En Cuba no fue posible instalar oficinas móviles para agilizar los trámites de la nacionalidad española

Madrid/En pleno tiempo de descuento para la solicitud de la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática (LMD), el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visitado Chile y Argentina –el país con más peticiones–, y multiplicado sus entrevistas en medios latinoamericanos, donde la expectación ha sido máxima ante la nueva posibilidad de hacerse con el pasaporte europeo. En una de ellas, el ministro revela que ha habido dificultades para poner oficinas móviles en Cuba que facilitaran el proceso. 

“Hemos intentado poner oficinas móviles y es complicado”, dijo Torres en referencia específica a Cuba y Venezuela. El ministro respondía a la corresponsal del diario El País en Santiago de Chile, interesada por las complicaciones que ha supuesto gestionar en los últimos años la avalancha de solicitudes.

Según informaron a 14ymedio fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta el momento hay registradas en La Habana cerca de 400.000 solicitudes de nacionalidad por la LMD, y cada día se reciben entre 5.000 y 6.000 más, por lo que esperan que se alcancen las 500.000, e incluso que se superen. En general, hasta el 31 de julio, 876.321 personas habían realizado la petición, de las que 414.652 ya la tienen aprobada y 237.145 consiguieron el pasaporte.

Los datos definitivos de solicitantes serán públicos en diciembre, poco más de un mes desde que el 22 de octubre concluya el proceso de inscripción

Torres explica que, teniendo en cuenta el volumen, se podría considerar que ha habido agilidad en las gestiones, aunque en la marcha ha repercutido la situación particular de cada país. En el caso de Chile, con más de 44.181 interesados, la tramitación está siendo fluida. En Argentina, en cambio, hay unos 600.000 solicitantes, lo que inevitablemente ha generado un embudo. En el caso de Venezuela y Cuba –aun con el alto número de solicitantes–, describe, el problema ha tenido más que ver con “la logística de movilidad” que con la alta demanda. Aunque no hay más detalles en la entrevista, la respuesta indica que los problemas de transporte y combustible han pesado en la situación y que en otras condiciones podría no haber sido necesario ir al consulado de La Habana a hacer el trámite.

Los datos definitivos de solicitantes serán públicos en diciembre, poco más de un mes desde que el 22 de octubre concluya el proceso de inscripción. Sin embargo, habrá que esperar mucho más para saber cuántos de ellos lograron hacerse con el ansiado pasaporte, ya que, como indica la nota, muchos consulados están citando para bien entrado el próximo año. 

Preguntado por el futuro de esta ley, Ángel Víctor Torres abre una sombra de duda. “Si derogan la ley, quienes tengan su pasaporte no pueden perderlo. Entendemos que quien ya tenga la aprobación administrativa, la salva, pero todos aquellos que no han sido entrevistados, no van a tener opción”, sostiene. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática fue un proceso arduo. Presentada en la anterior legislatura, en agosto de 2021, por el Gobierno de Pedro Sánchez, desde septiembre enfrentó en el Congreso y el Senado enmiendas y vetos, incluyendo a la totalidad, de los partidos de la derecha, con el Partido Popular y Vox al frente. 

Aprobada finalmente, con modificaciones, en noviembre de 2022, tanto PP como Vox han presentado recursos al Tribunal Constitucional y anunciado su intención de derogarla. Aunque la mayoría de los motivos alegados no están relacionados con la disposición adicional octava que ofrece la posibilidad de nacionalizarse a los descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, Vox se ha referido específicamente a ese punto como objetivo a eliminar.

Sin embargo, la instrucción de la LMD, publicada unos días después de la propia norma con objeto de despejar, justamente, "posibles dudas que se planteen a los Encargados de las Oficinas del Registro Civil español en cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada disposición adicional octava", interpreta que no solamente podrá acogerse a ella los descendientes de exiliados de la guerra civil, sino todos los "nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles".

Pese al augurio de Torres, nada hace, por el momento, tambalearse la ley. Si se cumplen los plazos previstos, la legislatura actual finaliza en julio de 2027. En caso de que cambiara el Gobierno, habría que esperar a que se produjera –si lo hace– la mentada derogación.  

Según las previsiones, mientras llegan los datos definitivos, unos dos millones de personas van a solicitar la nacionalidad. Un buen puñado de votos en juego.