El fiscal y la jueza del caso Gil Fernández, entusiastas agentes de la justicia revolucionaria

Madrid/Cuando en 2018 el jurista cubano Edward Roberts Campbell “ratificó la ausencia de corrupción política” en la Isla ante el Congreso peruano, poco podía imaginar que acabaría pidiendo una condena de 20 años de prisión al mismísimo ex ministro de Economía, Alejandro Gil. O sí. El actual fiscal jefe de la dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades ha sido el encargado de poner contra las cuerdas al defenestrado funcionario en el segundo juicio en su contra, celebrado el pasado 26 de noviembre y durante cuatro días. 

Roberts Campbell es fiscal desde 1986, aunque ello no le ha impedido compatibilizar el cargo –contra la práctica habitual en la mayoría de países occidentales– con su condición de diputado. Precisamente en calidad de miembro de la Asamblea Nacional acudió a Lima, en el marco del III Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas, a defender que los delitos económicos asociados a la prestación de los servicios o el desvío de mercancías existen, “pero ello no tiene que ver con el Estado en particular”.

La afirmación era llamativa para un hombre que si algo debía conocer bien son las redes clientelares que aquejan al régimen cubano, esas que, de hecho, tantas veces ha admitido como su talón de Aquiles. Especialista en Derecho Penal y Especialista en Administración Pública en el Colegio de Defensa Nacional, Roberts Campbell ha estado en la Fiscalía militar, en la municipal de Batabanó, en la Provincial de Mayabeque y de La Habana, con varios cargos, incluyendo la jefatura. Así hasta llegar a la Fiscalía General de la República, donde ha sido jefe de procesos penales y, desde el 22 de diciembre de 2020, responsable del área contra la corrupción. 

Tan dilatada y distinguida carrera le ha convertido en un habitual de El Paccto, un programa de cooperación financiado por la Unión Europea

Tan dilatada y distinguida carrera le ha convertido en un habitual de El Paccto (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), un programa de cooperación financiado por la Unión Europea para “promover la seguridad ciudadana y el Estado de derecho en América Latina”. El proyecto tiene como objetivos fundamentales fortalecer la cooperación entre policía, tribunales y sistemas penitenciarios con cinco ejes: cibercrimen, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos. 

Los organizadores han considerado un éxito este programa, hasta el punto de que la primera edición (2017-2022, a la que se destinaron 19 millones de euros) ha dado paso a una segunda (2023-2027), en la que los fondos se han multiplicado hasta los 58,8 millones de euros, ya que a los 18 países latinoamericanos de la fase anterior se han sumado ahora 14 caribeños.  

Edward Roberts Campbell ha participado en, al menos, dos ediciones, 2018 y 2025, como dan cuenta de ello sus fotografías en redes sociales. Las buenas intenciones de Bruselas, que busca formar y asesorar con cursos y talleres a funcionarios de muy distintos países con problemas en sus sistemas policiales y de Justicia –los organismos con los que coopera en Cuba–, no han podido fallar más estrepitosamente a los fines del proyecto, entre los que destacan el Tribunal Supremo, la propia Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de otros organismos, entre ellos el Banco Central.

Sobre “incorporación de los derechos humanos, la protección de los jóvenes y la igualdad de género en las políticas de justicia y seguridad” y construcción de sistemas de justicia penal más eficaces, transparentes y basados en los derechos, contribuyendo a sociedades más seguras y justas” –algunos de sus objetivos–, poco o nada han aprendido los jueces cubanos que han participado en el encuentro anual, Robert Campbell entre ellos. 

La magistrada también ha formado parte de la delegación cubana ante la ONU para defender ante el Comité contra la Tortura el sistema penal de la Isla

Robert Campbell, que ya no es diputado, es un muy activo usuario de redes sociales, donde da buena cuenta del pensamiento revolucionario y comparte con frecuencia algunas publicaciones relacionadas con su cargo. Entre las últimas, la entrevista en Granma al doctor en Ciencias Jurídicas Arnel Medina Cuenca, que explicó al medio oficial las garantías judiciales de las que podía beneficiarse Alejandro Gil.

Al ex ministro, condenado finalmente a cadena perpetua por la sanción conjunta de los dos juicios, le impuso su sentencia Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, magistrada de la sala de los delitos de la Seguridad del Estado. En su caso, y por la propia naturaleza del ámbito en que está especializada, su trayectoria deja algunas sentencias no poco relevantes. 

La más destacada es la casación de uno de los juicios contra los manifestantes del 11J en la esquina de Toyo, en La Habana. En ese juicio, 30 personas vieron reducidas las largas penas de prisión impuestas por el Tribunal Municipal de Diez de Octubre en mayo de 2022, principalmente los menores de edad. Rodríguez Sánchez fue, precisamente, la ponente de ese recurso, lo que la situó como represora para algunas organizaciones como Prisoners Defenders, al haber ratificado la mayoría de las condenas. 

La magistrada también ha formado parte de la delegación cubana ante la ONU para defender ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas el sistema penal de la Isla. Ella, junto a sus compañeros, ha rechazado el contenido de los informes que acusaban al Estado de “cometer torturas y tratos crueles contra prisioneros de conciencia y activistas de derechos humanos”.

Aquella cita tuvo lugar en 2022 –igual que la sentencia de casación antes mencionada–. En ambas fechas, Alejandro Gil formaba parte del Gobierno. Ahora, las tornas han cambiado y el jefe de la Economía cubana pasará toda su vida entre rejas por la labor conjunta de Edward Roberts Campbell y Paula Joaquina Rodríguez Sánchez.