas para fumigación, que el Gobierno atribuye al bloqueo estadounidense, se agravó en octubre con la falta de combustible para movilizar brigadas de lucha antivectorial. Varias provincias suspendieron la fumigación “por déficit de insumos” y se limitaron a orientar a la población a eliminar criaderos por su cuenta. Mientras tanto, vecinos de barrios periféricos de La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Holguín han denunciado que hace más de dos meses no reciben intervención alguna de los equipos estatales. Esto contrasta con testimonios de trabajadores de hoteles para el turismo, donde se fumiga “hasta dos veces al día”. 

Activistas y profesionales de la salud han impulsado registros independientes de muertes por arbovirosis

En los hospitales, la situación es aún más crítica. Familiares de pacientes reportan falta de antipiréticos, sueros, antibióticos y material gastable, lo que obliga a las familias a comprar por vías informales todo aquello que el sistema sanitario no puede ofrecer. De las 32.553 personas ingresadas o en vigilancia, miles permanecen en sus casas porque no hay camas disponibles o porque los centros de salud carecen de condiciones mínimas para atenderlos.

Ante la falta de cifras completas y coherentes, algunos activistas y profesionales de la salud han impulsado registros independientes de muertes por arbovirosis, donde se recogen casos reportados por familiares, vecinos y personal médico que no aparecen en la estadística oficial. Los promotores sostienen que la mortalidad “real” podría ser superior, especialmente en zonas rurales donde los fallecimientos ocurren sin diagnóstico confirmado o sin acceso a un hospital.

Las autoridades de Salud insisten en que no existen casos de oropouche en la Isla, pese a que desde septiembre varios médicos alertaron sobre síntomas compatibles con ese virus. La negativa recuerda los episodios de 2022, cuando las autoridades tardaron semanas en admitir un brote de dengue hemorrágico que había saturado los hospitales de La Habana.

Los números que divulga el Gobierno no ocultan que Cuba enfrenta la peor crisis epidemiológica de los últimos años en medio de su peor crisis económica. Con un sistema de salud debilitado, escasez de recursos esenciales y una infraestructura urbana deteriorada, la capacidad de contener el avance de las arbovirosis es limitada.